La Junta atiende a 332 familias segovianas en riesgo de desahucio

El servicio integral de apoyo a las familias y a las personas en riesgo de desahucio ha atendido a 332 familias de la provincia segoviana desde su creación, hace cinco años. Según la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, son 929 personas a las que se ha prestado ayuda a través de esta línea que opera en red. La Administración regional también asegura que en este tiempo «ninguna familia atendida ha sufrido un desalojo forzoso de su vivienda».

La colaboración que brinda este primer nivel de atención se centra en el asesoramiento y apoyo, junto al análisis de la situación económica y social de quien demanda el respaldo de la Junta. Así, «se promueven acuerdos con las entidades financieras para afrontar o reestructurar las deudas de estas familias o facilitando fórmulas alternativas a la pérdida de la misma», explican fuentes autonómicas.

Asimismo, se acompaña a estos hogares en su búsqueda de soluciones ante las circunstancias adversas que viven y se les facilita recursos que puedan necesitar. Por ejemplo, a 63 de estos núcleos también se les ha ayudado en la elaboración de un plan de economía familiar para salir de su situación crítica.

De los 332 casos tratados en este periodo, 269 han concluido. De ellos, 186 precisaron interlocución con una entidad financiera. En la negociación de esos expedientes se alcanzaron 151 acuerdos. En la mayoría se reestructuraron los préstamos, aunque también se produjeron treinta cierres de interlocución por mejora de la situación familiar que permite afrontar los pagos, y otros veintitrés procesos de dación de pagos. «Solo en 35 casos fue inviable alguna de las soluciones anteriores por lo que se habilitaron otras medidas siempre encaminadas a mantener la vivienda o a acceder a otra en el entorno mediante alquiler», añaden fuentes de la Delegación Territorial de la Junta.

La Junta matiza que dentro de los expedientes que se cerraron también se contemplan situaciones en las que las familias desistieron una vez iniciado el procedimiento, así como los demandantes de ayuda que activaron otro tipo de prestaciones necesaria. También destacan los cincuenta casos en los que se ha concedido la Renta Garantizada de Ciudadanía a raíz de la intervención del servicio integral de apoyo.

Una de las notas características más importantes de este programa regional es, precisamente, su funcionamiento en red, lo que posibilita evitar situaciones críticas antes de que se produzcan, yendo mucho más allá de actuaciones meramente paliativas. En el sistema están implicados veinticuatro entidades locales, decenas de entidades del tercer sector, los órganos judiciales, más de cuarenta entidades financieras y la Junta de Castilla y León. Este modelo fue pionero en España.