Más de 30.500 segovianos de 160 pueblos carecen de acceso directo a dinero en efectivo

Este trabajo evalúa el grado de cobertura que brinda esta red de recursos financieros y, por lo tanto, la accesibilidad directa al efectivo en el conjunto del territorio nacional. Para ello, la experta estudia la distribución geográfica de esas infraestructuras y su concentración, y lo relaciona con las características sociodemográficas de las diferentes regiones. «Con este fin, se presenta un índice de vulnerabilidad que permite detectar aquellos municipios con un mayor riesgo de quedar financieramente excluidos en términos de acceso al efectivo», explica Posada en la presentación del trabajo, en la que anticipa que hay aproximadamente 1.300.000 ciudadanos españoles que se encuentran en una situación que puede considerarse vulnerable.

La autora del estudio aclara que es «fundamental» asegurar que los ciudadanos que deseen usar el efectivo como medio de pago tengan acceso a él. Son en su mayoría personas de edad ya avanzada, con escasa o nula capacidad para manejar las nuevas tecnologías que se imponen cada vez más en la operatividad financiera, que además habitan en entornos rurales marcados por la dispersión demográfica, por unas comunicaciones deficientes y por un progresivo envejecimiento y aislamiento. Las dificultades se multiplican para disponer de dinero en metálico si esos municipios carecen de sucursales o de cajeros automáticos.

«En España, la reducción del número de puntos de acceso al efectivo desde 2008 ha sido muy notable. El número de oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50%, mientras que el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20%», detalla Posada. En la provincia segoviana, en trece años se ha pasado de alcanzar la cresta de ola de la expansión, con 208 sucursales, lo que suponía una ratio de una por 802 habitantes, a contar con 113, según los datos del Banco de España, lo que equivale a una oficina por 1.358 ciudadanos. Desde 2008 se han cerrado más de noventa terminales presenciales, diecinueve de ellas solo en el último trienio.

El informe baja al terreno provincial y pone de manifiesto que la distribución geográfica de los puntos habituales de expedición de dinero en metálico como son las oficinas de las entidades bancarias o crediticias o los cajeros automáticos «tiene una elevada correspondencia» con el reparto demográfico de la población. Es decir, que gran parte de la red de infraestructuras de acceso directo al efectivo se localizan en zonas densamente pobladas, mientras que en los entornos rurales se da una mayor dispersión de terminales y de cajeros.

La provincia de Segovia es la prueba palpable de esta conclusión. De los 209 municipios que la componen, 160 carecen de una sucursal financiera o de un cajero. Dicho de otro modo, 49 términos concentran las 113 terminales físicas que permanecen abiertas y en funcionamiento para atender a la clientela. El estudio del Banco de España cifra en 30.511 los segovianos residentes en esas localidades del medio rural que no disponen en sus pueblos de puntos de acceso directo a dinero en efectivo. Estas personas se tienen que desplazar a otros términos cercanos, que en la mayoría de los casos se encuentran dentro de un radio de acción de entre cinco y diez kilómetros.

Hay una alternativa: si el vecino no puede acudir a la entidad presencialmente, es el banco el que se acerca al ciudadano. Es el caso de Caixabank, cuya oficina móvil recorre rutas establecidas que pasan por los pueblos carentes de la infraestructura física. De esta forma trata de paliar la necesidad que manifiesta la población más envejecida y vulnerable a caer en la llamada exclusión financiera. El banco mantiene estas terminales rodantes. En la provincia operan dos autobuses que el año pasado 'visitaron' 91 municipios del medio rural segoviano, lo que supuso un notable aumento de la actividad con respecto a ejercicios precedentes por el impacto de la pandemia del coronavirus. Ambos 'ofibuses' sumaron más de 7.000 kilómetros recorridos para facilitar la retirada de efectivo, la realización de ingresos en metálico o el pago de recibos e impuestos.

El estudio de Diana Posada para el Banco de España revela que «Castilla y León es la comunidad autónoma con una cobertura menos amplia» de puntos tradicionales físicos para operaciones con efectivo. Identifica las provincias de Zamora y Ávila como las que presentan menores ratios de población con una infraestructura de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros. Para explicar esta circunstancia, la experta alude a factores como la dispersión geográfica o la orografía del territorio, que han hecho que «históricamente la cobertura de la red de oficinas y de cajeros en estas zonas haya sido menor y se haya tenido que ver compensada, en parte, por alternativas como agentes financieros u oficinas móviles». A ello, añade los procesos de fusiones bancarias y la progresiva desaparición de las cajas de ahorros durante los últimos años para acreditar la falta de instalaciones presenciales para operar en efectivo.

En el caso de un hipotético cierre de algunos puntos existentes, la población segoviana amenazada por la exclusión financiera sería bastante mayor, a tenor de la proyección que hace el estudio. El porcentaje de vecinos sin acceso directo a efectivo en un radio de cinco kilómetros subiría un 15%.

La economista define el perfil de las personas que con más frecuencia usan metálico como medio de pago: «Son individuos de mayor edad, menor renta y menor nivel educativo».