Condenan a 18 meses a un trabajador de un desguace de la provincia por incumplir la ley de residuos

El magistrado tiene en cuenta a la hora de dictaminar la pena para el encausado, trabajador de una empresa dedicada al desguace de vehículos, que ya ha abonado el coste del perjuicio originado, valorado en 6.813,35 euros. La Junta de Castilla y León, a raíz de los informes de la Guardia Civil sobre la actividad llevada a cabo en las instalaciones, decidió interponer una denuncia como acusación particular. La Administración regional pedía para el acusado tres años de prisión y veintiún meses de multa de doce meses a razón de 10 euros día.

La Fiscalía aún era más dura en su petición ya que solicitaba seis años y seis meses de cárcel para el acusado, además de treinta meses de multa con una cuota diaria de 10 euros. Asimismo, el Ministerio Público solicitaba para la empresa 60.000 euros de multa y cuatro años de inhabilitación especial para la gestión de residuos, así como la imposibilidad de acceso a ayudas públicas o para contratar con el sector público durante quince años.

La sentencia de la Audiencia Provincial se sustenta en las catorce inspecciones llevadas cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil entre noviembre de 2016 y mayo de 2017. «Se determina que ha venido incumpliendo de forma reiterada la normativa aplicable al respecto», expone el fallo judicial sobre los resultados de las inspecciones que efectuó el Instituto Armado para comprobar el correcto funcionamiento del desguace y su tratamiento de los vehículo al final de la vida útil

En concreto, la Guardia Civil puso de relieve que la empresa «no estaba realizando la descontaminación completa de vehículos al no extraerse los fluidos del sistema de aire acondicionado». Asimismo, recoge que «se estaba incumpliendo la veracidad asimilada en los certificados de destrucción o certificado de tratamiento medioambiental». Tras la vista oral que se desarrolló en el Juzgado de Sepúlveda, la acusación de la Junta elevó la demanda de penas hasta solicitar la misma que la Fiscalía.