Vivienda

Aumentan los acuerdos de comunidad contra los pisos turísticos en Valladolid

Ana Serrano, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Valladolid, asegura que «aunque nosotros no tenemos nada que ver con las ciudades de costa o muy turísticas, sí que es cierto que la gente cada vez va tomando más conciencia. No esperan a tener el problema, sino que se anticipan y quieren prohibirlos antes» para evitar molestias o incluso posibles entradas ilegales. «Lo que quieren es tener un confort y un descanso y además tienen miedo a la okupación, porque ese riesgo siempre existe», añade. Prueba de ello es su caso: ya ha tramitado cinco iniciativas en esa línea este año frente a las dos que gestionó el pasado.

En el mismo sentido se expresa su predecesor en el cargo, Salvador Díez Lloris, que también ha detectado un mayor interés por este asunto desde hace unos meses después del boom de 2019. Ese ejercicio, en concreto el 6 de marzo, entró en vigor la modificación del punto 12 del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 que incluía la posibilidad de que la comunidad de vecinos «limite o condicione» la prestación de servicios turísticos en un inmueble. «Hubo muchas consultas al principio, cuando se aprobó la ley antes del confinamiento, luego estuvo tranquilo y ahora sí que ha vuelto un poquito más», indica.

Díez Lloris, que tiene entre sus clientes a los residentes de diferentes edificios del casco histórico, señala que «aunque Valladolid no es un sitio especialmente conflictivo a la gente le preocupa el tema, le alerta, lo comentan». Esto ha hecho que en lo que va de 2024 haya recibido «dos o tres peticiones para prohibir los pisos turísticos, mientras que en 2023 no tuvimos ninguna», manifiesta.

Otro administrador de fincas vallisoletano que opera tanto en el centro como en los barrios confirma la misma sensación, e incluso asegura que lo incluye motu proprio en el orden del día de las juntas de propietarios porque «es una simple consulta que evita problemas futuros a la comunidad». «En 2023 había comentarios al respecto en todas las reuniones y este año donde no me lo dicen que lo ponga lo pongo yo. Llevamos seis o siete reuniones en las que se ha aprobado aunque solo en un caso se ha elevado a documento público», explica.

Impedir que se abra un apartamento turístico en un edificio es relativamente sencillo. Basta con que así lo decidan los dueños de las viviendas en la junta de vecinos correspondiente, por mayoría cualificada de 3/5. Esa proporción acaba de ser avalada recientemente por el Tribunal Supremo mediante dos sentencias que ponen fin a la controversia que existía hasta ahora en la interpretación del citado artículo 17.12, que llevaba a que algunos juzgados determinaran que era imprescindible la unanimidad. El argumento para rechazar esto último es que de ser así «bastaría el voto en contra del propietario del piso en el que se pretende ejercer la actividad para impedir la adopción del acuerdo», según ha aclarado el alto órgano jurisdiccional.

Ana Serrano valora de manera muy positiva la nueva jurisprudencia porque «clarifica y favorece», y entrando en el detalle de la regulación explica que «la mayoría cualificada de 3/5 es una doble mayoría», porque hace falta «un 60% de los coeficientes de participación y un 60% de los propietarios» para que el veto salga adelante. Asimismo pone el acento en que una vez es firme es muy importante formalizarlo ante notario, elevándolo a escritura pública, y llevarlo a continuación al Registro de la Propiedad. «Si la comunidad quiere que el acuerdo que tome sea válido frente a terceros es imprescindible registrarlo, porque si no para un propietario futuro no lo sería», advierte.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) también ha recibido «positivamente» la toma de posición del Supremo sobre los pisos turísticos «ya que, en general, generan serios problemas de convivencia en las comunidades de propietarios». Entre ellos menciona, como recoge el alto tribunal, «la falta de respeto a las normas básicas, los ruidos o la basura orgánica, e incluso inseguridad para los vecinos y vecinas».

El CGCAFE deja claro, junto a esto, que las sentencias del Supremo no se pueden aplicar con efectos retroactivos a los pisos turísticos ya existentes, algo en lo que también incide la presidenta del Colegio de Valladolid, Ana Serrano, y que sin duda supone un jarro de agua fría para los afectados por los comportamientos incívicos de los inquilinos. En esos casos la única opción sería «aplicar penalizaciones de hasta un 20% más en la cuota de la cuota de la comunidad, por mayor desgaste de los elementos comunes», recuerda la presidenta de los administradores de fincas de Valladolid.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, ha alertado de que «no queda claro qué pasa con aquellas viviendas que tienen la licencia de alquiler turístico ya solicitada pero pendiente de autorización», lo que «puede dejar al propietario en una situación de incertidumbre jurídica». Junto a esto, la OCU considera que «sigue siendo necesario armonizar las normativas autonómicas para mejorar la protección del resto de propietarios y vecinos que comparten el uso del edificio con inquilinos en régimen de alquiler turístico».