El PP confía en la anulación judicial del contrato con la asociación Trípode Cultural

Las posturas, claras y los argumentos, expuestos. El juicio del denominado caso 'Trípode' ha quedado visto para sentencia y ahora será un juez el que determine «si el gobierno municipal socialista ha obrado con claridad, transparencia y siguiendo el procedimiento adecuado» o si, por el contrario, tal y como sospechan los populares, «ha existido alguna infracción o causa que de lugar a la invalidación del procedimiento de adjudicación del contrato del Festival de Cine a la asociación Trípode Cultural. Un contrato que no tiene validez jurídica», afirmó Pablo Pérez.

Según el portavoz popular durante las intervenciones se ha evidenciado la posible fragmentación del contrato tanto en la cuantía como en el tiempo. En la parte económica, porque se fijo en 14.999 euros, un euro por debajo del límite previsto para los contratos menores, cuando, según Pablo Pérez, «a otros dos miembros de esta asociación se les están pagando otros 6.000 euros a cada uno de ellos», lo que evidencia que «el equipo de gobierno está fragmentando un contrato».

Y a nivel temporal, argumentó Pérez, «porque es un festival plurianual y no se puede hacer por contrato menor sino que se tendría que haber hecho por licitación pública». En este aspecto remarcó que le resultó «llamativo» que el abogado del Ayuntamiento de Segovia argumentara en el juicio que en esta cita cultural no existe esa plurianualidad y que es posible que este festival no se celebre el próximo año. «Creo que todos los segovianos somos conscientes de que es un festival que se ha desarrollado de forma permanente año tras año. Su abogado dice que parece que tiene una duración limitada en el tiempo, no sé si estaba dando alguna noticia, pero lejos de esto, pero todos sabemos que este festival, bajo el nombre de Muces, se ha desarrollado de una forma permanente».

Pérez dijo que el Ayuntamiento ha aportado nuevos documentos en el juicio «que no salvan las irregularidades, pero son documentos que no se nos proporcionaron a los concejales del grupo municipal del Partido Popular cuando fuimos a solicitar en numerosas ocasiones el expediente administrativo. Ante el juez sí que los han presentados. No digo que vayan a cambiar nuestras sospechas de esta irregularidad de contrato, pero sí que evidencian una vez más esa falta de transparencia en la gestión municipal por parte del equipo de Clara Luquero», dijo. «Lo que solicitamos es la anulación del decreto de alcaldía firmado el 18 de agosto, que no lo firmó la alcaldesa, lo firmó entonces el alcalde accidental Jesús García Zamora; pedimos que se anule por esas pocas garantías jurídicas que nos ha transmitido y creo que así se ha evidenciado en el juicio. Esperaremos a ver la sentencia, ya valoraremos la trascendencia y las acciones políticas que tendremos que tomar», concluyó Pérez, a la espera de conocer en los próximos días la decisión del juez, que será firme y en la que no hay posibilidad de recurso.

El abogado del PP, César Gómez, desveló que, en la nueva documentación aportada en el expediente administrativo, hay «un informe explicativo de la actuación que ha tenido la Concejalía de Cultura hasta la fecha, hecho con posterioridad, documentos, que vienen sin fechar y sin firmar, de autoría desconocida y sobre todo un documento de propuesta de aprobación del gasto y de necesidad de la celebración del contrato». Según la defensa, dicho documento no acredita la necesidad de celebración del contrato por parte del Ayuntamiento sino la necesidad de adjudicar el contrato a una persona determinada que es la asociación Trípode Cultural». Apuntó también que el juez preguntó al testigo si estas personas venía haciendo trabajos antes del contrato para la Concejalía».