Presupuesto a la vista

Así que pasará todo eso, pero lo normal es que se apruebe, sin perjuicio de que experimente algunos cambios de menor cuantía en la tramitación. Recuérdese una cosa fundamental: más que aprobarse el presupuesto propiamente dicho, de lo que se trata es de que no se aprueba alguna de esas enmiendas a la totalidad. Eso, la devolución del proyecto al Gobierno, sí sería un problema; pero suele ser más fácil, y más efectivo, sumar votos para que no prospere la devolución, que recabarlos en positivo para el proyecto presentado. Dicho de otro modo, no se vota el presupuesto, lo que se votan son las enmiendas a la totalidad; luego habrá tiempo de satisfacer alguna demanda, o más de una, en el debate de lo parcial, a cambio de no haberlo rechazado del todo. Incluso la experiencia ya acumulada nos dice que será más sencillo sumar voluntades suficientes en los alrededores del Gobierno para aprobar los presupuestos, de lo que ha sido encontrar el punto de acuerdo necesario dentro del Gobierno para presentarlos.

Vayamos, pues, al grano. El presupuesto es siempre un documento complejo, nada fácil de interpretar; las cifras que lo componen están a menudo relacionadas con conceptos muy técnicos que requieren conocimientos precisos. Pero tal grado de análisis es compatible con una visión general, cabal y rigurosa, que es a lo que aspiramos el común de los mortales. Así que me permito dos juicios de valor iniciales tras haber repasado las grandes cifras y también los mensajes políticos con que los presupuestos han sido presentados, pues es normal que se haga publicidad y propaganda con aquello que se quiere destacar por su efecto favorable.

En primer lugar, es muy evidente que se trata de un presupuesto expansivo, por lo cuantioso en las cifras y por lo relevante en los objetivos. Incluye un volumen de gasto de 459.000 millones de euros (siempre en números redondos), cifra nunca alcanzada, que supone un aumento del 0,6% sobre el presupuesto de este año, que ya era elevado. Más de la mitad de esa cifra es gasto social en su conjunto, pero hay que tener en cuenta que ya sólo el 37% es el gasto en pensiones, 171.000 millones, 8.000 millones más que el año anterior. Sube también el presupuesto en materia de vivienda (un 46%), de cultura (38%), de comercio, turismo y pymes (32%), entre otras partidas, mientras que desciende un 10% la cantidad destinada al desempleo, en la previsión de que la economía crecerá un 7%, y que eso supondrá un aumento del 2,7% en el empleo y una reducción del paro al 14,1 %, que ahora es del 16,2% sobre la población activa.

Esas previsiones de gasto se apoyan en un incremento de los ingresos (hasta 377.000 millones de euros, un 12,7% más que el año anterior), animado por la inyección de los fondos europeos (27.600 millones) y por lo que se espera que contribuya el citado crecimiento económico y la mayor recaudación fiscal (un 8%), fiada a la implantación del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Si esto fuera así, sería una buena noticia: marcaría una tendencia hacia la reducción del déficit (del 5 al 4%), aunque seguimos teniendo una deuda pública muy elevada, nada menos que del 122% sobre el PIB. Pero de la previsión de ingresos es un tanto aventurado fiarse mucho: de momento, está hecha sobre ese crecimiento económico, que hace unas semanas tanto el FMI, como nuestro propio Instituto Nacional de Estadística ya redujeron del 7 al 6%, que es mucho reducir en esas magnitudes; como también es aventurado sostener gasto en base a un ingreso excepcional y temporal como es el de los fondos europeos. Y luego está la otra incógnita, la que deriva de la evolución de la inflación, que puede trastocarlo todo, tanto el ingreso, como el gasto; por los precios de la energía, que bien conocemos, el IPC puede acabar el año en más de un 4%, cifra desconocida desde hace tiempo, con efectos nada positivos en el gasto en pensiones, en la capacidad adquisitiva de sueldos de funcionarios y salarios de trabajadores que no experimenten una subida equivalente.

La otra valoración está más en los mensajes políticos. Da toda la impresión de que estos presupuestos tienen un grado de intencionalidad política superior a la media. El énfasis que se ha puesto en el anuncio de los 'bonos de juventud', sea el de vivienda o el cultural, lo dice todo. No es que sea mala idea, que no lo es, aunque, a mi entender, estos bonos horizontales e igualitarios, si no tienen en cuenta la desigualdad de ingresos o rentas de los perceptores, corren el riesgo de redistribuir al revés; el problema es que, si se les nota demasiado la intención de captación de voto, pueden tener el efecto contrario. Y este momento de la legislatura, cuando ya se van conociendo las tendencias electorales, es muy tentador para medidas orientadas.

En fin, calado político, cómo no, tiene la distribución por Comunidades Autónomas de la inversión territorializada del Estado. Que la partida de Cataluña (2.430 millones) suponga un 17,2 % del total y tenga un incremento del 22% respecto del año anterior (el incremento medio del total de la partida respecto a 2021 es del 7,3%), llama la atención; porque no es la que más crece en términos relativos (Galicia y Castilla La Mancha lo hacen más, no Castilla y León, que crece un 15%), pero sí, con mucha diferencia, la que más acumula y representa en términos absolutos, a partir de un principio nada solidario ni redistributivo, que es que el Estado invierta en cada lugar en proporción al PIB que allí se genera. Justo lo contrario de aquella vieja consigna progresista: que cada uno aporte según sus posibilidades y que cada uno reciba según sus necesidades. Pero de esto, y de la vivienda y la energía, en particular, como grandes condicionantes político-presupuestarias del momento, convendrá tratar con más detalle en otra ocasión.