La Revuelta de la España Vaciada propone un «pacto de financiación solidaria»

En la Asamblea se ha aprobado una propuesta de Plan de Financiación Solidaria, una necesaria vía dentro del debate sobre la reforma de la financiación territorial, por el que exigen no sólo un reparto justo de los presupuestos generales que garantice la cohesión territorial y la prestación de los servicios en condiciones equivalentes de calidad en todo el país, sino que el Estado, adicionalmente, destine anualmente una cantidad equivalente al 2% del PIB durante 25 años a los territorios históricamente olvidados para que se puedan subsanar los déficits padecidos durante décadas en infraestructuras y servicios. Para ello, se va a crear un grupo de trabajo que desarrolle más esta propuesta y concrete medidas, para llevarla a la realidad, como hacer un listado de las infraestructuras pendientes y aplazadas durante décadas (carreteras y ferrocarril, hospitales y otros servicios sociales).

Tras la presentación del informe de gestión anual por el E20 (órgano de coordinación de la Revuelta de la España vaciada), los participantes han debatido las futuras líneas de actuación en diversos grupos de trabajo en cuatro niveles: nivel de trabajo interno en la organización (en torno al fortalecimiento de la red de la Revuelta de la España Vaciada, y la composición del E20); nivel de presencia «pública», dinamización y acciones (mantenimiento de la presencia en la calle, sensibilizando y sumando apoyos al «Modelo de desarrollo»); nivel institucional (para la recuperación y mejora del diálogo con las instituciones, con seguimiento de los acuerdos o compromisos alcanzados); y el plan de comunicación de la Revuelta de la España vaciada (difusión de la información, redes sociales y comunicación con los colectivos sociales y asociativos).

A primera hora de la tarde se han presentado las conclusiones del plan de actuación entre las que, además de la mencionada propuesta de financiación para el reequilibrio, destacan la «exigencia al Gobierno central de cumplir sus promesas respecto a la prestación de servicios públicos a 30 minutos o la evaluación de políticas públicas mediante el mecanismo de garantía rural, entre otras muchas».

También se ha destacado la problemática del transporte público con la supresión de paradas de autobús, la falta de vivienda en el medio rural que impide el asentamiento de más pobladores o la problemática de convertir al medio rural en territorio de sacrificio mediante la instalación masiva de energías renovables, minas o macrogranjas, «especulando con el territorio», así como la falta de medios de cuerpos de seguridad del estado, como la Guardia Civil, generando un problema de seguridad en el medio rural.

Para estas problemáticas se han puesto en valor iniciativas del tejido asociativo del medio rural como la creación de comunidades energéticas o propuestas de vivienda colaborativa que buscan la rehabilitación de edificios en ruina en cascos urbanos para poder ofrecerlos como vivienda a la población.

Han acordado celebrar su asamblea del año que viene en la comarca de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara.