Los diez años de la ley Mordaza dejan 34.397 sanciones y más de 20 millones en multas en Valladolid

La reforma, que vino precedida por importantes movimientos sociales como el 15-M, las Marchas por la Dignidad o las mareas ciudadanas, fue polémica porque limitaba el derecho de manifestación, introduciendo cuestiones como la prohibición, de facto, de hacerlo frente al Congreso de los Diputados o cualquier otra sede parlamentaria, al sancionar, de manera amplia, «la perturbación de la seguridad ciudadana» en las cámaras de representación. Responsabilizaba a los convocantes de protestas de cualquier acto que pudiera cometer un asistente y creaba también un registro de infractores, una especie de antecedentes a nivel administrativo. La mera declaración del agente de la autoridad pasaba a tener «valor probatorio», a la par que se prohibía grabar su actuación.

Pese a que la derogación de la ley ha figurado en los acuerdos de investidura de los Gobiernos de coalición formados tras las urnas de 2019 y 2024, lo cierto es que las intenciones no han pasado de dos intentos de reforma fallidos hasta la fecha. En la pasada legislatura descarriló por discrepancias en torno al uso de las pelotas de goma como material de los antidisturbios, las sanciones por faltas de respeto o desacato a la autoridad y las devoluciones en caliente de los migrantes sin papeles, que también se colaron en la ley mordaza. Demandas inexorables para formaciones como ERC o Bildu.

En octubre de 2024 acercaron posturas con un pacto entre Sumar y la formación vasca -al que se sumaron ERC, PNV y BNG-, que aceptaba la supresión progresiva de las pelotas de goma y su sustitución por un material menos lesivo y el compromiso de revisar la ley de extranjería para que sea más garantista con estos colectivos. Pero un año después su modificación sigue estancada, postergada ante la necesidad de una mayoría absoluta que no está garantizada para someter el nuevo texto a votación, ante las posturas inciertas de Podemos y Junts.

Lejos de derogarse, es en este periodo en el que se ha impuesto un mayor número de sanciones por infracciones cometidas al calor de este texto legislativo, alcanzando su punto más álgido en 2020. Fue el régimen empleado contra aquellos que se saltaron las medidas recogidas en los estados de alarma, que limitaban los movimientos imponiendo el confinamiento domiciliario a todos los ciudadanos -con excepciones para aquellos trabajadores considerados esenciales- y establecía un toque de queda entre las 11 de la noche y las seis de la mañana.

Prueba de ello son los datos que nos ocupan, de Valladolid provincia. La estadística revela que 2020 fue el año con un mayor número de sanciones: 6.774, con una recaudación de 4.273.032 euros y una multa media de 631 euros. De estas, más de la mitad fueron por infracciones del artículo 36.6, que castiga la «desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones (...) así como la negativa a identificarse».

Otras 458 fueron impuestas por la aplicación del 36.7, el segundo que más se empleó, que regula otro de los puntos más polémicos de la ley: «las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones». Mientras que el 36.16, relativo al «consumo o tenencia ilícitos» de drogas en lugares públicos -lo que no implica el tráfico, que va por vía penal-, supuso la imposición de 1.778 sanciones. La mayoría se aglutinaron en los meses de marzo (1.147), abril (1.891) y mayo (965), coincidiendo con los meses más estrictos del confinamiento domiciliario.

Pese a lo abultado de las cifras, muchos de estos expedientes quedaron anulados tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que decretó la inconstitucionalidad parcial de los decretos que amparaban el primer y el segundo estado de alarma, en respuesta a los recursos presentados por Vox, pese a que la formación de ultraderecha llegó a exigir su aplicación durante los primeros días de la crisis sanitaria y votó a favor de su primera prórroga en el Congreso.

Ya con anterioridad, a finales de 2020, los jueces de Castilla y León comenzaron a emitir sentencias favorables a aquellos ciudadanos que recurrieron las sanciones impuestas en aplicación del artículo 36.6, el más empleado para penalizar los incumplimientos durante la COVID, al considerar que la desobediencia a la autoridad no se había producido «porque no se les había dado ninguna orden». El estado de alarma, según los juristas, no facultaba para la suspensión de derechos fundamentales, siendo el confinamiento masivo más propio del estado de excepción. Además, calificaron el real decreto que lo amparaba de abstracto, al estar definidas de manera poco concreta las conductas que podían ser sancionadas. Así, en Valladolid llegaron a impugnarse 531 casos durante la primera ola.

Meses después, en julio de 2021, llegaba el primer varapalo del TC y con ello el anuncio del Gobierno para declarar nulos, de oficio, los expedientes sancionadores propuestos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entre marzo y junio de 2020 por incumplimiento de las normas COVID, como la ausencia de mascarilla en vías públicas, en el interior de vehículos con dos o más ocupantes o la violación del confinamiento, por poner algunos ejemplos. En ese periodo, según los datos disponibles en el Ministerio del Interior, en la provincia se impusieron 4.303 denuncias a través de la ley mordaza, la mayoría de ellas por la citada desobediencia, que fue declarada inconstitucional (3.466).

Las infracciones anuladas durante la pandemia no han sido solo una excepción, pues existe variada jurisprudencia sobre otros casos en los que los tribunales han obligado a recular a las administraciones, condenándolas a devolver el importe de multas ya saldadas. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valladolid dejaba sin efecto una sanción de 600 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno de Valladolid al activista Luis Ocampo, denunciado por desobedecer órdenes de la Policía Nacional durante una concentración por la sanidad pública en mayo de 2022 para que desalojara una acera al no quedar «suficientemente claro» en la denuncia «el mandato claro y expreso» que había sido desobedecido, ni qué conducta había «supuesto la desobediencia» por la que fue castigado

Pese a las circunstancias excepcionales de aquel año, en 2024 las multas en aplicación de esta ley han vuelto a experimentar un repunte y ya es el segundo año -solo por detrás del periodo pandémico- que aglutina más sanciones: 4.336, con cuantías que sumaron 2.575.660 euros. Encabezadas esta vez por la tenencia o consumo (2.425), el porte o uso de armas prohibidas (633), la desobediencia o resistencia a la autoridad (462) y las faltas de respeto a los agentes (407).

¿Y qué ha pasado en el total de la última década? ¿Cuáles han sido las conductas más sancionadas? De las 34.397 sanciones, con las que se han recaudado 20.447.688 euros, más de la mitad (18.024) castigaron el consumo o tenencia de sustancias; 6.753, la desobediencia o resistencia a la autoridad; y 3.849, el porte de armas. Todas ellas consideradas graves, con multas que pueden oscilar entre los 601 y los 30.000 euros, en función del acto sancionado y de la reincidencia del infractor.

En el grupo de las sanciones leves (de 100 a 600 euros), la infracción más penada han sido las faltas de respeto a los agentes, uno de los artículos más polémicos de la ley mordaza: 3.666 infracciones, a razón de 762.570 euros, con una media de 200 euros por multa. Le sigue la «ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos» y la «ocupación de la vía pública», con 319 expedientes y 37.540 euros, un precepto recurrido ante el Tribunal Constitucional por varios partidos, entre ellos el PSOE, por sus múltiples posibilidades de interpretación.

También levantó ampollas el 36.23, que prohibía grabar a los agentes de la autoridad y que tuvo que ser matizado hasta en dos ocasiones por el Tribunal Constitucional por incurrir en una vulneración del derecho a la libertad de información, recogido en la Carta Magna. Este precepto, que afecta especialmente a los profesionales de la información, en Valladolid ha dejado seis infractores, con multas por valor de 3.606 euros.

Nada tiene que ver con ninguno de estos preceptos uno de los últimos casos sancionados en Valladolid en aplicación de esta ley. El artículo 37.5, que castiga «la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal», será el que permita castigar la conducta del exhibicionista que, en las últimas semanas, ha protagonizado varios incidentes de índole sexual en las inmediaciones de Parquesol y Villa del Prado.

Fue retenido el pasado martes por un grupo de personas tras percatarse de su presencia en las inmediaciones del Miguel Delibes. Al lugar se trasladó una patrulla de la Policía Local que, gracias a la acción ciudadana, pudo identificarlo y sancionarlo en aplicación de este texto, ya que la conducta denunciada no era constitutiva de delito penal. Por conductas similares, entre 2015 y 2024 se ha sancionado a un total de 74 personas.