Ocho de cada diez agresores sexuales de menores son familiares o conocidos
La víctima tipo española es una chica de doce años atacada por un varón de su entorno, pero una cuarta parte de las afectadas son menores de diez años
Las agresiones sexuales a menores en España son una violencia tan abundante como oculta y silenciada, que se ceba con las niñas y que tiene como principales autores a hombres del círculo próximo a la víctima. Así lo desvela un informe de Save the Children que denuncia que la respuesta institucional y judicial contra esta lacra deja mucho que desear, sobre todo porque cuatro años después de aprobada la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi) muchas de sus medidas siguen sin ponerse en marcha o lo han hecho de forma insuficiente. El resultado es un exceso de dilaciones judiciales y la persistencia de la revictimización en los procesos.
Los agresiones a menores son casi la mitad de los ataques a la libertad sexual que se denuncian (9.200), pero en realidad suman decenas de miles de casos silenciados, pues el documento de la ONG, basado en el análisis de 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024, calcula que no llegan a las comisarías y los juzgados más del 15% de los delitos de este tipo.
Parte de esta enorme opacidad se deriva, además de la corta edad de las víctimas, del perfil del autor, un hombre en el 98% de los casos. Ocho de cada diez agresores sexuales de menores son familiares o conocidos, casi a partes iguales. En el caso de la familia, la mayor parte de los ataques surgen del padre o la pareja de la madre. El círculo social próximo incluye a amigos y conocidos de la familia o de la víctima, a su pareja (si la hay) y a educadores y monitores. No obstante, en el último lustro se ha producido un aumento de asaltos de desconocidos, que ya rozan el 20%.
La víctima tipo es una niña a la que comienzan a agredir a los 12 años. El 83% de los abusos se producen sobre chicas, con tasas aún mayores entre los 5 y 9 años. Más de la mitad de las agresiones que llegan a los juzgados ocurrieron entre los 10 y los 14 años, pero casi la cuarta parte de las damnificadas tienen menos de 10 años. La aliada de la víctima en los casos que salen a la luz es la madre. El 66% de los procesos de los que se conoce el origen los inicia la denuncia de la perjudicada o de su madre.
Revictimización y dilaciones: dos tercios deben declarar varias veces y casi la mitad de los procesos judiciales duran más de tres años
La respuesta de las instituciones y de la justicia a esta lacra tiene un amplio margen de mejora a la vista de la abundancia de dilaciones, revictimizaciones y de la insuficiente ejecución de las leyes. Solo la cuarta parte de los procesos judiciales se resuelven en dos años, casi la mitad (48%) precisa al menos tres y el 12% tarda más de cinco.
En los dos últimos años las dilaciones se han reducido algo, pero se mantiene un notable retroceso respecto a 2019, cuando las sentencias que se dictaban en dos años o menos eran dos de cada tres, el triple que hoy. Un ejemplo del problema es el caso de Sara, una niña que desde los 10 años sufrió abusos de su padre. El juicio tardó en celebrarse cuatro años y el agresor solo fue condenado a dos años y seis meses de cárcel gracias a la atenuante de dilaciones indebidas.
La importancia de la declaración
Un segundo elemento negativo es el escaso uso de la prueba preconstituida, la toma inicial de declaración a la víctima, que queda grabada y que le exime de volver a contar los abusos antes otros profesionales e, incluso, de repetirlo en el juicio. Solo consta en el 34,5% de los casos. Más de la mitad debe narrar su historia no menos de dos o tres veces (policía, fiscal y juez) antes del propio juicio. Ocurre pese a que ley del 'solo sí es sí', en vigor desde hace tres años, obliga a realizar la prueba preconstituida al menos a todos los menores de 14 años.
El Gobierno solo prevé crear juzgados específicos en Madrid, Barcelona y Málaga y no hay noticia de la Fiscalía especializada
«El testimonio de las víctimas es la principal prueba en la mayoría de los casos. Por eso es preocupante que todavía no se generalice la prueba preconstituida y que muchas niños tengan que revivir el trauma una y otra vez a lo largo del proceso, incluso durante el juicio oral», lamenta Catalina Perazzo, dirigente de Save the Children.
La ONG considera que parte de estas deficiencias persisten porque cuatro años años después de la aprobación de la Lopivi aún no funciona la justicia especializada que ordena la norma y porque cuando se ponga en marcha este otoño se hará de forma «manifiestamente insuficiente». El Gobierno solo tiene previsto crear por ahora tres juzgados contra la violencia sexual a menores (Madrid, Barcelona y Málaga) y no ha dado pasos ni para constituir la Fiscalía específica y ni los equipos técnicos multidisciplinares. Eso quiere decir, añaden, que el Ejecutivo deja fuera de la justicia especializada a la mayoría de los menores agredidos.
También piden la creación en todas las autonomías de las «casas de los niños», instalaciones pensadas para que el menor se sienta cómodo y tranquilo en su declaración y donde psicólogos, trabajadores sociales, peritos y juristas se coordinan para armar el caso sin revictimizar al niño. El modelo es clave para generalizar la exploración y declaración únicas y convertirlas en prueba preconstituida. La experiencia demuestra que reducen las dilaciones a la tercera parte y elevan las condenas hasta el 85%.
