Segovia

Socialistas y populares se echan en cara la gestión del peaje de las autopistas

Los socialistas remitieron ayer al estudio mencionado el pasado martes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado, paso que el Gobierno quiere dar para «evaluar» todos los escenarios posibles tras el fin de la concesión en noviembre de 2029 y no dejar «ni un cabo suelto». Como se recordará, el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga al Gobierno a volver a licitar la concesión de las autopistas cuando esta termine, escenario que prolongaría los peajes hasta 2036.

Según el diputado socialista por Segovia, José Luis Aceves, el pliego de condiciones del referido estudio prevé una vigencia de treinta meses, «porque no es una decisión que se pueda tomar a la ligera». El Gobierno «necesita tiempo» y un «estudio pormenorizado» para que, cuando llegue el fin de la concesión en el año 2029, «los ciudadanos no vuelvan a ser los perjudicados, como sí lo fueron cuando el PP tomó la decisión de construir una autopista de peaje en lugar de una autovía libre de pagos y más tarde prorrogó ilegalmente la concesión».

Aceves afeó al PP que los segovianos sigan soportando todavía un peaje que ha perpetuado la renovación de la concesión que en 1999 hizo el Gobierno entonces presidido por José María Aznar. «Los dirigentes del PP tienen la osadía de criticar los peajes que ellos mismos impusieron cuando decidieron construir las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51, en lugar de autovías, como proponía el PSOE, para que estuvieran libres de peajes», dijo. El diputado lamentó el «tapón económico» entre Segovia y Madrid que estos peajes han ocasionado a lo largo de los últimos veinte años y subrayó el «error» en la concesión cometido por el Gobierno de Aznar, que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Fue una prórroga ilegal del PP la que evitó el fin de los peajes, que estaba previsto para 2018. No asumir la culpa y echar balones fuera denota una falta de principios sin igual y demuestra la disposición del PP a proteger sus intereses particulares».

El senador del PP Juan José Sanz Vitorio, que también compareció para hablar de los peajes de las autopistas, dijo que el estudio anunciado por el ministro de Transportes «no es más que una excusa» para no dar una solución definitiva al problema de masificación de tráfico que hay en la travesía de San Rafael, para no desviar el tráfico pesado y no bonificar los peajes. Sanz Vitorio hizo referencia al Real Decreto 525/2012, que recoge el acuerdo al que en su día llegó el Gobierno de Zapatero para el cumplimiento de la sentencia de la justicia europea derivado de la concesión irregular de 1999. Según lo convenido, el Gobierno debe volver a licitar la concesión, por un periodo de siete años, cuando expire, lo que alargaría la vigencia de los peajes hasta el año 2036. «El Gobierno se comprometió en su momento con la Unión Europea a licitar nuevamente estos siete años adicionales de concesión, como parte de las medidas acordadas para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con sus respuestas, el Ministerio nos engaña y mantiene una situación de agravio con otros usuarios de autopistas de otros territorios», afirmó el senador popular.

Sanz Vitorio se mostró partidario de buscar una solución definitiva a la masificación de tráfico que, a día de hoy, sigue teniendo la travesía de San Rafael, que soporta una media de 12.000 vehículos diarios, de los cuales 1.200 son pesados, según datos de la Dirección General de Tráfico. La reducción del precio de los peajes a los conductores recurrentes y a los vehículos de grandes dimensiones podía ser una salida, pero la plataforma Solución a la Travesía de San Rafael es partidaria de la supresión de la explotación de las autopistas por razones de interés público, algo previsto por la ley.