Arden dos contenedores durante la noche del viernes en Valladolid

El primer aviso que entraba a la central del parque minutos antes de las diez de la noche y alertaba de la presencia de humo en un contenedor de residuos orgánicos situado en la calle Fray Antonio de Córdoba, en la paralela a la Avenida de Salamanca, a la altura de la bolera. A la citada calle acudió, en apenas unos minutos, una dotación con seis efectivos que intervinieron durante varios minutos, hasta que se dio por extinguido el fuego que, afortunadamente, no afectó ni a mobiliario urbano cercano ni a vehículos que estaban estacionados a pocos metros.

Similar incidente tuvo lugar poco después, a las 23:15 horas, en esta ocasión en el barrio de Delicias, a la altura del número 45 del paseo de Juan Carlos I. Al aviso acudió una dotación completa y seis bomberos que sofocaron el fuego de un contenedor de obra que estaba ubicado en la vía pública. Estos hechos, aseguran desde el Ayuntamiento de Valladolid cuestan una media de «35.000 euros anuales» en gastos de reparación o sustitución de los contenedores que se ven afectados por estos actos incendiarios.

De hecho, el año pasado en Valladolid ardieron un total de 126 contenedores tal como confirman desde la concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana. En su mayoría se trata de los destinados al reciclaje de papel y cartón. «Son los que más fácil arden y a eso se le suma además que es muy común en este tipo de actos el uso de activantes para mantener las llamas lo máximo posible. No es extraño que puedan llegar a alcanzar varios metros y afectar a los coches o a las fachadas de los edificios», señalan desde el servicio de extinción de incendios de Valladolid.

Estos actos vandálicos no están exentos de castigo y están contemplados como delitos contra la seguridad colectiva, ya que se enmarcan dentro de las penalizaciones administrativas por deslucimiento de bienes inmuebles (en el caso de que los daños sean mínimos) y multas que pueden oscilar entre los 1.500 y los 3.000 euros por infracción muy grave de la ordenanza municipal. Asimismo, y dependiendo de la gravedad de las consecuencias, podrían enfrentarse a delitos de daños que comprenden penas de 1 a 3 años de prisión.