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El rechazo en el Congreso de los Diputados al llamado decreto ómnibus, que incluía medidas como la revalorización de las pensiones y la prórroga de numerosas ayudas, ha tenido consecuencias desde este mismo jueves en el conjunto de España y por supuesto en Valladolid. ... Poner cifras a esa realidad en la provincia implica, por ejemplo, que son miles los jubilados que dejan de tener asegurado el incremento de sus percepciones este año, del mismo modo que son numerosísimos los usuarios de autobuses y trenes que ya no pueden viajar gratis o con descuento o los hogares desfavorecidos que se quedan sin bono eléctrico y sin la garantía de suministro de agua y energía.
Pensiones
El pasado diciembre había 114.448 pensionistas en Valladolid que tenían esta condición por jubilación (78.206), viudedad (21.950), incapacidad permanente (10.225), orfandad (3.406) o por la prestación en favor de familiares (661), de acuerdo con la última estadística del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A estos se añadían los 11.366 antiguos funcionarios y sus allegados integrados en el Sistema de Clases Pasivas. En total, 125.814 personas. Todos ellos contaban con beneficiarse de una subida del 2,8% en 2025 a tenor de la evolución del IPC, o lo que es lo mismo, con más de 500 euros adicionales en sus cuentas en cómputo anual.
A día de hoy que cobren esa cantidad no está garantizado, puesto que para hacer efectivo el incremento era necesario que saliera adelante la norma que ha tumbado la Cámara baja. No obstante sí recibiran una parte, la cuantía correspondiente al mes de enero, porque la Seguridad Social ya había llevado a cabo la tramitación necesaria e incluso había dado orden a los bancos para que la abonaran.
Pobreza energética
La derogación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, también hace que las familias que disponen de menos recursos queden más expuestas, porque tendrán que pagar más cara la energía de sus viviendas. En concreto, con el adiós a esa norma han decaído las bonificaciones del bono social eléctrico, del que según la Subdelegación del Gobierno en la provincia disfrutaban 21.321 hogares.
No es la única mala noticia para los más desfavorecidos. La misma regulación incluía la garantía de suministro de agua y energía a «los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social», que tampoco puede aplicarse desde este 23 de enero. A falta de una cifra exacta sobre los afectados, puede servir como referencia el número de vallisoletanos que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que son 18.435.
Derechos laborales
Otro concepto que dependía de la convalidación frustrada era la aplicación del importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024 a este año, «durante el periodo necesario para garantizar la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo social» que está negociando el alza correspondiente a 2025. De ello están pendientes 26.450 trabajadores vallisoletanos, según el departamento que dirige Jacinto Canales.
Con el objetivo de evitar que ese tipo de nóminas se reduzcan, la Dirección General de Trabajo ha emitido una instrucción por la que prohíbe pagar y contratar por menos que el pasado ejercicio. Considera que «la desaparición abrupta de la prórroga no afecta a los salarios vigentes, por entender que se trata de un salario ya contractualizado», y advierte de que la Inspección laboral «vigilará que las personas trabajadoras reciban puntualmente la remuneración pactada y verificará el cumplimiento estricto de esta obligación empresarial».
Transporte
Que no se haya aprobado el decreto ómnibus ha incidido de manera muy importante en el transporte público, que gozaba de sustanciosas subvenciones que por ejemplo hacían que el ferrocarril fuera gratuito en media distancia, o que tuviera una rebaja del 50% en el caso de la alta velocidad. Esas ayudas directas iban a estar vigentes hasta el 30 de junio, pero se han retirado de golpe.
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta detalla que en 2024 se despacharon 189.263 bonos Avant en los 23 servicios. De ellos correspondían a la línea Madrid-Valladolid 105.540; a la Segovia-Valladolid, 10.183; otros 1.568 a los trayectos entre Medina del Campo y las ciudades de Salamanca, Segovia, Zamora y Madrid; a la línea León-Valladolid, 3.734; a la Burgos-Valladolid, 2.778, y a la Palencia-Valladolid, 1.812. Esto hace un total de 125.615 en la provincia en un año, por lo que se puede estimar en casi 63.000 los abonos que se quedarán sin la rebaja estatal durante los próximos seis meses.
Frente a esto, el Gobierno de Castilla y León mantendrá los descuentos del autobús interurbano y la alta velocidad, además de la gratuidad del bono rural para el transporte a la demanda, con 18.474 viajes en 2024. En la capital vallisoletana el Ayuntamiento ha anunciado asimismo que asumirá provisionalmente la rebaja del 50% en los billetes, con el compromiso además de seguir financiando la rebaja del 20% con independencia de lo que haga a futuro el Ejecutivo de Sánchez.
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