Más de 560 aerogeneradores mueven el viento en los 46 parques eólicos activos

Así, según los datos facilitados por la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL), a 31 de diciembre de 2022 estaban funcionando 262 parques eólicos en Castilla y León que producían una energía de 6.624 MW, lo que equivale al 25% de la electricidad generada en España, con una cobertura de casi el 50% de toda la demanda de la región. O lo que es lo mismo, produciendo uno de cada cuatro MW generados en España, como señala Eugenio García Tejerina, secretario de la asociación, quien además subraya el potencial de Palencia en este campo, porque la provincia «tiene los recursos, la capacidad de instalación y la infraestructura eléctrica», además de pertenecer a una comunidad autónoma donde históricamente se ha favorecido el desarrollo de las renovables.

Con los datos de APECYL y de la Junta de Castilla y León en la mano, en la provincia de Palencia hay instalados 46 parques con más de 560 aerogeneradores que producen 908 MW, el 13,7% de la producción total de la comunidad autónoma.

Además, Palencia es la tercera provincia de la comunidad en generación de esta energía, por detrás de Burgos, con 81 parques en los que se producen 2.140 MW, y Soria con 44 parques y una producción que alcanza los 1.263 MW. Según la plataforma Vientos de Futuro, solo estas tres provincias podrían abastecer a casi 2,5 millones de hogares, o lo que es lo mismo, a prácticamente toda la comunidad autónoma de Castilla y León.

La cifra refleja además un aumento del 7,5% en la producción en relación con 2021 (44 parques eólicos y una producción de 839 MW) y mantiene la tendencia al alza que se viene registrando desde 2010, y que alinea cada vez más los objetivos nacionales con las expectativas de los promotores de doblar la producción de energía eólica en Castilla y León (entre 12.000 y 15.000 MW) y pasar de los 1.000 MW en la provincia de Palencia, en menos de siete años.

Y es que, como señala el secretario de APECYL, el cambio climático y la Guerra en Ucrania están acelerando el proceso de desarrollo de las energías. Las directrices comunitarias y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que ha marcado el objetivo de producir 50 GW en 2030, lo subrayan. Pero, como advierte García Tejerina «la foto» que definirá la posición final de cada comunidad autónoma en el marco nacional y que a su vez permita conseguir los objetivos globales que marca Europa, va a depender de «la suma de acciones locales» y de que las administraciones competentes –la Junta de Castilla y León en el caso de los parques de menos de 50 MW y el Ministerio para los proyectos de más de 50MW–, hagan los deberes en las tramitaciones de impacto ambiental antes de que otros territorios llenen el cupo de energía eólica y tomen la delantera.

En este sentido las empresas promotoras señalan la tramitación administrativa como uno de los principales problemas tanto por la complejidad y la lentitud de los procedimientos, que mantienen atascados muchos proyectos viables porque la administración competente no tiene recursos humanos suficientes para su tramitación administrativa, como por los plazos establecidos. De hecho, el plazo para conseguir las Declaraciones de Impacto Ambiental acabó el pasado mes de enero y los proyectos que no han conseguido luz verde tendrán que volver a iniciar el proceso, señala García Tejerina, no sin reconocer el esfuerzo de la Junta de Castilla y León para atender una enorme carga administrativa y no echar a perder el trabajo previo de desarrollo de proyectos, que es muy complejo y lleva muchos años. Por eso, asegura que aunque Castilla y León siga siendo la comunidad autónoma con mayor potencia instalada y que mayor cantidad de energía genera «hay que seguir estando ahí y mantener ese 25% del porcentaje nacional en 2030». Y advierte de que «o se aprovecha aquí esa necesidad de desarrollo, o lo harán en otro sitio», a la vez que insiste en que el proceso de tramitación será determinante en el mapa eólico de los próximos años.

Plataformas, asociaciones y promotores unen sus voces para afirmar que la tramitación de proyectos eólicos es absolutamente garantista y sigue un procedimiento muy riguroso que deja fuera a los proyectos que no son viables o no cumplen con la normativa. Para empezar las empresas promotoras eligen sitios idóneos, dónde hay recurso eólico y no existan restricciones medioambientales, zonas ZEPA o Life, o regadíos, porque, como señala el secretario de APECYL, Eugenio García Tejerina, «solo se instalan parques donde se pueden poner y son compatibles con el territorio». También es necesario que exista una infraestructura eléctrica que permita la evacuación y una vez conseguida la declaración de impacto ambiental favorable, está la logística de construir y desarrollar el proyecto, y, una vez construido la gestión de toda la potencia renovable que se genera. «Son procesos muy complejos, por eso, si el proyecto no tiene sentido, no sale adelante, no hay necesidad, hay muchas otras alternativas», asegura García Tejerina que no entiende las reticencias de algunos al desarrollo de las eólicas y lamenta la postura de «eólicas sí pero no en mi patio trasero» que mantienen algunos obviando que «cualquier actividad humana tiene algún tipo de afección, pero en el balance hay que poner las alternativas que tenemos para producir la energía que necesitamos».

De la misma forma se posiciona Carlos Martí, portavoz de Vientos de Futuro, una plataforma que está juntando la voz de distintos colectivos y asociaciones, hasta el momento se han adherido 40, para abrir un espacio de dialogo y escucha que quiere ser objetivo sobre el crecimiento ordenado de la eólica «Esto lleva muchos años creciendo pero ahora va a tener un acelerón espectacular y hay que meter a la sociedad civil en el debate, para que conozca y tenga información objetiva sobre la energía eólica», señala Carlos Martí. De ahí que el objetivo de la plataforma sea buscar un consenso social en torno a las eólicas y que el crecimiento se haga de forma ordenada. Como señala Martí, la sociedad tiene que tener un papel activo en el crecimiento de las renovables, las empresas tienen que hacer su trabajo, apostar por la innovación y diseñar nuevos parques. Y las administraciones deben garantizar que las autorizaciones ambientales sean estrictas. En este sentido, recuerda que Europa es la región del mundo más garantista a nivel ambiental y España también, por lo que superar una declaración de impacto ambiental requiere mucho esfuerzo y hay muchos parques que no salen adelante y otros que hay que cambiar. «Los proyectos eólicos que salen adelante tienen todas las garantías», afirma.

Asimismo, más allá del valor económico y energético, Martí redunda en la parte social de la energía eólica, un elemento que se introduce en el entorno rural, como antes lo hicieron las carreteras, las vías del tren o las autovías. «Ahora toca la energía eólica», insiste. Una industria que convive con otras actividades como la agricultura, la ganadería o la forestal y que «ocupa un pequeñísimo porcentaje del territorio, apenas el 0,01%, aunque visualmente llame mucho la atención», señala.

Sin obviar la oportunidad económica que supone para los municipios donde se instala, con ingresos que sirven para mejorar la calidad de vida de las personas, y la contribución a la generación de empleo. Así, las instalaciones eólicas que hay en Castilla y León generan 1.700 empleos y aportan 776 millones de euros al PIB de la Comunidad. Además durante la construcción de una instalación eólica la demanda de mano de obra es grande y después se mantienen puestos de trabajo. Ejemplo de ello es el parque eólico Celada Fusión situado en los términos municipales de Hornillos de Cerrato, Herrera de Valdecañas y Baltanás, promovido por Acciona Energía y que se ha convertido en un ejemplo de innovación en España. Durante la construcción dio empleo a 280 personas de forma directa e indirecta y actualmente mantiene a cinco trabajadores encargados del mantenimiento. «Hay muchos ejemplos de buenas prácticas pero se conocen poco y lamentablemente se oyen más las voces que cuestionan estas instalaciones», señala Martín. A pesar de que se integran perfectamente en el entorno, generan empleo y son una herramienta para combatir el cambio climático porque, solo en Castilla y León, evitan la emisión de seis millones de toneladas de CO2, algo fundamental para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

«La eólica es una gran oportunidad pero tiene que ir acompañado de un consenso social y para ello es necesario que la sociedad esté mejor informada», concluye Martí. Solo así, los molinos de viento, como aquellos gigantes que soñó Don Quijote podrán luchar contra los dos grandes retos actuales: la despoblación y el cambio climático.