Laguna de Duero exige al Gobierno una moratoria para evitar desahucios

La Corporación municipal de Laguna de Duero ha aprobado una moción en la que insta al Gobierno a aprobar una moratoria total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual y a favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia. El objetivo es que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias.

En la misma moción, los grupos políticos solicitan también al nuevo Gobierno de la nación, los grupos parlamentarios y las Cortes de Castilla y León que se aplique la dación en pago, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda, aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.

Asimismo, se trasladará también al Consejo de Ministros, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y al Parlamento Autonómico de Castilla y León que se estudien «salidas justas» a la cuestión de las viviendas vacías.

La moción es una iniciativa del movimiento 15-M que están presentando en todos los ayuntamientos de la provincia de Valladolid, ya que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2010 en España se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y entre 2011 y 2012 se podría llegar a 500.000. A su vez, más de dos millones de viviendas permanecen vacías.

Condena financiera

Dice la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero que «la ejecución hipotecaria por impago del crédito provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y, además, es una condena financiera de por vida».

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que si no se presentan postores a la subasta de la vivienda (lo que sucede en el 90% de los supuestos), el banco o prestamista puede adjudicársela por el 60% del valor de tasación. Así, se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, y una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por gastos judiciales y honorarios profesionales. Además, a las personas deudoras se le embargarán bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la deuda.

El movimiento 15-M argumenta al respecto que la legislación que lo permite es anómala y no tiene comparación con las legislaciones de otros países del entorno. « Ahora miles de personas descubren que cualquier impago, por pequeño que sea, puede suponer el vencimiento de todo lo adeudado, y que esos contratos hipotecarios contenían cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo-techo, o de los intereses moratorios que oscilan entre el 18 y 20%».