Investigan a dos personas por construcciones ilegales en un pueblo de Segovia
El Seprona detectó tres edificaciones irregulares en suelo rústico, una de ellas destinada a uso recreativo
La Guardia Civil de Segovia, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a dos hombres de 58 y 56 años como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio. Ambos figuraban como administradores solidarios de una empresa de construcción y habrían promovido varias edificaciones en suelo rústico común en el término municipal de Carbonero el Mayor. La operación, bautizada como Hauser, se enmarca en las actuaciones de control de irregularidades urbanísticas que el instituto armado lleva a cabo en la provincia de Segovia.
La investigación se inició a partir de una denuncia formulada por el propio Seprona y tras un informe técnico emitido por el Ayuntamiento de Carbonero el Mayor, en el que se detallaban diferentes construcciones levantadas en suelo no urbanizable que no cumplían la normativa vigente. Los agentes comprobaron que al menos tres de ellas no podían ser legalizadas bajo ningún concepto. Una de las edificaciones era una nave agrícola construida a tan solo 35,5 metros de la vía pública, a pesar de que el planeamiento urbanístico exige un retranqueo mínimo de 100 metros. Además, la nave no se correspondía con el proyecto que había motivado la licencia de obras.
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La segunda de las construcciones era un cobertizo que carecía de cualquier tipo de autorización y que tampoco sería legalizable por colindar directamente con otra propiedad. En tercer lugar, los agentes localizaron una caseta de aperos que, en lugar de destinarse al uso agrícola previsto, se había acondicionado en su interior para actividades de recreo y ocio. Este tipo de aprovechamiento está expresamente prohibido por la normativa urbanística municipal en suelo rústico común. Junto a estos tres inmuebles, se identificaron otras tres edificaciones pendientes de regularización por infracciones administrativas de carácter urbanístico.
La Guardia Civil recordó que las construcciones en suelo rústico están especialmente limitadas y que los usos residenciales o recreativos solo se permiten cuando se acreditan como necesarios para explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. De lo contrario, el Código Penal contempla sanciones severas, con penas de hasta cuatro años de prisión, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de uno a cuatro años, además de la posible demolición de las obras ilegales a cargo de sus autores.
