Aplazan el juicio contra los traficantes de coca colombiana por enfermedad de una abogada

La nueva fecha la han acordado esta mañana en Sala para los días 10, 11 y 12 de noviembre, a la espera de la recuperación de la abogada, si bien ya se ha apuntado que en el caso de la imposibilidad de asistir, será sustituida por un compañero de profesión que este martes ya ha acudido a la Audiencia en sustitución. Precisamente, la incomparecencia de la abogada, según han acordado todas las partes, generaría indefensión de uno de los tres acusados. De ahí la nueva fecha.

Los hechos se circunscriben a la primavera de 2021, cuando la Autoridad Aduanera y Tributaria de Portugal detectó en el puerto de Sines un contenedor que portaba cocaína colombiana. Fue en ese momento cuando se inició la investigación contra los ahora acusados Julio Ángel Picazo y Abdelkrim Mouhoubi, los encargados de ir a recoger esa mercancía hasta tierras portuguesas.

Mientras tanto, ese cargamento estaba siendo vigilado y perseguido por los agentes. Existía una entrega controlada a través de un decreto de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional para completar un seguimiento de los dos camiones que transportaron ese carbón impregnado con cocaína desde Sines hasta la calle Tejedores de Medina del Campo.

Allí, una empresa ajena al presunto entramado de narcotráfico depositó todo el material hasta que entraron en escena los tres acusados (a Julio Ángel y Abdelkrim se unió Gabriel Martínez). Fue en ese momento cuando intervino la Policía Nacional para detener a los sospechosos e incautar los 40.000 kilos de carbón, divididos en 667 sacos.

Todo ello bajo la apariencia de una operación legal de compraventa a través de la empresa Katta Manantial Natural SL, de la que precisamente Julio Ángel Picazo era el administrador único y cuyo objeto social era la intermediación inmobiliaria. Pues bajo esa entidad, la empresa LAM Solutions, dedicada al comercio al por mayor de productos alimenticios, envió dos contenedores desde Bogotá.

De los mismos, la Policía tomó muestras para establecer que entre los sacos de carbón se hallaban 862 kilos de sustancias estupefacientes, con una pureza en cocaína de las muestras 25,24%. Apunta la Fiscalía que, de haber llegado al mercado clandestino, hubiera alcanzado un valor de más de 11 millones de euros en la venta por kilos; de casi 30 millones de euros por gramos y de 65 millones en caso de venta por dosis.

Por estos hechos, los tres acusados se enfrentan cada uno a una pena de diez años de prisión y a una multa de más de 33 millones de euros.