Una sentencia obligará a la Junta a devolver 13 millones a personas mayores y dependientes por copagos indebidos
La Plataforma en Defensa de la Salud y Sanidad Pública de Palencia denuncia que la admnistración regional «ha querido esconder esta resolución que afecta a 12.800 personas en Palencia»
La Plataforma en Defensa de la Salud y Sanidad Pública de Palencia ha señalado que existe una «sentencia firme y silenciada» del Tribunal Superior de ... Justicia, que se dará a conocer este miércoles 22, que declara la nulidad del copago impuesto por la Junta de Castilla y León. La plataforma recuerda que se estipuló, mediante el decreto 70/2011, un precio público a pagar por las personas mayores o discapacitadas psicofísicas o sensoriales para acceder como usuarios a algunos servicios, residencias públicas o concertadas, viviendas, centros ocupacionales o de día. «Se trata de una tasa por un servicio esencial, que implica la eliminación absoluta de cualquier cobro a personas mayores o a personas discapacitadas», advirtió este lunes Antonio Herreros, miembro de la Plataforma.
Esta asociación criticó que la Junta de Castilla y León no había comunicado esta sentencia, después de que se hubiese determinado que cobraban a estos colectivos, como mayores o discapacitados, de forma indebida. «Reclamada esta circunstancia ante los tribunales, se ha fallado una sentencia que viene siendo ocultada de manera evidente hasta el extremo de que no ha sido dada a conocer y se conocerá concretamente el día 22 de octubre», señalaron, y afirmaron que al tratarse de la tasa de un servicio por carácter esencial, según el art. 33.1 apartado 4 de la ley 39/2006, «procede no seguir girando tal precio público y la devolución de lo cobrado durante los 18 meses ejecutados». Este año y medio que se tiene que devolver abarca desde septiembre del año 2019 hasta marzo del 2021.
Desde la plataforma argumentaron que, según la Junta, afecta a 156.036 personas en Castilla y León, el 6,05% de la población, mientras que de Palencia afecta a 12.800 personas, el 7,22%, mientras que aguardan 8.500 personas en listas de espera. «Para Palencia supone unos 13,5 millones de euros los que posiblemente tengan que reintegrarse. Si esto lo multiplicamos por las nueve provincias, aunque es cierto que nuestra comunidad, y lo sabemos perfectamente, se producen unas variaciones importantes en unas provincias y otras, esto puede dar lugar aproximadamente a más de 50 millones de euros a reintegrar en toda la comunidad autónoma por parte de la Junta», analizaron desde la plataforma.
Reconocieron que lo más preocupante eran las consecuencias tras la sentencia. «Se ha paralizado todo el proceso de cobros, se han paralizado las listas de espera, por lo que no se admiten más personas mayores o discapacitadas en centros para no seguir incrementando los costes. Y esto, lógicamente, implica que va a haber una reducción de plazas y una reducción de profesionales que se dediquen a atender a estas personas, lo que entraña un cierto riesgo», subrayaron desde la asociación.
Desde la Plataforma criticaron que este «sea el enésimo fracaso de la Junta en sus procedimientos, lo que cuestiona su capacidad de gestión» y lamentaron que «siempre recaigan sobre las personas más vulnerables de máxima dependencia psicofísica», algo que «evidencia su tendencia antisocial».
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