Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos

La exigencia de calendario, con un juicio que está previsto que se desarrolle a lo largo de 43 sesiones, obligaba a las defensas a desplegar un ejercito de letrados, entre principales y sustitutos, que no perdían detalle desde el estrado. Desde allí seguían la sesión también los representantes de los entes sobre los que recae la responsabilidad civil subdiria, entre ellos la propia Junta, rechazada por el Juzgado como acusación particular, Iberdrola Renovables de Castilla y León, Parque Eólico la Boga y EDP Energías Renovables.

Además de los 15 acusados citados inicialmente - con la excepción de Jesús Rodríguez, presunto testaferro de Delgado y sentado en la bancada de los abogados en representación de si mismo-. El improvisado banquillo a mermad o durante la vista, tras la primera deliberación del tribunal, después de que las acusaciones particulares retiraran los cargos por prescripción contra Carlos G. C., administrador único de uno de las sociedades investigadas en el procedimiento, en línea con la decisión que ya tomó en su día el fiscal de Anticorrupción, Tomás Herranz, dejándolo fuera de un banquillo en el que finalmente ha sentado a 14 acusados.

A ese sobreseimiento, entre otros argumentos esgrimidos, se han agarrado precisamente la mayor parte de las defensas de los principales encausados, que durante su turno de palabra han solicitado la prescripción de los delitos y también la nulidad de la causa. Esto último en base a supuestas irregularidades del informe de la Agencia Tributaria que dio comienzo al procedimiento y del auto de apertura del juicio oral. En este último aspecto han incidido especialmente los dos defensores de los hermanos Llorente, alegando indefensión al considerar que no está suficientemente motivada en el mismo su partipación en los hechos que les imputan, no estando claro entonces «de qué tienen que defenderse».

El abogado de Rafael Delgado, ex viceconsejero de Economía y considerado el ingeniero de la presunta trama, ha sido el primero en pedir el sobreseimiento completo de la causa por la conocida como teoría del fruto del árbol envenenado, al entender que la investigación tributaria de la que parte todo el procedimiento y por que se imputan tres delitos fiscales, se llevó a cabo de forma irregular e incluso ilegal» y por lo tanto es «nula de pleno derecho».

El defensor ha asegurado que el informe elaborado por el inspector de la delegación de Castilla y León constituye una prueba «ilícitamente obtenida», por cuanto se realizó «sin comunicación» y se excedió el plazo legal de 18 meses para llevar a cabo la investigación, sin que conste además en el mismo fecha de inicio y finalización de la inspección. Cuestionando además que el funcionario que firmó el mencionado informe tuviera las competencias para llevarla a cabo, pues tanto su representado como las sociedades que administraba tenían el domicilio fiscal en Madrid.

Para el resto de delitos que se le atribuyen, entre ellos un delito continuado de prevaricación, tres delitos continuados de cohecho, tres de tráfico de tráfico de influencias, seis delitos de extorsión y blanqueo de capitales -todos ellos suman 42 años de prisión-, entiende que estos han prescrito al fechar los supuestos actos delictivos entre 2004 y 2007, puesto que la Fiscalia Anticorrupción no presentó la querella en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid hasta abril de 2017. Apoyándose además en el sobreseimiento de Carlos G. C., quien se enfrentaba a delitos «de la misma naturaleza» y que deberá comparecer más adelante en calidad de testigo, tal y como han solicitado todas las acusaciones, incluida la Fiscalía. La Junta, responsable civil subsidiria con respecto a las indenmizaciones a las que sea condenado Rafael Delgado, se ha adherido también a la prescripcón de los delitos.

En esta misma línea de defensa se han movido la mayoría de los letrados, a excepción de la representación de Alberto Esgueva, considerado el mayor beneficiario de la presunta trama y para quien la Fiscalía pide 12 años de prisión. Entre ellos el abogado y encausado Jesús Rodríguez Recio, a quien se le atribuye el papel de testaferro de Delgado entre 2006 y 2015. Rodríguez Recio, en su propia representación, ha defendido que todos los fondos que ha percibido entre 2007 y 2008 son «de origen lícito y no provienen de ninguna mordida». Apelando a la prescripción del delito de blanqueo de capitales al entender a efectos legales cualquier responsabilidad penal se habría extinguido en 2013. «Igual suerte deberían correr el tráfico de influencias y el cohecho», ha solicitado.

En los mismos términos que el letrado de Delgado ha pedido la «nulidad de la causa» o al menos la exclusión del informe que da inicio a la misma por «vulneración de derechos fundamentales». Entiende que la investigación tributaria, que ha tildado de «prospectiva», se inició a raíz de las diligencias prácticas con respecto a la mercantil Preneal, que «no estaba conectada de modo alguno» con su empresa. Y asegura que tampoco se le comunicó el inicio de la inspección, sino que el investigador visitó sus sedes «sin autorización de ningún tipo», recibiéndolo «por pura educación» sin tener conocimiento de «cuál era el verdadero objeto de la visita».

Quienes sí se han desmarcado con más firmeza de la trama han sido Francisco Esgueva, hermano de Alberto Esgueva y Andrés Martín Paz, ex director general de Deportes hasta 2003, con participación en una de las sociedades constituidas junto a una filial de Iberdrola a efectos de conseguir la autorización administrativa del parque de Villardefrados, que con posterioridad vendía a Ibercyl, también pertenenciente a la eléctrica. El mayor de los Esgueva se ha desvinculado de los negocios «lícitos» de su hermano, alegando que únicamente ha tenido participación en dos operaciones y que de existir cualquier responsabilidad penal por las mismas, también habría prescrito, pues se salió del negocio de las eólicas «en 2005».

Por su parte, el representante de Martín Paz, que también ha solicitado la «aplicación» de la doctrina respecto a la prescripción, expuesta «brillantemente» por sus compañeros, ha negado cualquier relación de amistad con Delgado, en base a lo sostenido por el Fiscal, que defendía en su escrito de acusación que el vínculo entre ambos habia llevado al ex viceconsejero a favorecer su entrada en el negocio. «No ha tenido mas relación con Rafael que cruzarse cuatro saludos protocolarios», exponía, recalcando que la operación de Martín Paz con Iberdrola se fraguó en 2002, con anterioridad a la llegada de Delgado a la cartera de Economía.

Los hechos juzgados se remontan a hace dos décadas. El ministerio público, que presentó su escrito de acusación en marzo de 2021 tras cuatro años de instrucción, considera que Delgado favoreció la entrada de empresas «amigas» en los parques de energías renovables, condicionando la aprobación de la autorización administrativa a su participación, que después de saldaba con mordidas. Una actuación de la que presuntamente también se beneficiaron grandes eléctricas como Iberdrola y que habría perjudicado a seis grupos promotores que llevaban años solicitando las autorizaciones sin conseguirlo.