La cesión de una parcela a Somacyl evidencia los dos modelos de vivienda en Segovia

La propuesta estuvo marcada por un intenso debate ideológico sobre el modelo de acceso a la vivienda que debe defender el Ayuntamiento, enfrentando posturas favorables al mercado y a la propiedad con otras que abogan por el alquiler protegido, los precios asequibles y la función social permanente del suelo público.

La enmienda del PSOE, defendida por la exalcaldesa Clara Martín, proponía modificar el convenio con Somacyl para garantizar que las viviendas se destinaran exclusivamente a la compra venta protegida y mantuvieran su carácter social de manera indefinida. Sin embargo, un informe técnico leído en el Pleno desaconsejó su inclusión en el convenio, explicando que esas condiciones deben establecerse en las bases de adjudicación, competencia exclusiva del Ayuntamiento, no en el acuerdo de cesión.

El informe remarcó que Somacyl solo asume la promoción y construcción de las viviendas, por lo que las cláusulas relativas al régimen de uso y adjudicación corresponden al consistorio.

El concejal de Urbanismo y viceportavoz del equipo de gobierno, Alejandro González-Salamanca (PP), justificó la operación alegando que la figura jurídica de la compra venta es necesaria para recuperar la inversión, asegurando que el régimen de protección podrá concretarse más adelante en las bases que elaborará el Ayuntamiento.

«La propuesta es ejecutar el planeamiento vigente y poner a disposición de los ciudadanos vivienda protegida. El convenio con Somacyl es un encargo a un medio propio que no busca beneficios. Nuestra misión es seleccionar a los adjudicatarios», explicó González-Salamanca, quien tildó la enmienda socialista de «contenido soviético» y acusó a la oposición de querer atar a los vecinos «como siervos de la gleba».

En la oposición, Clara Martín (PSOE) defendió que la vivienda pública debe tener una protección de por vida para evitar que el suelo cedido acabe en el mercado libre. «Si a los 15 años las viviendas se descalifican y se venden sin ningún control, esta operación será inútil. El patrimonio público debe servir para corregir la subida de precios, no para alimentar la especulación», argumentó.

Ángel Galindo (Izquierda Unida) insistió en que el alquiler es la única fórmula que impide que los recursos públicos acaben beneficiando intereses privados. «Hablan de libertad de mercado mientras las familias trabajadoras están atadas a alquileres de 850 euros al mes», señaló, reprochando al gobierno local su falta de voluntad para controlar el uso del suelo.

La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, apoyó la cesión de la parcela y acusó a formaciones de la oposición de bloquear avances. «No vamos a dar soporte al intervencionismo desmedido que no busca dar una oportunidad de desarrollo a los segovianos», dijo. «Lo importante es que se construya vivienda pública. El precio de la vivienda está desbocado y esto es un paso positivo», declaró. También recordó que los precios del alquiler han subido un 21% en el último año.

Alfonso de Ceballos Escalera y Gila (Vox) aseguró que la enmienda buscaba convertir la promoción en «ingeniería social perpetua». A su juicio, establecer condiciones permanentes sobre las viviendas públicas limita la libertad individual y desincentiva su construcción. «No podemos hipervigilar todo. Si se cumplen los plazos, se construyen y sirven para aliviar la demanda, habremos hecho bien nuestro trabajo», dijo.

Durante el debate, portavoces como Ángel Galindo o Guillermo San Juan (Segovia en Marcha) citaron ejemplos europeos como Viena o Ámsterdam, donde los altos porcentajes de vivienda pública permiten un mercado más regulado y accesible. Guillermo San Juan aseguró que «si España no hubiera vendido su parque público de viviendas, hoy tendría un 40% de vivienda social en lugar del 2% actual».

La confrontación subió de tono en varias ocasiones, con acusaciones cruzadas de fomentar la especulación o de querer establecer sistemas «soviéticos» de vivienda. Clara Martín preguntó al PP «qué modelo de ciudad quieren», criticando que se promueva un sistema que «a los 15 años permite que lo público pase a manos privadas sin retorno económico para el Ayuntamiento». En respuesta, González-Salamanca insistió en que «el verdadero problema de la vivienda se resuelve construyendo más. Si tuviéramos suelo para 1.600 viviendas, haríamos 1.600».

Con la cesión aprobada, Somacyl dispondrá de dos años para construir las 14 o 16 viviendas -todavía está por definir- en los terrenos situados junto al Mercadona del barrio de San Lorenzo.