Segovia

La abstención de Ciudadanos permite sacar adelante la subida de tasas

La subida de tasas fiscales ya tiene luz verde en el seno del Consistorio. La mayoría simple resultante de la votación en la sesión plenaria era suficiente para aprobar un incremento de la presión fiscal que, a juicio del PP, persigue «cumplir el imperativo legal del Gobierno de Pedro Sánchez». Con ello, se refiere a la decisión de repercutir en los ciudadanos el cien por cien del servicio de recogida y tratamiento de residuos por la aplicación de la legislación comunitaria. «Es obligatorio; nosotros no somos unos insumisos y quien vote en contra está llamando al incumplimiento de la ley», aseguró la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano.

La puesta en marcha de esta normativa recoge los precios de aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público o el impuesto sobre vehículos. Sin embargo, el IBI y la tasa de basuras han sido los puntos más polémicos. En este último caso, el aumento anual se cifra en 26 euros, que se une a los 17 euros que ya fueron repercutidos en el verano de 2023 para sufragar los gastos declarados por el Consorcio Provincial de Medio Ambiente. En total, los recibos anuales de este servicio se dispararán más de un 50% en solo dos años, al pasar de los 82 euros hasta los 126 -cuota base- que se tendrán que sufragar a partir del 1 de enero.

El grupo municipal socialista advierte de que esta medida supone recaudar «un millón de euros más de lo que realmente se va a utilizar para la gestión del servicio público», explicó su portavoz, Clara Martín. Su compañero de partido, Jesús García Zamora, detalló que el coste que se debe pagar al Consorcio en concepto de tratamiento de basuras es de 4,7 millones mientras que el gobierno municipal percibirá 5,6 millones. «Van a meter la mano en el bolsillo de los segovianos para pagar los caprichos del alcalde José Mazarías y el despilfarro al que nos tienen acostumbrados», sostuvo.

El anuncio de esta propuesta fiscal, denominada en sendas ocasiones como «tasazo», también fue víctima de múltiples críticas por parte del resto de grupos. «Es una medida ideológica impuesta por Bruselas y contradice la legalidad vigente; es un 'mazazo' directo a la economía de las familias», consideró Esther Núñez, al frente de Vox. A su vez, se mostró partidaria de revisar la política fiscal para compensar esta subida con la bajada de otros impuestos. «Tenían opciones para que no todo el mundo pagase lo mismo, pero tienen muchas necesidades, como triplicar el gasto de protocolo y propaganda o alquilar coches para la Alcaldía», sostuvo el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo.

Guillermo San Juan, que encabeza Segovia en Marcha, se quejó de la «presión fiscal» que soportarán los habitantes después de haber aumentado ya otros servicios, como es el de transporte urbano; y de futuros gravámenes, como es el IBI. «Han tomado la decisión de aumentar la carga y no repartirla en aras de una mayor justicia social», insiste. La única excepción visible en este discurso es la edil de Ciudadanos, Noemí Otero, quien valoró de forma positiva la creación de una mesa de tasas, el «cambio de chip» del PP a la hora de negociar y la necesidad de «facilitar la acción de gobierno». Son los argumentos empleados que le han llevado a abstenerse de la votación.

El equipo de gobierno no había presentado con antelación los detalles de la nueva ordenanza y tampoco lo hizo durante el pleno. Serrano hizo hincapié de forma reiterada en que la aplicación de la tasa de basuras era una cuestión «obligatoria». «No tenemos opción», reiteró en diversas ocasiones. De modo contrario, alertó sobre la posible pérdida de subvenciones europeas y de la merma de fondos procedentes del Estado con destino Segovia.

En relación al IBI, el tipo de gravamen asciende del 0,48% al 0,65%, lo que implica un destacado repunte en el coeficiente que se aplica al valor catastral, que ha sido actualizado en los últimos meses. Esto conlleva importantes fluctuaciones en los recibos de los segovianos, tanto al alza como en descenso.

«La realidad es que hay vecinos que tendrán que pagar 200 euros más», detalló Galindo. Si se tiene en cuenta la tasa de basuras, la carga fiscal rondaría en hasta 226 euros más al año para algunos residentes. «Es uno de los tributos de este tipo más altos de toda España», matizó Martín. A ello se suma la eliminación de la bonificación del 3,5%, la cual estaba «perfectamente asentada», incluso «cuando decían que se podía bajar en diez puntos», explicó la edil socialista.

El dictamen de tasas salió adelante con los mismos resultados de votación que resultaron de la última comisión informativa. La discusión fue fluida y su duración apenas alcanzó la hora. Según relató la titular del área de Hacienda, el documento se iba a llevar a la sesión ordinaria pero «nos pidieron tiempo para negociar y hablar». Esto llevó a convocar un pleno extraordinario. El PSOE declaró que «nos tienen acostumbrados a tarde y mal», ya que fue el edil de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, quien tuvo que «salir in extremis a negociar con el resto de portavoces». Martín afirmó que «no han querido trabajar con las propuestas presentadas por el resto de los grupos».