Administraciones e incendios en Castilla y León

Privatizar no funciona, pero tampoco la solución pública es perfecta si se administra mal, se desinvierte o se toman decisiones equivocadas sobre los planes o modelos. Acertar con el diseño organizativo, el estatuto de personal, los medios técnicos apropiados y la imprescindible coordinación entre todos los niveles requiere atención y esfuerzo proactivo. Cuando comienza a arder el monte, la respuesta debe estar perfectamente lista, no puede faltar nada necesario y cada persona ha de saber bien lo que debe hacer, especialmente los responsables de la Administración. Si algo falla, la frustración es terrible. Los habitantes de la sierra de la Culebra se acordarían viendo las imágenes de Los Ángeles del desastre que sufrieron en 2022, cuando dos terribles fuegos quemaron más de diez mil hectáreas entre junio y julio, un verano dramático para esa zona de la provincia de Zamora. Seguramente las condiciones eran inusuales, la situación tan compleja que sobrepasó los dispositivos. Pero que no vuelva a ocurrir lo mismo no depende de la climatología – esas circunstancias se repetirán, sin duda -, sino de las políticas públicas preventivas.

Aceptando que necesitamos eficacia en la respuesta al fuego comprendemos importancia del proyecto de Ley castellano y leonés sobre servicios de prevención y extinción de incendios, cuya gestión compete a las entidades locales (municipios más grandes y diputaciones provinciales), coordinados por la Junta de Castilla y León. El estatuto de los bomberos es parte del contenido de esta nueva norma, que debería servir también para adaptar las estructuras administrativas a las características actuales de los incendios, muy distintos a los del siglo pasado.

Hago dos sugerencias a esta iniciativa legislativa: La primera, no descartar el modelo de Galicia (y otras comunidades), donde la Xunta participa en los consorcios junto a las diputaciones y los ayuntamientos; la segunda, aprovechar la oportunidad para crear un cuerpo de bomberos autonómico, ayudando a provincias y municipios en el sostenimiento de los cada vez más elevados e irrenunciables costes de personal. En mi opinión, si el proyecto de Ley no aporta soluciones, no debería aprobarse.

Para evitar ese resultado, Junta de Castilla y León, diputaciones provinciales y ayuntamientos deberían trabajar juntos. A los consorcios provinciales existentes han de sumarse todas las fuerzas posibles (la Junta, como he dicho). Puede que la forma de gestión idónea sea un consorcio autonómico, con participación de todas las administraciones, propiciando así sinergias para adquirir más medios, desplazarlos entre provincias cuando fuera necesario y gestionar el personal en el modo más eficiente.

Toda vez que los tribunales se han decantado por la necesaria condición de autoridad en determinadas funciones de intervención, junto a la estabilidad del empleo público, la multiplicación de pequeños cuerpos de bomberos en el nivel municipal o provincial replica el modelo de las policías locales, con la diferencia de la estacionalidad en las intervenciones de los bomberos. A mi juicio, los bomberos – en sus distintos regímenes estatutarios, funcionariales, laborales o voluntarios, todos posibles - no deberían depender solo de este o el otro municipio o provincia. Castilla y León es un territorio de más de 94.000 kilómetros cuadrados y 2400 municipios, con 4.8 millones de hectáreas arboladas, motivo suficiente para aprobar un modelo administrativo a la altura de las circunstancias, ni más de lo adecuado, ni menos de lo necesario contra el fuego.