El Estado creará una marca de calidad de los Parques Nacionales

La Ley de Parques Nacionales lo contempla, aunque hasta ahora apenas había salido a relucir. Además de figurar en el preámbulo, en su apartado sobre el desarrollo territorial, en el tercer punto del artículo 33, la lectura de la norma publicada en Boletín Oficial del Estado estipula que «se potenciará el desarrollo de la marca Parques Nacionales de España como un identificador común de calidad para las producciones de estos espacios, en donde agrupar e integrar a aquellas producciones de los parques nacionales que voluntariamente lo soliciten y que cumplan las normas reguladoras que reglamentariamente se determinen».

Este sello de garantía común para los quince espacios protegidos declarados con esta figura 'nacional' que hay en la geografía española había pasado casi de puntillas hasta ahora. La codirectora de la vertiente segoviana del Parque Nacional de Guadarrama, Patricia Riquelme, lo ha citado este lunes antes de pasara a la reunión informativa mantenida con dieciséis de los diecinueve municipios de la provincia segoviana integrados en las 12.246 hectáreas por las que se extiende el parque serrano de cumbres en territorio castellano y leonés.

Y aunque en este encuentro, los representantes de los diferentes ayuntamientos no han tratado la futura implantación del sello de calidad, es un proyecto que está en cartera y que deberá ser acometido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La competencia en este ámbito de actuación es estatal, por lo que las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid, que son las responsables de la gestión de cada espacio protegido, están expectantes a que el Gobierno central avance en la creación de esa marca que impulsará el desarrollo territorial en los municipios y comarcas enclavadas en los distintos parques. Y por supuesto, en el de Guadarrama, también. De hecho, los responsables regionales intuyen que el desarrollo de la marca de garantía se producirá «en breve».

El capítulo de la Ley de Parques Nacionales dedicado a ese desarrollo territorial también define en su articulado lo que son las áreas de influencia socioeconómica. Están «constituidas por los términos municipales que aportan territorio al parque nacional y, excepcionalmente, por otros directamente relacionados, siempre que haya causas objetivas que lo justifiquen y así se considere en las leyes declarativas». Dieciséis localidades están incluidas en la vertiente segoviana y otras tres más (Gallegos, Ortigosa del Monte y Otero de Herreros) están englobadas en la denominada zona periférica de influencia.

La normativa establece que la administraciones públicas, en la aplicación de los regímenes de apoyo a las áreas de influencia socioeconómica, tendrán en especial consideración, tanto cualitativa como cuantitativamente, a los municipios que aportan terrenos a los parques nacionales. Así, la legislación obliga a prestar una «atención singular» a estos espacios declarados de influencia y a «potenciar las actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización del entorno del parque nacional».

Casuística muy amplia

La reunión de este lunes, que ha tenido lugar en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, ha servido para que la codirectora de la vertiente segoviana y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Ignacio Quintanilla, informaran a los representantes municipales de los dieciséis ayuntamientos encuadrados directamente en el Parque Nacional de Guadarrama sobre las ayudas a las que pueden acceder en cuanto se convoquen.

El abanico de opciones y la casuística a la que pueden recurrir los consistorios son muy amplios, según ha manifestado Patricia Riquelme, quien ha enumerado a modo de ejemplos algunas iniciativas sobre las que las entidades locales pueden justificar su demanda de apoyo económico. Fundamentalmente tratarán la mejora de infraestructuras, la organización de actividades culturales y sociales y la creación de empleo en el ámbito local. Siempre desde el punto de vista de sostenibilidad.

«Las ayudas se ponen en marcha en concepto de compensación a instituciones o particulares integrados en los límites de los parques nacionales o sus zonas de influencia socioeconómica, por las limitaciones de uso que implica la protección de dichos espacios», argumenta la Junta de Castilla y León.

La primera vez

Como ha subrayado la codirectora de la vertiente segoviana, «es la primera vez» que se van a convocar estas subvenciones destinadas al Parque de Guadarrama y, por tanto, la primera vez que hay dinero para invertir en las localidades implicadas.

Debido a la cercanía del final del curso, la Junta de Castilla y León se ha decantado por la concesión de ayudas directas, aunque uno de los objetivos de la reunión de este lunes era, precisamente consensuar los criterios sobre los establecer el reparto de los 260.000 euros previstos y trasferidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente como anticipo del 80% a los consistorios de la concesión total, que será superior a los 300.000 euros.

La cuantía que reciba cada entidad podrá destinarse a la modernización de instalaciones que prestan servicios generales; restauración de patrimonio natural, cultural o etnográfico; reducción de emisiones; adecuación paisajística; saneamiento; actividades culturales y sociales, o creación de empleo en el ámbito local, entre otras intervenciones, que siempre deberán realizarse en la línea de los criterios que contempla la Ley del Parque, entre ellos el desarrollo socioeconómico de los municipios.

Criterios

Asimismo, todos los proyectos deberán posibilitar actividades compatibles con la conservación de la naturaleza, la integración del parque en la realidad comarcal donde se sitúa, la protección del patrimonio natural, cultural y arquitectónico, la revalorización de los aprovechamientos tradicionales, así como aquellas acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona.

En un principio, aunque con los matices lógicos de querer el máximo posible para sus localidades, los dieciséis representantes municipales no ven con malos ojos los criterios de la distribución económica. Se puede hablar de consenso tras el encuentro, en el que se ha fijado que el 25% de la cantidad se asigne de maneta «lineal» a todos los municipios; el 50% en función de la superficie de afectación, y el otro 25% responderá a la implicación periférica. Algunas voces han echado de menos la inclusión del criterio de la población, aunque en líneas generales ha habido un principio de acuerdo.