El Consistorio de Peñaranda exige un plan de viabilidad para el matadero

Nadie quiere que las ilusiones queden de nuevo en saco roto, por lo que el Ayuntamiento de Peñaranda se ha propuesto ir con cuidado y con calma en el proceloso asunto del matadero municipal. Tras las buenas perspectivas planteadas por la empresa que se hizo cargo de las acciones de Cárnicas Peñaranda (concesionaria del servicio) todo quedó en nada y en mayo el Ayuntamiento, entonces presidido por el popular José Antonio Jiménez Barcala, clausuró las instalaciones después de detectar que no se estaba llevando a cabo actividad y que los trabajadores llevaban tres meses sin recibir sus salarios.

La falta de un «interlocutor válido», como se denominó entonces, llevó a tomar esta decisión, que ahora quiere revertirse. Por ello, se han iniciado las conversaciones entre el Ayuntamiento, ahora liderado por la socialista Carmen Ávila, y los representantes jurídicos de la empresa concesionaria. «Hemos tenido varias reuniones y lo que se ha planteado es que, para reabrir el matadero el Ayuntamiento necesita garantías», explicó ayer mismo la alcaldesa. Y es que la empresa asegura que tiene volumen de trabajo suficiente como para sacar adelante sin problemas la actividad y hacerse cargo de los sueldos de los trabajadores, pero, dadas las circunstancias pasadas, nadie parece tener la confianza suficiente.

De ahí que una de las medidas exigidas por el Consistorio haya sido un plan de viabilidad, que determine cuándo, cómo y cuánto y que otorgue al equipo que preside Ávila una garantía en caso de que las cosas volvieran a salir mal.

«Cuando nos llegue ese plan, en el convenio que volveremos a firmar con la empresa delimitaremos que si se produce de nuevo un cierre, dentro de un tiempo concreto, el Ayuntamiento no sufrirá perjuicio alguno», añadió la alcaldesa. Esto es, que si vuelve a haber problemas se plantee la rescisión unilateral por parte del Ayuntamiento del convenio que mantiene con la empresa Cárnicas Peñaranda sin que las arcas municipales se vean perjudicadas.

Cabe recordar en este punto que en la anterior apertura del matadero, producida a principios de este año, el Gobierno de Jiménez Barcala exigió a la empresa concesionaria un aval de 30.000 euros por si había problemas. Ese dinero «sigue ahí», como confirmó ayer Carmen Ávila, pero la situación, tras el cierre del mes de mayo, ha alcanzado otro nivel de gravedad por lo que las garantías que han exigido los asesores jurídicos municipales han ido más allá.

Hay que señalar por último que la empresa Cárnicas Peñaranda mantenía un convenio con el Ayuntamiento que se firmó en el año 2000 y que se extiende en el tiempo hasta 2050. A través de este acuerdo, el Consistorio cobra un canon a la empresa por los suministros consumidos y mantiene una supervisión general sobre todas las circunstancias que allí se produzcan.