El respaldo unánime de las Cortes al Archivo irrita al nacionalismo catalán

Las contundentes reacciones del nacionalismo catalán al acuerdo unánime en defensa del Archivo de la Guerra Civil, adoptado el pasado 22 de diciembre por las Cortes de Castilla y León con el voto favorable y sin fisuras de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leonés, no se han hecho esperar.

La Comisión de la Dignidad, plataforma ciudadana que viene abanderando y azuzando desde hace más de una década las reivindicaciones catalanas por los documentos depositados en el Colegio de San Ambrosio de la calle Gibraltar, ha respondido sin titubeos y con firmeza a la declaración institucional auspiciada por el Parlamento castellano y leonés.

Los miembros de la comisión han negando de forma tajante, en el manifiesto redactado de forma inmediata a la declaración rubricada en el hemiciclo de Valladolid, que se haya cometido ninguna ilegalidad en el envío de las diferentes remesas de documentos que fueron entregados a la Generalitat a lo largo de los dos últimos lustros. Puntualiza que si algún documento fue sacado erróneamente, «ha sido devuelto inmediatamente». Además, la comisión insta a las Cortes de Castilla y León a pedir al Ministerio de Cultura que «satisfaga el derecho de los ciudadanos a recuperar sus archivos familiares e institucionales expoliados», así como a la apertura de «un nuevo plazo para hacer las peticiones, haciendo difusión y dando información sobre los nombres de las personas, entidades, partidos y sindicatos que tienen documentos en el fondo de Salamanca para que puedan recuperarlos».

Tras advertir de que el proceso de devolución de legajos del Archivo salmantino a Cataluña no ha finalizado, la Comisión de la Dignidad recalca que el Archivo Nacional de Cataluña sí está intentado localizar a los titulares de los fondos remitidos a aquella región para poder hacer sus restitución y reclama también la devolución, a tierras catalanas, de la documentación de la Consejería de Justicia y Orden Público que operó durante la Guerra Civil en Barcelona y que permanece almacenada todavía en el depósito del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Además, la comisión que lidera Josep Cruanyes aboga por el traslado a Cataluña de la documentación del periodo bélico perteneciente a los ayuntamientos de 41 municipios, entre los que figuran Barcelona, Tarragona, Valls, Reus y Igualada.

«Tampoco se ha devuelto enfatiza la Comisión de la Dignidad la documentación del archivo institucional de la Generalitat que tenía en 1940 en París, que no fue requisada por los franquistas sino por la Gestapo alemana y que fue entregada a la Embajada española». En su opinión, el Archivo salmantino acumula «las migajas del cerca del millar de toneladas de documentos de todo el Estado, que se llevaron a Salamanca para confeccionar un gran archivo de tres millones de fichas como soporte de la represión sistemática del franquismo».