Borja Villacís fue investigado por pertenecer a una red de narcos con sucursal en Valladolid

Eran los encargados de completar viajes hasta la capital madrileña para traer hasta Castilla y León la cocaína proveniente a gran escala desde Sudamérica. Con posterioridad, la droga se distribuía por Burgos, León y Salamanca. Precisamente, en esta última ciudad fueron detenidos los tres investigados encargados de la trama en Valladolid durante una presunta transacción. Se les intervino una pequeña parte del alijo de 239 kilos de cocaína de «gran pureza» incautada al núcleo duro de la red, en la que estaría implicado Villacís y cuya causa llevaba actualmente la Audiencia Nacional.

Fue considerado un gran golpe contra el narcotráfico en España, porque además de las sustancias incautadas fueron embargados 43 inmuebles y se intervinieron 700.000 euros en los 23 registros domiciliarios.

El origen de la investigación se remontó a la primavera de 2018, cuando los agentes expertos en delitos económicos de la comandancia de Madrid se encontraban estudiando una documentación que pudiera estar relacionada con un delito de blanqueo de capitales a través de la compra venta de automóviles de alta gama. Las investigaciones realizadas por este entramado llevaron a los agentes encargados de la investigación a descubrir la interrelación entre varios grupos delincuenciales cuyo nexo de unión era un grupo encargado de suministrar cocaína que venía directamente de Sudamérica.

Los agentes lograron identificar y detener a todos los miembros de los distintos entramados, la mayoría de ellos contaban con antecedentes policiales, incluso uno de los grupos desmantelados tenía una estrecha vinculación con la extrema derecha, contando alguno de sus cabecillas con antecedentes por homicidio.

La red distribuía cocaína en cantidades de notoria importancia en Madrid, Toledo, Salamanca, León, Valladolid, Asturias, Bilbao, Cantabria, Zaragoza y Burgos.

La organización distribuidora de cocaína estaba asentada en Madrid, y hasta allí se desplazaban los integrantes de otras organizaciones para realizar las transacciones de droga como era el caso de los investigados en Valladolid.

Durante el estado de alarma utilizaron coberturas diseñadas bajo la apariencia de estar trabajando, lo que les permitía desplazarse y sortear los controles policiales. Para realizar estas transacciones tomaban elevadas medidas de seguridad, contaban con teléfonos encriptados o inhibidores de frecuencia, y siempre tenían personas que realizaban labores para dar seguridad.

Para lograr evitar que les intervinieran la droga o el dinero habían practicado sofisticados dobles fondos en sus vehículos que les permitían transportar la cocaína o el dinero de manera segura.