Segovia

Policías locales estallan contra el gobierno municipal: «Nos sentimos agredidos»

Alrededor de una veintena de agentes de la Policía Local acudieron al acto de protesta, una medida que según Berbel fue aprobada en una votación interna del Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León. «Ha superado más de 40 votaciones… casi nos acercamos al 50% de la plantilla actual», afirmó. La visita se produce tras semanas de tensión por la reorganización del servicio y por el cambio de criterio municipal en la asistencia jurídica a empleados públicos encausados por actuaciones derivadas del servicio.

«La situación está estancada, casi en retroceso», sostuvo Berbel. Dijo que la plantilla se siente «agredida de forma continua» desde que gobierna el Partido Popular. En su recuento, el malestar se acumuló con las patrullas unipersonales -que según explicó, se frenaron tras denunciarse a principios de año- y con turnos en los que «no éramos suficientes efectivos». Ahora, añadió, el punto más conflictivo es una reestructuración «no deseada ni querida por el conjunto de la plantilla» que, a su juicio, generará «bastantes inconvenientes» y puede repercutir en la calidad del servicio al eliminar solapamientos en los relevos entre mañana y noche y entre tarde y noche.

El portavoz situó otro eje del conflicto en la negociación sindical. Sostuvo que la mesa de trabajo debe «hablar y pactar con todos los sindicatos», pero acusó al equipo de gobierno de «pactar con sindicatos minoritarios». En concreto, aseguró que el Ayuntamiento está llegando a acuerdos con UGT y CSIF y que al SPPMCyL «le están haciendo un vacío de forma intencionada», mientras organizaciones como Comisiones Obreras o Aitas tampoco contarían para esos pactos.

Preguntado por si esta dinámica puede fracturar al cuerpo, Berbel negó que exista una «plantilla ya dividida» como tal, aunque admitió distintas sensibilidades internas sobre cómo abordar la reorganización. Donde recalcó que no hay fisuras es en la postura respecto al cambio de la asesoría jurídica: «Del primer policía al último estamos de acuerdo» en que la medida se ha adoptado «en contra de todos los policías locales». Además, extendió esa preocupación al conjunto de trabajadores municipales.

Ese cambio, según detalló, obliga a que el empleado pague de su bolsillo la defensa y solo pueda solicitar el reintegro si hay absolución. «Nos deja desprotegidos completamente», afirmó, y se preguntó qué ocurrirá si no existe «sentencia absolutoria». El sindicato sostiene que la modificación se ha aplicado sin cambio normativo ni requerimiento externo que la justifique.

El mensaje al pleno buscó un respaldo político amplio: «Queremos que todos los concejales, los 25, apoyen las reivindicaciones del colectivo de la Policía Local». Entre ellas, reclamó volver al sistema anterior de asistencia letrada y abrir una negociación efectiva sobre la reestructuración: «Tenemos que sentarnos y verlo», dijo, «tenemos que ceder todos», pero reclamando que el sindicato mayoritario sea escuchado para evitar medidas que, en su opinión, perjudiquen al servicio y a la plantilla. La mayoría de los grupos de la oposición acudieron al lugar de la protesta para dialogar con los agentes.

En el capítulo económico, Berbel denunció acuerdos de negociación «que no se están cumpliendo» y aseguró que se adeudan retribuciones por trabajo nocturno desde principios de año: «casi 11 meses» sin abonar ese concepto. Sin una memoria económica, estimó «a grosso modo» una deuda total de unos 40.000 euros para el conjunto de la plantilla.

Si no hay cambios en las próximas semanas, el sindicato baraja volver a la negativa a realizar horas extraordinarias. Berbel reconoció que un decreto municipal se cumpliría, pero anunció que se recurriría después en los tribunales al considerar que solo caben imposiciones en casos de «emergencia y calamidad» y no por eventos deportivos o actos festivos, incluidos los navideños que tendrán lugar en las próximas semanas y que suelen requerir refuerzos de Policía Local. También señaló que podrían retomarse movilizaciones en la calle o nuevas presencias en plenos.

SPPMCyL mantiene además la exigencia de dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín, y de la concejala de Personal, María Carpio, por su papel en el cambio de criterio de la defensa jurídica.