La Asociación Salvar el Archivo inicia la andadura de una segunda demanda contra la Generalitat

La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca recibía esta semana un histórico espaldarazo al conseguir sumar un apoyo político impensable solo unos meses atrás. El colectivo encabezado por el investigador Policarpo Sánchez ha configurado «un auténtico frente constitucional» en defensa del Centro Documental de la Memoria, con el que «demostramos que esta causa no es una cuestión de derechas o de izquierdas, sino de cumplimiento de los principios democráticos y la legalidad», afirma el experto.

De esta forma, la asociación ha incorporado a la posición que hace apenas un año mantenía Policarpo Sánchez prácticamente en solitario a un frente político y social compuesto por Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, Unión del Pueblo Leonés, Unidad Regionalista, Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos, Vox, Foro Asturias, Seguí por Valencia y Círculo Cívico Valenciano. Un empuje político que Policarpo Sánchez asegura que no será en vano. «Vamos a emplear este respaldo para hacer ver a la Generalitat que no nos van a tomar el pelo, que no vamos a descansar hasta que estén en Salamanca los miles de papeles que ha recibido indebidamente estos años y aquellos que según el Constitucional no debería retener en Barcelona al no haber sido entregados a sus legítimos propietarios».

De esta forma, el presidente de Salvar el Archivo anuncia que la carta que acompaña al manifiesto firmado este miércoles por los partidos políticos inicialmente siete, a los que posteriormente se unieron otras cuatro formaciones- , supone el inicio de una nueva reclamación administrativa que «si no hay antes una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno de Artur Mas, desembocará en un segundo contencioso en vía judicial». En esta carta que dirige al presidente catalán, el investigador salmantino avanza su determinación de llevar a cabo «toda iniciativa tendente a garantizar la integridad del Archivo» y muy especialmente «las acciones judiciales ya iniciadas, sin perjuicio de seguir con la reclamación por los cauces que legalmente procedan».

El pasado mes de septiembre y a título personal, Policarpo Sánchez sustanciaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un contencioso administrativo en el que denunciaba que la Generalitat de Cataluña ha recibido desde el año 2006 un gran volumen de documentación procedente del Archivo de la Guerra Civil y cuya entrega, sin embargo, estaría en muchos casos fuera de los márgenes fijados por la propia Ley de Restitución Documental.

«Consideramos que la Generalitat de Cataluña mantiene en su poder documentos y otros efectos que vulneran el mandato legal, y que la actitud del Gobierno que usted preside, negándose incluso a cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, al no restituir los documentos y efectos a sus titulares de procedencia, y quedándoselos en su poder, no es admisible en un estado de Derecho», acusa Policarpo Sánchez en su carta a Artur Mas.

Por este motivo, insiste en que el nuevo manifiesto «no es un gesto vacío, sino un paso en firme que desembocará en los tribunales de nuevo si, como es previsible solo obtenemos silencio desde la Generalitat».