Estudian acudir al delito de desobediencia si no se ejecuta la sentencia del Corona Sol

El hotel Corona Sol vuelve a ocupar de nuevo parte de la actualidad municipal. Esta semana, en la Comisión de Fomento y Patrimonio, el concejal del Grupo Municipal Ganemos, Gabriel Risco, preguntó de nuevo al equipo de Gobierno qué tiene pensado hacer con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se refiere al estudio en detalle que transfirió edificabilidad a la parcela donde se asienta el hotel y que fue anulado por la justicia. La respuesta recibida fue que se está pendiente de algunos informes municipales solicitados a técnicos del Ayuntamiento, así como de documentación requerida a la promotora del establecimiento hotelero, la constructora Palco 3.

«El resumen que se puede hacer es que nos volvieron a dar largas», explica a este respecto Gabriel Risco, que añade que también inquirió sobre si había un plazo determinado para esa entrega de documentación, sin recibir respuesta alguna. Así las cosas, en la próxima comisión de Fomento y Patrimonio, que tendrá lugar el martes, 10 de noviembre, Risco volverá a preguntar sobre la cuestión, según avanza. Y, de igual modo, requerirá al secretario de esta comisión que le comunique si existe ese plazo para que la constructora haga entrega de la documentación requerida. De recibir de nuevo «largas» por parte del Gobierno del PP, desde Ganemos se prevé mantener una reunión con el resto de grupos políticos en la oposición, PSOE y Ciudadanos, para intentar llevar a pleno una moción conjunta sobre esta cuestión.

«Si no se modifica el PGOU, el hotel es ilegal, pero esa modificación va en contra de las sentencias de los tribunales, que el Ayuntamiento no está ejecutando», recuerda Gabriel Risco. Y es que el Corona Sol permanece desde hace año y medio en un estado de ilegalidad peculiar, surgido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de marzo de 2013, ratificada por el Tribunal Supremo en enero de 2014, que declaraba nulo aquel estudio en detalle que, a su vez, permitió las dimensiones de las que hace gala el edificio y que causaron la revolución vecinal que desembocó en la asociación Vecinos tras el Muro y en la guerra judicial que aún se mantiene abierta en diversos frentes. El equipo de Gobierno de la anterior legislatura intentó atajar este problema cambiando ad hoc la normativa urbanística el pasado 7 de febrero, pero las elecciones llegaron antes de que se llevara a pleno la aprobación definitiva.

Nuevos contactos

En este sentido, los vecinos han mantenido nuevos contactos con los partidos en la oposición para valorar sus posturas en el hipotético caso de que el Gobierno local decidiera llevar a pleno tal aprobación definitiva de la modificación del PGOU. De igual modo, fuentes de la asociación Vecinos tras el Muro no descartan llegar a utilizar medidas más drásticas, como recurrir al artículo 410 del Código Penal, que trata de los casos en los que las autoridades o funcionarios públicos se niegan a dar «debido cumplimiento a las resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales». Esto es, el delito de desobediencia, que puede suponer la pena de multa de tres a doce meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Los vecinos, por el momento, van a iniciar conversaciones con sus representantes legales para ver si este camino es posible, como ha sucedido en otros casos recientemente acaecidos en la misma Comunidad Autónoma de Castilla y León. Porque, recuerdan fuentes de la asociación vecinal, ya hace «más de año y medio desde que salió la sentencia firme del Supremo y un año más de la sentencia del TSJCyL», tribunal este último que ya ha requerido en tres ocasiones al Ayuntamiento que cumpla con su sentencia y ejecute la nulidad del estudio en detalle.

En este punto, cabe recordar que los vecinos denuncian también la «inoperancia» de la justicia salmantina, que no ejecuta la sentencia (si el estudio en detalle es nulo, es nula por tanto la transmisión de edificabilidad y las dimensiones del edificio son ilegales) ni dicta sentencia sobre dos de las licencias recurridas. En este sentido, en la única manifestación al respecto de este peliagudo tema realizada en los últimos meses por el equipo de Gobierno, el concejal de Fomento, Carlos García Carbayo, afirmó que «todas las licencias del hotel Corona Sol son perfectamente legales y ajustadas a Derecho y el Ayuntamiento trabaja en aras del interés general y no para favorecer a un grupo de vecinos o un promotor». Así se manifestó en el pleno del mes de octubre, en respuesta a una pregunta de Ganemos realizada en el pleno de septiembre.

Tal respuesta del edil de Fomento estaba basada en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca de 30 de septiembre de 2014, por la que se validó la licencia de cambio de uso del edificio del Corona Sol. En ese fallo judicial, la magistrada se remite a una doctrina del Tribunal Supremo por la que, por razones de seguridad jurídica, «se atempera el principio de eficacia absoluta de las sentencias anulatorias respecto de los actos administrativos que hubieran alcanzado firmeza con anterioridad a que la sentencia anulatoria de aquellas disposiciones tuviese efectos generales».

Es decir, aunque el estudio en detalle sea ilegal, y así lo haya dicho la justicia, tal decisión no tiene efectos retroactivos sobre la licencia de obra concedida en 2005 y de primera ocupación del año 2011, que son inatacables por «seguridad jurídica». O, dicho de otro modo, por no causar un mal mayor, a ojos judiciales, que, en este caso, sería el cierre del hotel y el derribo del inmueble.

Y es que tal medida, el derribo total del hotel parece a todas luces imposible de llevar a cabo, ya que siempre primará la contundencia de los hechos y de lo construido, así como la actividad económica que el negocio genera. No obstante, son muchas las voces que reclaman compensaciones por los diversos atropellos urbanísticos llevados a cabo, según los vecinos y la justicia, en la parcela que en tiempos formaba parte del complejo del hospital Santísima Trinidad.

Sin que se descarte tampoco un derribo parcial de la estructura superior del hotel, esa que precisamente impide que circule el aire en los patios de los bloques de la calle Alarcón, como denuncian también los vecinos, temerosos de que este inviernos los humos de las calefacciones vuelvan a concentrarse y a provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.