La justicia multará a la alcaldesa si no legaliza la casa de La Parra

El portavoz municipal de Izquierda Unida (IU), Luis Peñalosa, ha comparecido este jueves para hacer pública una providencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). En esta instancia, la justicia viene a ratificar una sentencia anterior que fallaba a favor del derribo de la casa de la calle La Parra, tal y como viene demandando la coalición de izquierdas desde hace años.

El nuevo escrito conmina a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, «para que un plazo de quince días desde la notificación adopte las medidas oportunas para ejecutar la sentencia atendiendo a la normativa urbanística actualmente vigente», reza la providencia con fecha del 28 de enero emitida en Burgos.

El documento del Tribunal Superior de Justicia alude a un anterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local, según el cual «parece desprenderse que sólo se busca la aprobación de un plan específico para la parcela concreta objeto del recurso» que interpuso en su día el equipo de Gobierno municipal. La providencia de finales de enero sostiene que el Ayuntamiento de la capital no quiere cumplir la sentencia del derribo de la polémica edificación, a pesar de que la regidora ha manifestado en numerosas ocasiones la intención de buscar la mejor fórmula para legalizar el asunto.

Ante esta interpretación, el magistrado insta a Clara Luquero a ejecutar la sentencia y demoler la casa de La Parra. De no hacerlo y de seguir adoptando «meras medidas para seguir dilatando el cumplimiento» de aquella sentencia recurrida por el Ayuntamiento, la alcaldesa se expone a una multa de 500 euros que se repetirá cada mes hasta que acate el fallo.

Un coste de 200.000 euros

Cabe recordar que la resolución del tribunal autonómico del pasado junio abría la puerta a la legalización de la vivienda y los garajes de la calle La Parra, Demoler el inmueble le costaría a la ciudad 199.990 euros, con independencia de la reclamación millonaria que puedan plantear los propietarios, pues éstos construyeron la casa tras obtener la correspondiente licencia municipal hace veinte años.

Entonces la regidora apuntó la posibilidad de abrir un expediente que acreditara que el edificio cumple los requisitos (de edificabilidad) establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así, la alcaldesa encargó a los técnicos de Urbanismo que estudiaran la viabilidad de ese expediente para evitar el derribo de la edificación, y también para que el Ayuntamiento se ahorre los 200.000 euros de la demolición y las posibles indemnizaciones millonarias a los propietarios de las viviendas y los garajes.

Sin embargo, la nueva providencia considera que esos movimientos del equipo de Gobierno han servido para dilatar el cumplimiento de la sentencia.