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El Ayuntamiento retrasa a mayo el encendido de las cámaras de la zona de bajas emisionesEl encendido de las cámaras de la zona de bajas emisiones (ZBE) de Valladolid no se producirá al menos hasta el mes de mayo, según prevé Alberto Gutiérrez, concejal del área de Movilidad, cuando, estima, estará adjudicado el contrato para la gestión del servicio ... integral de información y explotación de los sistemas de la ZBE, cuya licitación se ha aprobado en Junta de Gobierno este lunes. El contrato, que tendrá una duración inicial de tres años con posibilidad de ser prorrogado otros dos más, asciende a 1.677.854 euros.
Un importe que, aclara, estará sufragado íntegramente con fondos municipales, a diferencia de la implantación de las cámaras en el perímetro, financiadas con fondos europeos. «Esto que nos toca gestionar a los Ayuntamientos derivado de las imposiciones de la ley del Cambio Climático, va a ser un coste añadido que van tener que sufrir los ciudadanos de Valladolid», ha incidido Gutiérrez Alberca, que cifra el desembolso en medio millón de euros.
Será entonces para finales de la primera mitad del año, con «la plataforma de vigilancia en funcionamiento total» toda vez que se haya adjudicado el servicio de mantenimiento y gestión, cuando comiencen a llegar las cartas informativas con las sanciones que entrarán en vigor a partir del 1 de julio para los vehículos que por antigüedad no dispongan de distintivo ambiental, amén de las exenciones. Las mismas restricciones aplicarán para los coches y motos con etiqueta B de 2028 en adelante.
Respecto a los paneles informativos y las señales que delimitarán el perímetro, el responsable del área ha explicado que se irán «probando» para facilitar información «sobre las principales exenciones y cuál es el calendario», si bien no se pondrán «en funcionamiento total» hasta que comience a sancionarse en prueba, hacia el mes de junio. «Ya los podríamos poner en funcionamiento pero si señalizáramos todo el entorno del perímetro estaríamos generando más confusión que información», ha justificado.
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Por el momento la aplicación de la ordenanza, aprobada el 20 de diciembre, se encuentra en una fase informativa «de baja intensidad», para que los ciudadanos puedan consultar en la página web del Consistorio y en las redes sociales municipales si les afecta la aplicación de la ZBE en base a la antigüedad del vehículo, las exenciones aprobadas y el calendario de aplicación.
De cara a poner en marcha lo que denominan la segunda fase, se trabaja en el desarrollo de una página web y una aplicación mediante la cual la gente podrá consultar las restricciones que les afectan y gestionar los permisos para las múltiples exenciones aprobadas, como el límite de renta, el acceso a aparcamientos públicos, la asistencia a una cita médica u otras particularidades, como el embarazo. A falta de que esté definida la documentación necesaria, ha puesto algunos ejemplos, como la obligatoriedad de adjuntar el justificante de la cita médica para autorizar el acceso a consulta.
En el caso del acceso a los colegios, serán los propios centros educativos los encargados de facilitar al Consistorio las matrículas de los vehículos que no cumplan los requisitos de acceso. Para los parking públicos, está previsto que el sistema de vigilancia beba de los datos recabados por los lectores de matrículas de estos recintos.
Un plan de acción que para el PSOE está generando «incertidumbre» entre los ciudadanos y una «situación de inseguridad» que han calificado de «inadmisible». «Los conductores tendrían que tener ya información del área restringida a los vehículos más contaminantes aunque las sanciones no lleguen hasta julio», advierte el principal partido de la oposición, en un comunicado en el que crítica que desde la página web del Consistorio se invite al ciudadano a llamar al 010 «a primeros de febrero», cuando estén detalladas las exenciones y los aspectos relativos a su gestión.
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