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«Tenemos la sensación de que nos están robando la ciudad»Alejandra Jacinto, un referente jurídico del activismo del derecho a la vivienda, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca al Sindicato de Inquilinos, llega ... unos minutos tarde a su cita en la Sala Expresa. «Disculpad el retraso, no he sido yo, ha sido Óscar Puente». Sus críticas no se limitaron al ministro de Transportes, sino a la Ley de la Vivienda de su Gobierno porque «no acaba de hincarle el diente al asunto». Inauguró la segunda edición del Foro por el Derecho de la Ciudad reivindicando herramientas como declarar Segovia zona tensionada y, cuanto menos, congelar los precios del alquiler. Un mensaje que trasladó a todos los poderes públicos. «Es un atentado no hacer nada por el derecho a la vivienda».
El concejal de Segovia en Marcha en el Ayuntamiento de la capital, Guillermo San Juan, moderó el diálogo con Jacinto, ex diputada de la Asamblea de Madrid ante una sala con pocas sillas libres. Defendió la necesidad del foro por la «preocupación por cómo el turismo masivo se va comiendo poco a poco» Segovia. «Tenemos la sensación de que nos están robando la ciudad». Acompañó la charla con datos como que solo el 11% de las unidades familiares reciben ingresos de alquiler en la ciudad, según la Agencia Tributaria. Que solo el 4% alquilan más de dos y solo el 0,3% lo hace por cinco o más. Por eso entre uno y dos propietarios tienen en Segovia capital 293 viviendas. «El catastro no concentra más, solo dice menos de tres». Seis de cada diez viviendas que se compran en España se hacen al contado. «El dato en Segovia capital, oficiosamente, es superior. La gente paga a tocateja».
Jacinto desgranó una ley que no ha contentado a nadie: una tropelía para unos y un paso insuficiente para otros. Lamentó la «inacción absoluta de los poderes públicos desde hace 47 años» y defendió la vivienda como derecho fundamental, la «puerta de entrada» al resto , ya sean políticos, civiles o sociales. «El pecado original es que no esté regulado en la Constitución, que las Administraciones tuvieran la obligación de proveer a la población, como con la sanidad o la educación». Aunque la competencia sea autonómica, el Estado tiene la planificación de las bases económicas. «¿Cómo es posible que no lo hayan hecho hasta ahora?» Pese a la nueva norma, la inversión inmobiliaria ha aumentado un 39% en el último año en España. El dinero no se va a otros países. «Es una mala noticia, ojalá espantase a los especuladores». A su juicio, el alquiler se ha convertido en la principal brecha de desigualdad. «Hay una lucha de clases entre los poseedores de la vivienda y la gran mayoría de la población. Hay que elegir bando. Y esta ley no se acaba de mojar por una de las partes; hace guiños, pero insuficientes».
Con todo, admite los aspectos positivos. «Que haya una ley manda una señal de que esto no puede ser el sálvese quien tenga». Reivindica un derecho que la persona pueda ejercer. «Que el juez tenga que darte una vivienda». Valora la creación de un parque de vivienda social, algo que «no estaba dicho en ninguna ley», pero critica que esté destinado a la población en situación de vulnerabilidad. «Eso es un problema, el enfoque tiene que ser universal. ¿O es que la sanidad y la educación deberían ser solo para los pobres?». Al ejemplo del modelo de Viena (Austria), donde «no hay ningún estigma» por vivir en ese tipo de vivienda. Agradece la regulación de precios, pero no como está planteada. «No es lo suficiente eficaz, pero es indispensable. Tiene que haber una medida cortafuegos contra el 'rentismo', van a hacerse un poquito menos ricos, no pasa nada».
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Por eso apoya la declaración de Segovia como zona tensionada, algo que, según el texto de la norma, podría exportarse a nivel nacional. «A pesar de todas las imperfecciones, es la primera medida, yo lo pediría de cabeza». Es una declaración administrativa que suele hacerse por barrios, con dos requisitos: que la carga media del coste de la hipoteca y el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de las familias o que el alquiler aumente en tres puntos por encima del IPC. En los grandes propietarios, los que tienen más de cinco o diez viviendas, permite poner el precio que marca un índice gubernamental; en los pequeños, solo se congela. «Debería haber también bajada de precios para los pequeños rentistas». Hasta ahora solo se aplicado en 140 municipios de Cataluña; País Vasco y Navarra han dado pasos para sumarse. «Está resultando eficaz, ha demostrado que los precios bajan». Un 6,4% en Barcelona. «No es ninguna panacea con lo que está cayendo, pero en Madrid han subido un 18%». La pelota está en cada tejado. «No hay régimen sancionador. La mayoría de las comunidades se han alineado con la especulación inmobiliaria».
San Juan añadió más datos. El salario mediano, el más habitual, son 1.400 euros en Segovia. Una vivienda de tres habitaciones cuesta 826 euros de media, según Idealista. «Cumplimos los requisitos para ser zona tensionada. Muchas familias trabajadoras tienen que dedicar el 70% de sus ingresos al alquiler». En parte, porque el de vivienda turística sirve de salvaguarda a los propietarios y encarece indirectamente la residencial al bajar la oferta disponible, como ocurre con la vivienda vacía, algo que Jacinto pidió combatir. «Estamos en un contexto de escasez en el que no está justificado que retengas bienes de primera necesidad porque genera una subida de precios». En Segovia capital, hay 4.300 vacías.
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