La reforma laboral a vueltas

También añadí alguna reflexión, a partir de la contraposición entre la reforma laboral y la reforma del trabajo, sobre un aspecto que me parece fundamental: que el impulso renovador no alcance solo a la normativa que regula las relaciones entre empresarios y trabajadores, ya que a corto y medio plazo habrá de plantearse el asunto crucial de las formas y modalidades del trabajo en esta sociedad que avanza a pasos agigantados hacia la digitalización, con tecnologías cada vez más avanzadas y eficientes, cuestión esta de más recorrido y que necesitará más tiempo y más medidas, dada su envergadura.

En lo que ha sido la reforma laboral ya acordada, los acontecimientos han respondido con bastante aproximación a aquellas previsiones: el resultado final ha sido fruto de un acuerdo entre las tres partes concernidas y el contenido del acuerdo, excluida de antemano la derogación total, ha consistido en la revisión de algunos aspectos de la reforma de 2012, dentro de los que podían considerarse más gravosos. Se puede hacer la legítima valoración de si son pocos o muchos los asuntos corregidos o afectados, especialmente si se tiene en cuenta que el compromiso de derogación total formaba parte de los acuerdos con que se constituyó el Gobierno de coalición, pero no se deberían desmerecer los acuerdos alcanzados, por razón de cuántos son, sin analizar debidamente su entidad y su importancia.

Así que me congratulo de esta reforma y la aplaudo; entre otras cosas, porque comparto la opinión de quienes piensan que, en esta materia, en la que hay que compaginar la libertad de empresa y los derechos de los trabajadores, es mejor, más eficaz y más estable llegar hasta donde se pueda con acuerdo, que pretender llegar mucho más lejos sin él; la experiencia y la historia demuestran que aquello suele ser más irreversible que esto y que, en las relaciones laborales, lo acordado se consolida mejor que lo impuesto.

Los aspectos principales de lo acordado alcanzan, como ya ha sido suficientemente divulgado, a tres cuestiones principales: en primer lugar, las modalidades de contratación, con preferencia para el contrato indefinido y limitaciones a la temporalidad; en segundo lugar, la eficacia de los convenios, con primacía del convenio de sector sobre el de empresa en materia de salario, y no en lo demás, y con recuperación de la ultraactividad del convenio extinguido hasta que se alcance uno nuevo, cuestión esencial en la negociación colectiva y en la que radicaba una de las principales reivindicaciones, aunque se mantiene la posibilidad de «descuelgue» del convenio para empresas con pérdidas o reducción de ingresos; y finalmente, la actualización de los ERTE, con rebaja de cuotas, una vez comprobada su eficacia en tiempos de dificultad empresarial. Es cierto que otros temas muy sensibles, como lo son el costo del despido o la modificación por parte de la empresa de las condiciones de trabajo, no han sido objeto de reforma, obviamente porque no hubo posibilidad de alcanzar acuerdos en ellos.

Y ahora viene la segunda parte, que me parece que tiene su aquel. Porque la reforma está canalizada en un decreto-ley ya publicado y en vigor, desde el pasado 30 de diciembre, pero es sabido que los decretos-leyes necesitan la convalidación del Parlamento, en el plazo de un mes, para mantenerse en vigor. En ese trance estamos y, por lo que trasciende, con dificultades para que el Congreso ratifique lo que acordaron el Gobierno, la patronal y los sindicatos, lo que, de no producirse, supondría sin duda un problema de tamaño considerable. Queda tiempo, y lo más probable es que se resuelva, pero, tal como está planteado, proporciona una ocasión muy interesante para una reflexión sobre algunas cuestiones de fondo que atañen a la esencia de la política.

Las posiciones actuales de los distintos grupos que han de votar en el Congreso podrían resumirse así: el PSOE, como partido mayoritario del Gobierno de la coalición, dirige su mensaje a todos los grupos con carácter general, con especial énfasis al PP, reclamando que se apoye en sus propios términos el acuerdo ya alcanzado por las partes; el PP, como principal partido de la oposición, viene manifestando su intención de votar en contra, con argumentos puntuales y variados, destacando uno particularmente curioso, que es el que dice que para una reforma de tan poco calado era preferible dejarlo como estaba; Vox, menos explícito hasta el momento, ha calificado la reforma de artificial e inútil, apuntando al voto en contra; el PNV alega que no puede apoyar una reforma en la que los convenios de alcance estatal tienen prioridad, como convenios supletorios, sobre los de ámbito autonómico, entendido el argumento no en clave regional, sino nacionalista, como es obvio; ERC, Bildu y algún otro grupo minoritario comparten también ese argumento, pero añaden otro de frustración por insuficiencia de la reforma, cuando lo comprometido era la derogación total; Ciudadanos, en un loable escorzo que le es muy querido, ofrece su apoyo a la reforma para que su aprobación no dependa de negociaciones complementarias en las que los nacionalistas puedan obtener otra compensación; y Podemos, sosteniendo lo acordado como punto de partida, porque en ello ha tenido importante papel, negocia con los nacionalistas, no se sabe bien si algún aspecto de la reforma u otras contraprestaciones, ni tampoco si lo hace como iniciativa propia y por su cuenta, o en función de gobierno, con la declarada intención de evitar que los votos de Ciudadanos terminen siendo imprescindibles para convalidar el decreto-ley si el denominado 'bloque de la investidura' se dispersa.

Este es el panorama. Juzguen ustedes si las posiciones están relacionadas con las cuestiones de fondo de la reforma laboral, o con la orientación estratégica a aplicar en la segunda parte de la legislatura. Porque el interés político de cada uno es legítimo; pero la aceptación de lo acordado por quienes tienen la principal responsabilidad en la materia, que en la ordenación de las relaciones laborales son los agentes sociales, sin perjuicio de otras incitativas propias que puedan proponerse y discutirse, además de legítimo, es razonable. Y apoyar lo razonable también debiera ser un criterio valioso en la política.