El TSJ anula la autorización para quemar residuos en la cementera de Venta de Baños

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la autorización otorgada en 2010 a la fábrica de cemento de Venta de Baños por la Consejería de Medio Ambiente para la incineración de 80.000 toneladas anuales de residuos, por haberse omitido la preceptiva evaluación de impacto ambiental.

En una nota de prensa difundida por la organización Ecologistas en Acción, que planteó la demanda contra la resolución del gobierno regional, se recuerda que se trata de la tercera sentencia dictada por el TSJ en relación con la incineración de residuos en fábricas de cemento, tras la anulación de las autorizaciones ambientales concedidas a las cementeras de La Robla y de Toral de los Vados, en León, en julio de 2013 y enero de 2014, respectivamente.

Se trata de la tercera sentencia dictada por el TSJ en relación con la incineración de residuos en fábricas de cemento, tras la anulación de las autorizaciones ambientales de las cementeras de La Robla y de Toral de los Vados, en León, en julio de 2013 y enero de 2014, respectivamente.

De esta manera, ha sido declarada ilegal la incineración de residuos en las tres fábricas de cemento de la Comunidad, pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo y de los recursos interpuestos por los ecologistas contra la pretensión de incinerar hasta 200.000 toneladas anuales de residuos en estas instalaciones.

Asimismo, Ecologistas en Acción ha recurrido esta semana el Plan Integral de Residuos aprobado el pasado mes de marzo por la Junta de Castilla y León, plan dirigido a dar cobertura legal a la importación y quema en las fábricas de cemento de la región de centenares de miles de toneladas de residuos de todo tipo (rechazos, plásticos, neumáticos, lodos, envases, vehículos fuera de uso), en detrimento de la reducción, la reutilización y el reciclado de los desechos.

«La gran amplitud de los residuos que la Junta ha permitido incinerar en las tres cementeras garantizaba la emisión de importantes cantidades de sustancias tóxicas orgánicas como dioxinas y furanos, conocidos alteradores hormonales de carácter cancerígeno, además de metales pesados o hidrocarburos poliaromáticos, también cancerígenos», sostienen los ecologistas.

Asimismo, la organización de naturalistas hace referencia a un reciente estudio del Instituto de Salud Carlos III, donde se «pone de manifiesto que la proximidad a las incineradoras de residuos incrementa significativamente el riesgo de morir por cáncer, en particular de estómago, hígado, pleura, riñones y ovarios».

En este sentido, Ecologistas en Acción asegura que «queda así de manifiesto el pliegue de la Junta a los intereses del lobby proincineración, sacrificando el aprovechamiento material de los residuos y la seguridad ambiental y sanitaria de la población al interés económico de una industria en horas bajas por la caída en picado de la demanda de su producto tradicional, el cemento».

Los ecologistas consideran «inadmisible» que el Gobierno autonómico «anteponga el interés económico de un sector industrial concreto como el cementero a la protección de la salud y el medio ambiente del conjunto de la región».

Por ello, piden al Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, un cambio «radical» en la política de residuos de su Consejería, «cambio que debe pasar por el relevo de los actuales responsables de la Dirección General de Calidad Ambiental, muy especialmente del jefe de Servicio de Residuos», de quien recalcan que está procesado por delito ecológico.