Valladolid

Asume dos años de cárcel por estafar 254.200 euros en la venta de guantes durante la pandemia

Y es que inicialmente la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión y una multa de 3.000 euros a razón de diez euros diarios durante cinco meses, por un delito de estafa cualificada. Una pena que se ha visto rebajada a la mitad, asumiendo el procesado dos años de prisión y una sanción de 1.200 euros –cinco euros diarios durante ocho meses–, con el atenuante de reparación del daño. Pues tal y como ha especificado su letrado, Redondo hizo un primer pago de 4.000 euros durante la fase de instrucción. Y en los días previos a la vista depositó la cantidad de 100.000 euros en el juzgado. «Un esfuerzo que debe ser reconocido por la sala», ha incidido el abogado defensor, que ha asegurado que su cliente está en «vía de plena reinserción», tras un periodo «oscuro» por un problema con el consumo de drogas, del que ya ha recibido tratamiento.

La sala, que ha dictado una sentencia en voz que ya es firme después de que las partes hayan renunciado a recurrir el fallo, ha decretado también la suspensión de la pena durante cinco años, conforme a lo recogido en el acuerdo de conformidad. Si bien el fiscal, que no se ha opuesto a la misma, ha recordado la existencia de antecedentes por hechos similares sucedidos en mayo de 2020, que derivaron en una condena de tres meses dictada en septiembre de 2023. Imponiendo así como condición la realización de cinco meses de trabajos a la comunidad como medida sustitutiva. Además, la suspensión de la pena privativa de libertad se vería revocada de no cumplir con un plan de pagos acordado a fin de satisfacer la responsabilidad civil por el dinero estafado y en caso de cometer un nuevo delito en los próximos cinco años.

Los hechos por los que ha sido culpado se remontan a julio de 2020, cuando el penado, que por aquel momento se dedicaba a la distribución en el ámbito de la hostelería, se ofrecía como intermediario de guantes de nitrilo. Fue entonces cuando la víctima de los hechos sentenciados, un empresario que administraba una empresa de importaciones de material sanitario, le contactó con la finalidad de que le suministrara dichos guantes, dando comienzo una relación comercial vía telefónica.

Para ganarse su confianza, le aportó datos de las personas y empresas que presuntamente iban a conseguir la mercancía acordada, llegando a enviarle fichas de producto de las mismas, así como «pantallazos con supuestas transferencias» a la empresa distribuidora, «que nunca llegaron a tener lugar, dado que el acusado ni siquiera llegó a entablar relación con la misma».

Y con la finalidad de convencerlo de que efectuara los pagos requeridos en distintas ocasiones, llegó a crear grupos de WhatsApp «relacionados con los guantes», en los que aparecían diversas personas que aseguraban tener disponibilidad de este material e informaban sobre su entrega. Tratándose todo ello de una estratagema, dado que según esgrimió la Fiscalía, «los teléfonos de los supuestos intermediarios correspondían a tarjetas prepago que ni siquiera tenían como titular el nombre de quien aparecía en dichos grupos», y que incluso «habían sido compradas por el propio acusado».

En este contexto y bajo la exigencia de adelantar cantidades de entre el 30 % y el 50 % del importe total del material sanitario, la víctima llegó a realizar diversas transferencias entre agosto de 2020 y febrero de 2021. Dos primeras por importes de 5.000 euros y 23.000 euros, correspondientes a la reserva de dos pedidos entre el 19 y el 20 de agosto, correspondiendo el condenado con una supuesta factura proforma.

Aprovechando la laxitud de los tiempos de entrega y bajo el pretexto de que era necesario afianzar la mercancía, cuya entrega era «inminente», con más dinero, en agosto le requirió una tercera transferencia, que la víctima efectuó el día 28, por valor de 15.000 euros. Al mes siguiente, le abonó otros 37.000 euros. Y ya en octubre y en noviembre le efectuó nuevos traspasos que ascendieron a 91.000 euros. Finalmente, en diciembre y febrero la víctima hizo dos últimos pagos de 48.000 y 35.000 euros respectivamente.

Ya en marzo, el demandante le reclamó la devolución del dinero. Como respuesta, Redondo llegó a remitirle el justificante de dos supuestas transferencias a favor de la empresa que administraba la víctima, por valor de 245.544 euros y de 193.756 euros, pero estas nunca llegaron a materializarse.