Palencia

Prorrogan el juicio por estafa en la explotación de la discoteca Chapó

Segun el escrito de la Fiscalía, J. G. J. era socio único de la entidad El Serrón SA Forjados y Ferrallas, con domicilio social en Grijota, y socio prácticamente al 100% de la entidad Garcijuan SL, con el mismo domicilio social. En la empresa El Serrón SA también trabajaba y tenía poder de representación su hijo, J. G. R., quien desde 2003, año en que su padre sufrió un accidente que le ocasionó problemas físicos, había asumido la administración real de la misma. En mayo de 2012, ante las pérdidas de la entidad El Serrón SA, de la que era avalista en multitud de créditos la entidad Garcijuan SL, padre e hijo se entrevistaron con el asesor contable y fiscal de las entidades para ver qué acciones podían tomar. El asesor les aconsejó, al igual que el abogado de la empresa, realizar una negociación preconcursal con los acreedores, y si no había acuerdo, presentar concurso de acreeedores.

«En junio de 2012, J. G. R. dijo a su padre que tenía un amigo, J. R. N. J., que era economista, no siendo esta la profesión a la que realmente se dedicaba, y le propuso consultarle a fin de evitar el concurso de acreedores. Así, confiando J. G. J. en su hijo, y bajo la creencia equivocada de que ambos consultaban a un experto, concertaron una serie de reuniones con J. R. N. J., generándose entre este y J. G. J. una relación de confianza. En esas reuniones se propuso hacer una nueva sociedad a la que había que transmitir el negocio de la antigua; transmitir el usufructo por parte de Garcijuan SL de los inmuebles y la industria donde se encontraba ubicada el restaurante y discoteca Chapó, conservando la nuda propiedad, ofreciéndose él mismo o una sociedad suya como testaferro de dicho usufructo», recoge el escrito del fiscal.

«También había que vender un piso en Santander del que el denunciante era propietario para hacer frente a los gastos que las operaciones iban a generar, y puesto que los demás bienes se iban a perder, había que liquidarlo lo antes posible. Asimismo, indicaron al denunciante que no fuera a los lugares de trabajo ni a los bancos, que no hablase con acreedores y, en definitiva, que se desvinculara del negocio», prosigue la Fiscalía en su escrito de acusación.

«De esta forma, J. R. N. J. y J. G. R. comenzaron a llevar todas las gestiones de los bancos, proveedores y trabajadores, en las cuales intervenía ocasionalmente J. F. A. C., e indicaban a J. G. J. dónde y cuándo tenía que firmar, insistiendo en que urgía que así se hiciese, acatando este último sus indicaciones», subraya.

«En un momento determinado le dijeron que tenía que firmar un documento privado de cesión del usufructo del bien Chapó, situado en la calle Obispo Nicolás Castellanos, cuya titularidad correspondía a Garcijuan SL, explicándole J. R. N. J. la necesidad de relacionar dicho documento con una deuda ficticia para evitar un problema fiscal a la sociedad, dado que había una aportación de dinero a Garcijuan SL que no estaba justificada. Dicho documento fue elaborado el 11 de noviembre de 2012 por J. F. A. C. bajo la dirección de J. R. N. J. y J. G. R. en las oficinas de J. R. N. J. y, mediante el mismo, J. G. J., en nombre de Garcijuan SL, transmitió por el plazo de 20 años el usufructo de Chapó a una entidad administrada por J. R. N. J. a cambio de 517.800 euros, y conforme al documento, el comprador tiene de crédito frente a la entidad vendedora, crédito que no existe ya que en ningún caso J. R. N. J. prestó ni al denunciante ni a Garciajuan SL ninguna cantidad», incide el Ministerio Público.

«Con fecha de 13 y 16 de noviembre de 2012, J. R. N. J. firmó tres contratos que denominó de extinción de arrendamiento de industria con la sociedad que era arrendataria del restaurante y sala de fiestas Chapó; un nuevo contrato de arrendamiento de empresa o industria con dicha sociedad sobre el restaurante Chapó y un contrato de arrendamiento de industria sobre la discoteca Chapó con otra sociedad. J. R. N. J. hizo creer a J. G. J. que todas las rentas que se iban a obtener de los sucesivos contratos de arrendamiento, a pesar de figurar a nombre de la sociedad de J. R. N. J., las iba a percibir J. G. J. , ya que el primero no era más que un testaferro y no había hecho ninguna aportación para obtener el usufructo», subraya.

«El 30 de noviembre de 2012 se formalizó ante notario la venta del usufructo y se elevó a público el documento privado. En cuanto a la unidad productiva El Serrón SA y su venta a la nueva sociedad, los investigados ya habían hecho labores de constitución de la nueva sociedad a la que llamarían Nuevo Serrón SLU, que, representada por J. G. R., adquiría la unidad productiva. Conforme a dicho contrato, J. G. J. tenía que percibir 565.377 euros, pactándose unos plazos para el pago que no se cumplieron», explica la Fiscalía.

«A pesar de la aparente legalidad de la operación, J. G. J. empezó a tener problemas para percibir las cantidades a las que se habían comprometido J. R. N. J. y J. G. R., quienes se comportaban como si los negocios fueran de su propiedad, tomando decisiones sin contar con el denunciante, apropiándose de unos negocios por los que no habían pagado nada. J. R. N. J. empezó a hacer obras en la discoteca Chapó sin consentimiento de J. G. J., explotando el negocio en su propio nombre», apostilla la Fiscalía.