Valladolid

Archivan una denuncia contra dos veterinarios por falta de indicios de intrusismo

Una veterinaria que había sido contratada para trabajar en la clínica en el período en que los propietarios del centro homologaban su titulación, decidió comunicar al Colegio de Veterinarios de Valladolid que sus jefes no tenían el título en regla para ejercer. El origen de la denuncia estaría en un desacuerdo respecto de los emolumentos a cobrar por esta profesional titulada, quien habría solicitado una subida de sueldo y su petición no fue aceptada, con lo que terminó la relación laboral.

En este sentido, el auto judicial expone que, mientras la investigada -pues, de la pareja, era la esposa quien estaba homologando su título- tramitaba la adecuación de su formación a la titulación española como veterinaria, abrió una clínica y contrató para trabajar allí a «sucesivos titulados» que «supervisaban o realizaban las tareas propias de la profesión». Fue cuando «se rompió la relación con una de ellas cuando ésta reaccionó, denunciando una situación que, a la vista de las diligencias realizadas, no se ha visto conformada con indicios suficientes de haberse cometido delito».

El Seprona investigó a estas personas por un presunto delito de intrusismo profesional al realizar labores de veterinaria en una clínica de su propiedad, pues se les acusaba de estar ejerciendo sin estar en posesión del título académico reconocido en España. En la clínica pasaban consulta a mascotas, practicaban cirugías, análisis de sangre o citologías, según informó en su día la Guardia Civil.

Fue el Colegio de Veterinarios de Valladolid, el pasado 31 de marzo de 2023, quien alertó al Seprona de la posibilidad de que, en una clínica veterinaria de la provincia, se pudiera estar cometiendo un presunto delito de intrusismo profesional por parte de los propietarios de la misma. Los agentes comprobaron que en ese momento dos de las personas que trabajaban allí, carecían de la titulación habilitante exigida en España, donde no está reconocido el título que mostraron al equipo investigador. Asimismo se constató que estas personas eran matrimonio y propietarios del establecimiento.

Por estos hechos, se procedió a la investigación de ambos como presuntos autores de un delito de intrusismo profesional por realizar labores propias de la profesión veterinaria careciendo de la titulación habilitante para poder ejercer. Ahora, el juez ha archivado las diligencias al entender que no hay suficientes pruebas para atribuirles tal delito. El matrimonio investigado, por su parte, una vez archivadas las actuaciones, iniciará acciones judiciales por calumnias contra la colega que puso la queja en el Colegio de Veterinarios.