Palencia
Ecologistas en Acción exige una multa de 5.000 euros por abatir dos corzosLa organización naturalisa lamenta la lentitud en la tramitación de los expedientes sancionadores del Servicio Territorial de Medio Ambiente
Ecologistas en Acción ha difundido un comunicado en el que solicita una sanción más severa contra un cazador expedientado por abatir ilegalmente dos corzos en el coto de caza de Hornillos de Cerrato en mayo de 2023. Los hechos ocurrieron cuando una patrulla del Seprona de la Guardia Civil y otra del puesto de Quintana del Puente sorprendieron a tres ocupantes de un vehículo tras un disparo que mató a un corzo macho trofeo, abandonado en el terreno.
Los cazadores, que carecían de autorización del titular cinegético, fueron interceptados y, aunque inicialmente lo negaron, confesaron haber abatido dos ejemplares.
En junio de 2025, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León incoó un expediente sancionador por una falta grave a la Ley 4/2021 de Caza, proponiendo una multa inicial de 2.000,01 euros y una indemnización de 10.000 euros por el valor de los corzos.
Ecologistas en Acción, que pidió ser parte interesada en 2023 pero no fue admitida hasta dos años después, presentó alegaciones exigiendo una multa mínima de 5.000 euros, la retirada de la licencia de caza por un año y la inhabilitación para obtenerla, además de un expediente contra un segundo cazador implicado. La organización subrayó la intencionalidad de los infractores, constatada por los agentes, y critica la actitud permisiva del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que, según denuncian, muestra una disposición a minimizar las sanciones y ha tardado más de dos años en iniciar el expediente, lo que consideran un menosprecio al trabajo de campo de los agentes y un perjuicio para la imagen del Servicio de Medio Ambiente.
«Ecologistas en Acción lamenta que la persona encargada de tramitar los expedientes de caza del Servicio Territorial de Medio Ambiente muestre la misma disposición a rebajar al máximo las sanciones como lo haría un abogado defensor, más con el ánimo de cubrir el trámite y cerrar el caso lo antes posible que de hacer una tramitación rigurosa y acorde a los datos y la documentación que obra en el expediente. Que hayan tenido que pasar más de dos años para incoar el inicio del expediente sancionador dice bastante del interés y del respeto que se muestra por el trabajo de los compañeros que hacen el trabajo de campo, además de seguir lastrando la imagen del Servicio de Medio Ambiente», se recoge en el comunicado difundido por la organización naturalista.
