La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
La investigación avala la versión de la Junta y concluye que la caída del sistema no afectó al contenido de los expedientes
No hubo ni alteración, ni borrado de historiales clínicos. La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por AMAMA sobre supuestos cambios en los historiales médicos de mujeres sometidas al programa de cribado de cáncer de mama.
En un decreto firmado el pasado 26 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal delegado de Criminalidad Informática ha acordado el archivo de las actuaciones relacionadas con este caso al considerar que no se aprecian indicios de la comisión de los delitos denunciados por la asociación.
Después de que estallara la crisis de los cribados, la a Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), registró el pasado 21 de octubre una denuncia ante la Fiscalía sobre un supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Lo hizo después de que recibir mensajes de pacientes que informaban que pruebas diagnósticas a las que siempre habían tenido acceso habían desaparecido de la aplicación Click Salud.
La asociación entendía que este supuesto borrado obedecía a la presunta intención de la Junta de ocultar lo que había sucedido con el programa de cribado y llegó a acusar a la Junta de la comisión de presuntos delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia o contra la seguridad e integridad de la información sanitaria. Otra de las asociaciones denunciantes, denominada 'El Defensor del Paciente', se unió a la causa y sostuvo en un escrito haber tenido conocimiento de que se hubieran podido destruir documentos de pacientes que contenían información confidencial y sensible sobre su salud.
La Junta negó desde el principio que hubiesen desaparecido expedientes y explicó que la imposibilidad temporal de acceder a los informes había obedecido exclusivamente a una caída del sistema causada por una sobrecarga de consultas provocada por la alarma causada al conocerse que se habían producido fallos en el programa.
Tras requerir informes técnicos a la Unidad de Policía Judicial y realizar auditorías de los historiales de las denunciantes, un total de cinco mujeres, la Fiscalía ha acabado dando la razón a la Junta, por lo que ha ordenado el archivo de las actuaciones.
Los informes concluyen que no se han hallado evidencias de manipulación intencionada y que la caída de los servidores ha sido fruto de la saturación de los mismos, al no ser capaces de dar acceso a la cantidad de solicitudes de visionados de las imágenes correspondiente al módulo de servicio a los ciudadanos, lo que confirma la versión de la Junta. Además, los datos analizados muestran que la caída del sistema informático del SAS tuvo un impacto «exclusivamente operativo, sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos».
Sobre el posible acceso no autorizado a los expedientes, el informe estima que no existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos.
Así, la Fiscalía concluye que los historiales médicos de las pacientes examinadas «se mantienen íntegros y coincidentes, sin detectarse supresiones, manipulaciones, modificaciones no autorizadas, accesos indebidos o alteraciones de contenido».