La problemática de las 62.000 familias fotovoltaicas españolas
Los pequeños productores de energía solar fotovoltaica han sufrido drásticos recortes en sus ingresos, de hasta un 45%, quedando gravemente dañadas sus economías domésticas
Lunes, 6 de junio 2022, 00:19
El colectivo de 62.000 familias españolas, pequeños productores de energía solar fotovoltaica representados por la asociación ANPIER, en su inmensa mayoría ciudadanos jubilados que habitan entornos rurales, destinaron sus ahorros e hipotecaron sus hogares en lo que era la inversión más importante de sus vidas, fundamentalmente en los años 2007-2009, porque el propio Estado español solicitó a la ciudadanía que apoyaran con sus inversiones personales el proceso de maduración de las fuentes de generación renovable, presentándolo como una inversión ética, patriótica, rentable y segura.
A los dos años de tener en funcionamiento sus instalaciones de generación fotovoltaica, en 2010, se inició un carrusel de recortes retroactivos que fue destrozando estas inversiones, «un proceso justificado con argumentos falaces y acompañado de informaciones al ciudadano igualmente falsas para justificar estas acciones, achacando a estas instalaciones el denominado 'déficit de tarifa'», explica Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la asociación ANPIER.

La sucesión de recortes comenzó en 2010 y se consolidó en 2014, y sus implicaciones eran muy diversas en función de la tipología de la instalación. Las grandes instalaciones, propiedad de grandes empresas y fondos internacionales de inversión, gracias a sus recursos financieros propios y a las economías de escala en las compras de material y autopromoción, lograban retornos de inversión mucho más favorables que los pequeños productores, porque estos últimos compraban las instalaciones a las grandes promotoras -aplicaban márgenes de comercialización elevados- y se tenían que recurrir a la banca financiar para afrontar los pagos (a tipos de interés cercanos al 6%).
El IDAE, organismo que impulsó estas inversiones, hizo los números a los pequeños productores en la campaña 'El sol puede ser suyo' pensada para captar a familias e impulsar el cambio de modelo energético. Estos números recomendaban financiar a diez años a las familias y para fomentar esta movilización de inversión ofrecía un retorno un poco mayor para las instalaciones de menos de 100 kW, como forma de compensar en alguna medida el no poder autopromocionar y tener que soportar márgenes de comercialización y necesidad de financiar. Sin embargo, como recuerda el presidente de ANPIER, «las grandes empresas y fondos, fraccionaron todas sus propiedades en pequeñas instalaciones de 100 kW para realizar beneficios adicionales».

La realidad es que de los 4.000 MW de instalaciones fotovoltaicas afectadas, sólo un 20% está en manos de pequeños productores (62.000 familias), mientras que el 80% es propiedad de grandes operadores.
Por otra parte, los grandes tenedores «gozan de una situación privilegiada en sus ingresos y los internacionales, además, están ganando sus laudos arbitrales. En los pleitos internacionales, aunque no logran toda la compensación que solicitan, sí obtienen laudos que engrosan sus rentabilidades notablemente».
Graves injusticias
La norma que regula ahora la retribución de las instalaciones fotovoltaicas, conocidas como históricas, ocultan graves injusticias que los tribunales arbitrales están sabiendo interpretar. «Uno de los elementos más perversos -añade Miguel Ángel Martínez-Aroca- es atribuir una rentabilidad del 7,39% que, en la práctica, no es real, puesto que parte de una arbitraria valoración de las instalaciones, muy a la baja en el caso de las familias que adquirieron (con los lógicos costes de comercialización) y más aproximada para los que por volumen pudieron construir sobre economía de escala, 'disfrazados' además de pequeños productores a través de sociedades limitadas instrumentales para fraccionar en 100kW y obtener la rentabilidad reservada a familias».
Las instalaciones tienen una vida útil establecida; tras ella, la instalación queda inservible, por lo que ya no sólo no se logra un 7,39% de rentabilidad, sino que el que sería 'principal' en una inversión financiera se extingue a los 30 años. Además, estas instalaciones son máquinas que requieren mantenimientos y están sometidas a averías y daños por estar expuestas a las inclemencias climáticas, situaciones que, al no ser posible encontrar los elementos originales, están disparando los costes de mantenimiento esperados.

Estas inversiones no fueron un hecho excepcional en España, se realizaron en toda Europa por imperativo de la propia UE para iniciar la necesaria transición energética. España replicó el sistema retributivo alemán, país que no ha realizado ningún recorte retroactivo. Algunos Estados de la UE han realizado, en colaboración con los productores, ajustes muy moderados. «Lo de España ha sido desproporcionado, no en balde es el país del mundo -junto con Argentina y Venezuela- con más laudos pendientes de resolución por quebrantar la Carta de la Energía, y sin remisión va perdiendo uno tras otro», recuerda el presidente de ANPIER.
Indefensos ante el cambio climático
Sin el esfuerzo inversor que esas 62.000 familias hicieron hace una década para madurar la tecnología fotovoltaica, «estaríamos indefensos frente al cambio climático y cautivos de la generación fósil, contaminante y cara, en un país con una alarmante dependencia energética del exterior. Las 62.000 familias fotovoltaicas españolas han transformado lo que era un horizonte desolador en un presente energético de ilusión y esperanza, que alumbra un escenario sostenible y competitivo. Pero el gran milagro no surgió por generación espontánea; hemos recorrido una década apasionante de esfuerzo colectivo, que ha legado una reducción de costes de hasta un 90%. Ahora tenemos la capacidad de obtener electricidad autóctona y no contaminante a menos de 30 €MW/h, impensable unos pocos años atrás».
Esta aventura de las familias fotovoltaicas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus hogares, ha permitido que España cuente con empresas de referencia internacional que aportan empleo, riqueza y prestigio. «Fue necesario movilizar 25.000 millones de euros, el 80% financiado por la banca, que ha realizado su negocio satisfactoriamente, puesto que el colectivo fotovoltaico, para superar las graves dificultades de los dramáticos recortes retroactivos, refinanció de los 10 años que les recomendó el Estado a 15, e incluso cerca de 20 en un elevado número de casos, para poder cumplir con sus obligaciones de pago».

Sin embargo, la piedra angular de estos extraordinarios avances soporta recortes retroactivos abusivos, mientras continúa cumpliendo mes a mes con sus financiaciones y gestionando unas instalaciones que, dada su obsolescencia, tienen unos costes de mantenimiento inesperados. «Familias honestas que hicieron una inversión ética –en muchos casos la única inversión de sus vidas– en su gran mayoría de entornos rurales; gentes que defendieron sus convicciones renovables frente a los ataques más furibundos, cuando incluso se negaba el cambio climático, y que todavía se preguntan si algún día podrán alcanzar la doble justicia que reclaman: una reparación económica por los abusivos recortes que quebrantaron sus economías, y un reconocimiento político y social por el sacrificio que tantos frutos ha dado», apunta el presidente de ANPIER.
La inquietud de este colectivo de 62.0000 familias productoras de energía solar fotovoltaica aumenta al no apreciar avances en lo referente al compromiso expreso acordado y firmado en el Programa de Gobierno PSOE-UP en su apartado 3.5: «Se continuará trabajando para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el cambio regulatorio respecto de la retribución de las renovables».
En marzo de 2020, como señala el presidente de ANPIER, «se nos ratificó en el Ministerio este compromiso. Por otra parte, es de justicia agradecer la amable interlocución que mantenemos con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el gesto que tuvo en la pasada legislatura -sin ningún voto en contra en el Congreso- para evitar la quiebra en masa de las instalaciones familiares, que, como sabes, se manejan en unas circunstancias y con unos números muy diferentes al que tienen las instalaciones de las grandes empresas y los fondos de inversión, aunque unidas en ITs (instalaciones tipo) que ofrecen idénticas condiciones para realidades muy diferentes».

Sin embargo, la medida que este Gobierno se compromete a aplicar en su programa no está siendo considerada por el Ministerio, con el que hemos mantenido varios encuentros. «Entendemos que no sería difícil llegar, como establece el Programa de Gobierno, a una solución, que, sin duda, sería muy comedida y, aun así, aceptada por este gran sector social, que todo lo que ha hecho es atender un llamamiento del Estado, cumplir todas sus obligaciones, madurar una tecnología vital, producir energía verde y promover la tan necesaria Transición Energética».
Desde ANPIER insisten en que su propuesta es sencilla y «no colisiona con el Derecho Comunitario ni con las sentencias de los Tribunales del Estado. Es, además, muy mesurada, puesto que además de ser económicamente muy limitada, se difiere en el tiempo 17 años y no pasa por los presupuestos generales del Estado, sino por una extensión de la vida retributiva durante 5 ejercicio, sólo para los pequeños productores. En este plazo, nuestro sistema energético y eléctrico, precisamente gracias a las inversiones que nosotros hemos realizado, no tendría perjuicio; es preciso considerar todo lo que estas inversiones han abaratado el precio de la energía eléctrica durante décadas y ponerlo en relación con el esfuerzo que el sistema ha realizado para su sostenimiento, considerando que la partida inicialmente prevista, las retribuciones, han sido cercenadas en un 30% de media».
En ANPIER piensan que se sigue confundiendo la realidad de los proyectos de fondos y grandes empresas «con la situación de nuestra masa social, y no tienen nada que ver. Nuestra situación es difícil de ver desde los despachos y trabajando con modelos de negocio que no se ajustan en absoluto a nuestra realidad. Nuestros productores, gracias a la refinanciación en masa, han evitado perder sus hogares, que fueron garantía frente a la banca de sus inversiones; pero consideran que todo este esfuerzo debe tener un retorno justo, por muy alejado que esté del que el propio Estado le prometió», concluye Miguel Ángel Martínez-Aroca.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.