El relato de conclusiones provisionales de la Fiscalía se remonta al 2 de febrero de 2012, cuando el acusado, J. G. R., mayor de edad y sin antecedentes penales, compró el dominio queveohoy.com para ofrecer películas en español y series online gratis. La adquisición se hizo a través de una empresa especializada que aseguraba el anonimato de los datos del administrador y del responsable de la web y utilizando como pantalla una empresa familiar sin actividad, Campillo Importación y Exportación SL. Expone el escrito del ministerio público que tuvo la intención «desde el principio» de «realizar negocios on line ilícitos, ofreciendo productos sujetos a la ley de propiedad intelectual sin el permiso de sus titulares y lucrándose de la publicidad insertada en ellos». Desde ese momento, el procesado comenzó a publicitar en su perfil de Facebook el dominio, ofreciendo el visionado gratis de un capítulo de estreno de una conocida serie. Ese pefil en la fecha de la investigación.tenía más de 27.000 seguidores
El usuario que entraba a la página web podía acceder directamente al visionado de la película o descargar el contenido. El administrador obtenía beneficios económicos a través también de la publicidad insertadaa través de 'banners' y 'pop-under'.
Moneda extranjera
«Consciente de que tales ingresos no estaban justificados y para ocultar su origen ilícito y convertirlos en legales, en enero de 2014 domicilió los pagos por publicidad en una cuenta inactiva hasta la fecha a nombre de Campillo Importaciones y Servicios SL y en paralelo abrió otra cuenta conjunta con su hermano, director de una oficina del mismo banco». A esta cuenta derivaba los ingresos de la primera «bajo la apariencia de una nómina de 2.000 euros».
En el registro en su domicilio de Valladolid, en marzo de 2016, se le intervino, además de material informático, 5.220 euros, libras, dólares y escudos portugueses. Los «beneficios ilícitos» y el material intervenido se valora en 105.764 euros. Solo en un mes, la página recibió más de dos millones de visitas de usuarios de España, Latinoamérica y Estados Unidos. Las pesquisas del Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid arrancaron tras una denuncia que presentó la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Las productoras reclaman 961.314 euros en concepto de lucro indebido, lucro cesante e indemnización por daños y perjuicios y la gestora Egeda, por los derechos de las obras ilícitamente difundidas, pide 1.852.243 euros.
El fiscal pide para el acusado, por el delito contra la propiedad intelectual, cuatro años de prisión y multa de 18 meses a razón de 10 euros al día y por el delito de blaqueo de capitales, dos años de prisión y multa de 315.000 euros. Respecto de las responsabilidades civiles, solicita a la Audiencia de Valladolid que se le imponga una indemnización a la productora Adivan de 88.498 euros y a Egeda, 126.254 euros.
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