«La destrucción de documentos públicos constituye un delito»

Una situación insólita que ha obligado a la oposición a «exigir» que no se elimine ningún documento más. La eliminación de papeles vinculados a contratos puestos bajo la lupa de la sospecha, hecho reconocido desde la propia Diputación, ha llevado a los portavoces del Grupo Socialista en la institución provincial a temer que se pueda repetir y que desaparezcan así más documentos.

Una práctica que puede ser constitutiva de delito si no sigue una de serie de pasos estipulados en el correspondiente protocolo. «La eliminación no es algo discreccional sino que viene marcado por protocolo, calendario y apertura de expediente», señaló ayer el diputado socialista Manuel Ambrosio, que informó de las cuatro líneas básicas que dispone la normativa regional, concretamente a la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León. Además de seguir un calendario y requerir de una apertura de expediente, apuntó, la destrucción de cualquier documento público necesita «de la autorización de la consejería de Cultura y su publicación en el Bocyl, algo que no se ha producido».

Además, la destrucción de documentos sin la autorización administrativa «es una infracción tipificada en la Ley de Archivos», añadiendo como último punto de su exposición que esta práctica constituye «delito», castigado, según aseguró Ambrosio, «con penas deprisión que pueden alcanzar los tres años» y multas de siete a 24 meses, además de la pertinente inhabilitación de tres a seis años.

El PSOE valora ahora si añadir una denuncia más en los juzgados por este extremo. «Es una cuestión muy grave y estamos valorando si se va a incluir una denuncia oficial en los juzgados», reconocieron ayer, matizando los documentos que se han solicitado a la Diputación. «Los expedientes los conocemos porque hemos trabajado con ellos, pero en los expedientes no figuran las acreditaciones», algo que resulta fundamental para determinar si ha habido o no fraude en las adjudicacionespuestas bajo sospecha y remitidas a la Fiscalía por la propia Diputación.