La vuelta a casa del rey

A veces parece, incluso, que él mismo no fuera consciente de todo ello y que actuara como si se tratara de un jubilado más, o de un viajero fugaz que goza de unos días de descanso, olvidando que tal evento transcurre en un lugar donde ha ostentado una de las más altas responsabilidades que pueden recaer sobre una persona y donde recibió un depósito de afecto y de reconocimiento sólo explicable en una etapa histórica tan irrepetible como la que protagonizó. Más aún, como si no fuera consciente de que, siendo la monarquía parlamentaria una forma de Estado opcional y no necesaria, que admite alternativas perfectamente defendibles y válidas, dotadas incluso de mayor racionalidad objetiva, una buena parte de la legitimación constitucional de tal sistema ha estado vinculada a su papel en el tránsito de la dictadura a la democracia y a la abundante adhesión popular que llegó a acumular. Le es, por tanto, exigible, en todo momento y en todo lugar, un comportamiento en el que la lealtad a lo que representa, la deuda contraída, la responsabilidad de quien no deja nunca de ser una referencia, aunque se lo proponga, y la prudencia y discreción que se supone a quien ha ostentado tan alta dignidad, no debieran sufrir el más mínimo menoscabo. Y no parece que tales atributos hayan brillado especialmente en el susodicho viaje relámpago.

Reconozcamos antes lo más obvio. El rey emérito es un ciudadano libre, no sujeto a restricciones judiciales o administrativas que limiten su derecho a la libre circulación y, por tanto, puede ir y venir, entrar y salir, marchar y volver, subir y bajar, embarcar y desembarcar, cuantas veces lo considere oportuno, o simplemente le apetezca. No es esto lo que está en discusión, al menos desde el punto de vista legal. Otra cosa es que haya personas y grupos, y no pocos, que consideren su presencia no grata, indeseable, inconveniente o inoportuna, sea por convicciones relativas a la forma de Estado, sea por animadversión a su persona, a la vista de los turbios perfiles de su conducta en los aspectos que se han conocido en estos últimos años, especialmente los económico-patrimoniales y los tributarios.

Pero esto es así, entre otras cosas, porque el sobreseimiento o archivo de las causas que le afectaban, sometidas a investigación fiscal y judicial en nuestro país, ha facilitado la presencia, que parecía estar condicionada a tal resolución favorable. Aclaremos, pues, estos conceptos, ya que los tres elementos jurídicos concurrentes merecen riguroso comentario para poder valorarlos adecuadamente.

Uno es la inviolabilidad que constitucionalmente ampara e impide perseguir a la persona del Monarca, al menos por los actos realizados durante su mandato real; cuestión que algún día habrá que discutir seriamente para fijar con claridad los límites temporales y materiales de tal prerrogativa, porque puede entenderse que proteja los actos institucionales propios de su alta función, mientras ésta dure, pero no está tan claro que deba afectar ni a los actos privados en ese tiempo ni a cualquier acto tras la pérdida de la condición real por la abdicación.

Otro es la prescripción, esa tan tradicional institución jurídica, configurada a lo largo de la historia, para que las personas no estuvieran indefinidamente sujetas a la eventualidad de una sanción que pudiera recaer mucho tiempo después de haber ocurrido los hechos y su responsabilidad se extinguiera por el paso del tiempo. De manera que, aunque la prescripción también funciona para adquirir derechos, su función más reconocible y mediática es la otra, la que impide la persecución penal de los delitos.

El tercer elemento beneficioso es la regularización fiscal, oportuna, calculada, estratégicamente presentada para disminuir la deuda tributaria, si bien se trata de un recurso legal que, bien manejado, tiene sus polémicos efectos liberatorios.

Si ponemos atención en percibir la naturaleza de estos tres elementos, seguro que alcanzaremos una misma conclusión: todos ellos contribuyen, en mayor o menor medida, a impedir la persecución de actos que pueden ser delictivos, a extinguir o aminorar la responsabilidad penal por ellos, a evitar la imposición de la pena que les correspondería. Pero no eliminan la autoría de los actos cometidos, ni la imputación personal a quien los cometió, ni el reproche moral o social, aunque supriman el reproche jurídico. Lo que no debiera ser causa de alarde ni de exhibición, sino más bien al contrario, de discreción humilde, cuando menos, más allá de las explicaciones públicas o del arrepentimiento, también conveniente en ciertos casos.

Pues algo de todo esto es lo que estaba latente en el fin de semana largo del rey emérito, al margen de los vítores, los aplausos y los agasajos a su persona, que no entro a valorar, porque es a él a quien le es exigible un comportamiento adecuado y proporcional a todo lo sucedido. Es de suponer que, a poco que lo piense, y ya que lo que hizo, o dejó de hacer, ya no tiene remedio, comprenderá el efecto negativo que la ostentación puede tener en estos momentos para la valoración retrospectiva de su propia trayectoria, cuando sigue habiendo motivos para apreciarla en muchos aspectos, para el esfuerzo de su heredero en el intento de recuperar legitimidad y prestigio para la delicada institución que representa, y para la conciencia colectiva de un país que, con la mejor voluntad de superar el pasado, aceptó mayoritariamente su figura y su papel.

Alguien lo ha dicho: es un ciudadano libre y puede volver cuando quiera, incluso para quedarse. También es algo más que un simple ciudadano; y si todo ciudadano tiene derecho a ser respetado, él tiene, además, el deber de respetarse, que no es otro que el de respetar a la institución que ha representado y al país que la aceptó como signo de concordia.