Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio exigen dignidad para una labor esencial

Su labor es «imprescindible» para la sociedad, pero las empresas ven su trabajo «solo como una mercancía en la que hay que ahorrar todo lo posible», empeorando más si cabe unas condiciones laborales «precarias». Son las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (el 98% son mujeres) que ayer reclamaron dignidad para la labor que realizan y un convenio colectivo justo.

Debido a la pandemia, solamente una veintena de personas en representación del Servicio de Ayuda a Domicilio se concentró ayer en la Plaza Mayor de Salamanca, en una convocatoria que se celebró en distintos puntos de la comunidad, ya que el convenio que regula el sector es regional. Un convenio que se terminó en 2016 y en el que ahora se han roto las negociaciones porque las condiciones de la patronal son «inaceptables» y suponen un «retroceso retributivo y laboral».

Aproximadamente 560 personas trabajan en este sector en toda la provincia de Salamanca; 200 en la capital, que dependen de la empresa contratada por el Ayuntamiento, y 360 en el resto de municipios, dependientes de la contrata con la Diputación. El 98% son mujeres, con contratos a tiempo parcial, que atienden a unas 2.500 personas dependientes.

El convenio «no se renueva y cada vez nos ofrecen menos dinero», pero no se trata solo de «perder dinero», también «queremos que se nos tenga en cuenta, que somos un servicio esencial, y que vivimos de este trabajo», afirmó Ana Prieto, trabajadora de Ayuda a Domicilio en la capital. Recordó que es un sector donde la mayoría son mujeres y muchas familias monoparentales, con jornadas «muy parciales, tres o cuatro horas diarias, y encima partidas». Además «no se nos tiene en cuenta el tiempo que nos desplazamos de un domicilio a otro, no recibimos plus de transporte y arriesgamos nuestros vehículos». Todo «este tipo de cosas queremos que se nos tengan en cuenta».

El sector quiere que «las administraciones se impliquen también, porque son ellas las que están sacando unos pliegos de condiciones cada vez a menor precio», comentó Prieto, que se preguntó «qué empresa les va a dar a sus trabajadoras un sueldo digno si la administración cada vez le paga menos». Al menos, añadió, «que ese pliego de condiciones cubra el precio del convenio y que se impliquen, que pongan dinero encima de la mesa y trabajemos en condiciones dignas». Durante la pandemia «se ha demostrado que somos un servicio esencial, hemos estado al pie cañón», destacó Prieto.

Las condiciones de estas trabajadoras son si cabe aún peor fuera de la capital. «La precariedad en el mundo rural es sangrante; hay contratos de una hora, de dos o de cuatro, sueldos precarios -a veces no se llega a 300 euros-, trabajadoras que igual están 15 días seguidos, muchas veces con dificultades para conciliar, hay que ir a varios pueblos, etc. La situación no puede ser más desastrosa», afirmó Marisol Hernández. Es «de lo más precario que puede haber» y «encima es una posibilidad de dar empleo a las mujeres, porque en el mundo rural es prácticamente el único acceso laboral que tenemos», apuntó.