Los expertos analizan las causas de la crisis del campo

Desde El Norte, hemos querido hablar con cinco voces autorizadas de sectores muy ligados al agro y que claman por más atención y acción para la agricultura y ganadería. Todos coinciden en la necesidad apremiante de escuchar las demandas de los profesionales del campo y de tomar medidas concretas para asegurar su futuro, como un sector estratégico esencial a la hora de hacer frente a los retos alimentarios, económicos, sociales, territoriales y medioambientales. También coinciden en posicionar este sector como como un pilar fundamental para el bienestar y la seguridad alimentaria de la sociedad española y europea.

La vallisoletana Iratxe García, presidenta de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, ha expresado en declaraciones a El Norte, que el sector agrícola y ganadero se está movilizando «con razón», preocupado por una situación que tiene distintos factores. «Hay una parte de las reclamaciones que son muy justas y sobre las que tenemos que trabajar y que tienen su origen en las últimas crisis energéticas e inflacionarias. En cambio, hay otras reivindicaciones que poco tienen que ver con el campo y el sector agrícola. Es totalmente desacertado que se achaquen los problemas del sector al desarrollo de la Agenda 2030. Ni la Agenda 2030 ni el Pacto Verde Europeo son los causantes de las crisis de los sectores agrícola y ganadero», apostilla.

Considera que es necesario abordar las reivindicaciones y ve legítimas las movilizaciones, «siempre que se hagan con respeto». Lo más urgente para García, sería la concesión de ayudas directas y extraordinarias, «especialmente para los agricultores y agriculturas más vulnerables». También la simplificación de la carga administrativa por medio de la elaboración de un reglamento europeo para abordarlo. «Es algo que hemos trasladado a la presidenta de la Comisión Europea y ella se ha comprometido a llevarlo a cabo». Entre las prioridades para García, también está la necesidad de abordar una directiva europea de la cadena de valor que garantice unos precios justos para los productores. «Evidentemente hay un problema en la cadena alimentaria, que provoca que el precio que le cuesta a al agricultor producir los alimentos se multiplica en ocasiones hasta por 800 al llegar al consumidor. Urgen unos precios justos. No es admisible que reciban 0,70 euros por un kilo de tomates, cuando el consumidor los paga a 5 euros en el supermercado», opina. Otra cuestión importante está relacionada con la política de comercio internacional y las cláusulas espejo. «Aquellos productos procedentes de países con los que se ha llegado a acuerdos comerciales deben cumplir los mismos estándares de bienestar animal y vegetal que pedimos a los agricultores de la UE», subraya.

La eurodiputada vallisoletana, considera que el sector primario se ha convertido en una lanza electoral entre los diferentes grupos políticos en Europa. «La agricultura y ganadería europeas son sectores estratégicos que nos garantizan alimentos de calidad sin tener que depender de fuera. A partir de ahí, hay una pugna entre la derecha y la extrema derecha por capitalizar las reivindicaciones del sector y flaco favor le están haciendo a los agricultores y ganaderos. Éstos tienen sus propios representantes y las derechas no deben apropiarse esta representación. Estamos en un momento de crisis y debemos ser capaces de sentarnos en una mesa para encontrar soluciones a los problemas y no intentar capitalizar la representación de ningún sector», concluye.

Jerónimo Lozano es un firme defensor de las explotaciones agrícolas y ganaderas de carácter familiar. Él está al frente de URCACYL, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, que se constituyó en 1987. En su opinión es «indispensable y urgente», escuchar al campo. Esa falta de escucha, se la echa en cara, sobre todo, a la UE y al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sitúa el origen de estas protestas en cuatro pilares fundamentales: la «inabordable» burocracia, los precios «disparados» de suministros como fertilizantes, fitosanitarios y carburantes, una PAC «con menos presupuesto» y unas exigencias medioambientales «de difícil cumplimiento». «La razón de ser de las cooperativas son los agricultores y ganaderos. Nos esforzamos por ofrecerles los mejores precios y servicios, aunque muchas veces no lo conseguimos por toda esta problemática. Esto ha llevado a una situación casi insostenible para muchos ganaderos que están sumidos en graves problemas de rentabilidad. Se habla mucho de sostenibilidad medioambiental, pero ésta es inviable si no hay antes una sostenibilidad económica y social. La situación es de asfixia», añade.

Opina que es fundamental que el consumidor conozca el gran esfuerzo inversor que realizan los profesionales del campo en sus explotaciones para hacer crecer las producciones y generar alimentos de probada calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad, a precios «más que razonables». Y lo justifica. «En los años 60 del siglo pasado, el 45% de los ingresos de una familia se destinaban a alimentación. Ahora ese porcentaje se ha reducido a un 18%. Nos quejamos porque suben los precios, pero es que si no suben, todo se va al traste. El sector agroganadero puede desaparecer, en cuyo caso, podríamos traer los productos de fuera, pero ¿nos llegarían? ¿Y a qué precio? ¿Y con qué calidad?», se pregunta. «En contra de lo que puedan pensar determinados colectivos ecologistas o animalistas, nadie tiene mayor interés en la sanidad vegetal y bienestar animal que los propios agricultores y ganaderos. Esto hay que reconocérselo al sector agrario», continúa.

El campo tiene muchos frentes abiertos. El más inmediato de solucionar, según Lozano, es la simplificación de la burocracia. «Para abrir una granja, un ganadero tiene que pasar por diez o doce ventanillas, habría que centralizarlo y no volverles locos. Por otro lado, hay ciertas normativas que deberían imponerse de forma progresiva, como el cuaderno de campo. Demos tiempo a los agricultores a que se adapten. También debería informarse más y mejor al consumidor, que muchas veces compra lo más barato, que normalmente no es lo mejor, ni lo más seguro. Lo recomendable son los productos de cercanía y de cooperativa», dice Lozano, quien ve totalmente necesario, establecer clausulas espejo para los productos «de fuera».

Avisa de que puede darse el caso, en un futuro no muy lejano de «una agricultura sin agricultores», algo que para él sería «muy perjudicial» a la hora de fijar población y riqueza en los pueblos. «Los agricultores y ganaderos se pueden desencantar y las explotaciones pueden pasar a ser gestionadas por fondos de inversión, lo que mermaría la calidad y seguridad alimentaria», remata.

Javier Pastor está al frente de Mercaolid, el mayor complejo de distribución mayorista de productos perecederos del Noroeste de España. Este directivo destaca la especial sensibilización que el gigante vallisoletano de la distribución tiene con el sector de la producción y con sus reivindicaciones. «El sector de la producción agraria tiene naturaleza estratégica y, como tal, habría que tratarle. La pandemia nos ha puesto de manifiesto la necesaria revisión del concepto de globalización en el ámbito de la UE. No en vano, en los últimos años, grandes grupos o fondos de inversión están controlando los mercados de futuro en el ámbito alimentario y la UE debería empezar a preocuparse por el autoabastecimiento», señala.

El pasado 6 de febrero Mercaolid sufrió un bloqueo «radical y prolongado», desde las 04:15 a las 14:15 horas aproximadamente, lo que impidió la entrada de todo tipo de compradores y la distribución capilar. Ello supuso evidentes perjuicios económicos, en especial en el sector de productos pesqueros, por efecto del día elegido para el bloqueo. «Las Mercas (Mercados de Abastecimiento), se convierten en un símbolo, cuya paralización es ventajosa para las noticias de primera hora. Lo que no se entiende es que bloquear una Merca, que es esencial para la comercialización de productos de kilómetro cero, es un perjuicio también para dichos productores. Las autoridades deberían tener siempre esto en cuenta. A los agricultores les diría que parecen justas algunas de sus reivindicaciones, pero que apunten bien. No podemos olvidar, que en las Mercas, también hay productores comercializando sus propias producciones».

De cara a otras posibles jornadas de bloqueo, Pastor asegura que Mercaolid está en disposición de garantizar la seguridad de las instalaciones en el interior, «pero de la calle para afuera corresponde a las Fuerzas de Seguridad. Nos preocupa seriamente lo que se avecina. Las empresas ubicadas en la Merca se preparan con aprovisionamientos considerables, ampliación de horarios, etc. Pero debemos de tener en cuenta que hablamos de productos perecederos con una vida limitada», explica Pastor y añade que Mercaolid tiene contemplados protocolos especiales en materia de seguridad, «pero es indispensable el libre acceso al recinto y esto solo lo pueden resolver las autoridades competentes».

La ley para regular el 'viaje' del campo al plato, fue concebida para que los agricultores y ganaderos recibieran un pago justo por sus productos sin embargo, los agroprofesionales no logran ese equilibrio deseado. Pastor propone como posible solución, una mayor integración vertical-horizontal del sector productor para negociar mejor o con más equilibrio. «En Castilla y León hay cierta desconfianza hacia las fórmulas de integración, existiendo ejemplos de éxito en otras partes de la geografía española, a través de cooperativas de segundo grado que no abarcan solo la producción, sino también la comercialización. La mano invisible que rige el mercado, como decía Adam Smith, está claro que no existe. El mercado crea disfunciones y desequilibrios. Posiblemente sea hora de que la Comunidad Europea, que dedica el 33% de sus presupuestos a la PAC, participe para corregir esos desequilibrios, en un sector que tiene naturaleza estratégica para la población europea».

Como posibles ideas para desbloquear este conflicto propone confirmar el carácter estratégico del campo en el ámbito comunitario. «Esto significa revisar el concepto de globalización y revisar los acuerdos preferenciales, que, por razones geoestratégicas, se han suscrito con otros países». También reivindicar algunos aspectos de las estrategias agroalimentarias de muchas comunidades o ciudades. «En este sentido, no estoy muy de acuerdo con algunas reivindicaciones de aminorar o reducir las exigencias medioambientales, ya que éste puede ser nuestro elemento diferencial respecto a las producciones de terceros países», argumenta. También fomentar fórmulas de integración del sector productor para reequilibrar la fuerza de negociación con un sector de la distribución muy concentrada; fomentar la calidad y los procesos de transformación y elaboración de los productos, acomodándose a las exigencias de un nuevo tipo de consumidor e introduciendo valor añadido; reducir las exigencias burocráticas de la PAC y adoptar medidas para intentar aminorar los efectos de la ausencia de agua como consecuencia del cambio climático, «tanto en lo que se refiere a la infraestructura, como en el diseño de políticas de reparto del agua», apunta.

Para Valentín García, el campo es más que un medio de vida. Es su pasión, su herencia y su compromiso con la tierra que lo vio crecer. Es hijo y nieto de agricultores de Villasexmir, pero ese compromiso no se limita sólo a su explotación. Desde hace años, Valentín es coordinador, en Valladolid, de la Unión de Campesinos Castilla y León (UCCL), organización desde la que defiende incansablemente los intereses de los agricultores, luchando por condiciones justas y políticas que protejan el futuro de la agricultura familiar. «Esto no ha sido un problema que ha surgido de repente. La problemática del campo viene, principalmente, desde las tres últimas reformas de la PAC. Ha ido in crescendo, hasta la última reforma, que ha sido la gota que ha colmado el vaso y la que ha hecho que los agricultores salieran a la calle a protestar», subraya.

Ve con pena como los profesionales del sector se sienten cada vez más asfixiados por una «excesiva e injusta» burocracia. Es por ello, que García Fraile aboga por una mayor flexibilización y simplificación de la actual PAC en lo que se refiere a los ecoesquemas, a las BECAM, al cuaderno digital, a la condicionalidad reforzada y a todo el tsunami de papeleo sobre bienestar animal. «Todo ello supone un agobio desorbitante para los agricultores. A esta situación hay que sumarle que ha sido un año muy malo en lo meteorológico, que la cosecha ha sido un desastre y de remate, la subida de los precios. Es la tormenta perfecta», opina. Lamenta cómo Castilla y León, región cerealista por excelencia, está siendo «inundada» por cereales ucranianos, argentinos y brasileños que no cumplen los mismos requisitos que se exigen a los españoles. «Los productos que vienen de fuera no cumplen la Ley de la Cadena Alimentaria y por tanto, es competencia desleal. Es lógico que a nosotros nos pongan ciertas restricciones a la hora de producir, pero no es de recibo es que a los productos que vienen de fuera no se les controle absolutamente nada», apostilla.

En su opinión, para empezar a ver brotes verdes, es necesario un cambio de postura por parte de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. «Nos están apretando cada vez más y sin mucho sentido. Ejemplo de ello es la gestión que se está haciendo con el tema de los lobos, a los que se ha puesto por delante de los ganaderos. Las políticas europeas necesitan un cambio radical», continúa.

En cuanto a las protestas y tractoradas, reconoce sentirse sorprendido con la respuesta tan masiva. «Desde UCCL, siempre hemos creído que movilizarse de forma organizada era importante para que la ciudadanía se dé cuenta de nuestros problemas y que las administraciones tomen nota. Hace un mes, anunciamos una protesta para el 21 de febrero en Madrid, pero veíamos a la gente poco animada participar. Sin embargo, las movilizaciones de Europa provocaron un despertar repentino en muchos agricultores que antes no se planteaban protestar. Estamos desbordados por la respuesta. Hay que tener en cuenta que las organizaciones agrarias estamos menos profesionalizadas que otro tipo de organizaciones. Los dirigentes somos agricultores y ganaderos que vivimos de nuestras explotaciones y eso, al final, se nota», prosigue. Su deseo es que la agricultura en Europa, pase a ser una cuestión «de estado». «Somos un sector estratégico y la UE debe apostar por ser autosuficiente y no depender de países extranjeros, porque comer todos los días, es fundamental», concluye.

Fernando de Castro lleva 24 años trabajando como profesor en la Escuela de Capacitación Agraria de La Santa Espina. Lo suyo es enseñar prácticas de ganadería. Desde el pasado mes de octubre, se encarga también de la dirección de este centro formativo que cuenta con 105 alumnos, la mayor parte de ellos, con una larga tradición familiar en el campo. «No existe un precio justo para el trabajo de los agricultores y ganaderos. Los insumos cada vez cuestan más y eso no se repercute en el precio». Ese es, para este docente, el principal problema del sector agrario. «Es necesario dignificar la labor de estos profesionales y que se les pague lo que realmente merecen. Es el sector primario y de él dependemos todos. Si estos problemas persisten, acabarán generando una falta de relevo generacional, ya que los jóvenes no querrán quedarse en el campo al ver que va a la ruina», prosigue.

En sus aulas está el futuro del sector: los jóvenes que más tarde o más temprano se harán cargo de las actuales explotaciones familiares. Cuenta que todos ellos siguen con mucha atención los pormenores de estas protestas. «Comentan lo que ven en los medios de comunicación y lo que oyen a diario en casa. Son conscientes de que los costes crecen sin parar mientras que los ingresos no varían. Desean que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y que se paguen unos precios justos a los productos que generan. Son chavales que vienen a estudiar a la Escuela porque realmente quieren trabajar en el campo, pero temen que toda esta situación les impida tener un futuro como agricultores o ganaderos. Aproximadamente el 30% de los alumnos fueron a las protestas. Otros estaban de exámenes y no pudieron. Es normal que los agricultores protesten para hacer llegar su mensaje a la sociedad», comenta. «La solución que veo es que se suban los salarios a toda la población, para poder pagar unos precios más justos, porque de esta manera, todos tendemos hacia los precios más bajos», opina.