Las lenguas de Europa

Hay territorios del viejo Mare Nostrum, circundados por naves cargadas con ánforas y pertrechos de guerra, que parecen haber sido creados para el cultivo y conservación de las lenguas de sus conquistadores. En la costa occidental sarda, asentada sobre el mismo paralelo de Olbia, se alza orgulloso el sólido torreón de Alguero levantado hace siete siglos por el ejército invasor del Reino de Aragón. Las calles que lo rodean tienen nombres catalanes, y algunos palacios cercanos, marcados en la piedra con nombres castellanos, fueron construidos dos siglos más tarde tras la siguiente invasión de Cerdeña, la española patrocinada por el emperador Carlos V en su guerra contra los musulmanes.

La crónica de las lenguas aún vivas en esta isla sarda, apenas millón y medio de habitantes que miran con recelo hacia el continente desde todos los puntos cardinales, se complica cuando atraviesa el límite de la peripecia histórica y se convierte en objeto político de ambiciosa utilidad. Italia es uno de los países europeos empeñados con mayor rigor en salvaguardar ese patrimonio cultural, los idiomas minoritarios de sus habitantes; pero el gobierno de Roma sigue sin cumplir sus promesas de apoyo a la enseñanza oficial de esas lenguas declaradas hace veinte años bajo tutela. Su uso por minorías a veces exiguas sobrevive con dificultad en los territorios que se pegaron a la periferia de su columna vertebral lingüística, el imperio romano: albanés, catalán, alemán, griego, esloveno, croata, friulano, ladino, occitano, sardo y franco-provenzal.

El compromiso de atender la reivindicación de unos dos millones de ciudadanos que hablan otra lengua además de la única oficial del país, el italiano, solo es una apuesta política que, según los vigilantes inspectores del Consejo de Europa encargados de velar por el cumplimiento de ese compromiso, sigue en el limbo de las buenas intenciones. Los presupuestos del Ministerio de Educación destinan apenas diez millones de euros al año para impulsar la enseñanza básica de las lenguas tuteladas, dinero empleado en la edición de manuales y la financiación de investigaciones sobre ese tesoro lingüístico. El objetivo del bilingüismo en algunos territorios, como Cerdeña, y la enseñanza de su idioma, el sardo, están tan lejanos que solo el empuje de una autonomía política más vigorosa haría avanzar esa reivindicación colectiva, casi romántica de los sardos que aún emplean su vieja lengua, dos de cada tres del millón y medio de los habitantes de la isla.

En el ámbito de la Unión Europea, Italia es el último país que logró su unidad lingüistica, impulsada por el fascismo con las soflamas imperiales de Mussolini, y rematada por la RAI (Radiotelevisione italiana), que aún proclama la victoria de la lengua común para todos los italianos como uno de sus mayores éxitos. Es este de la lengua en Italia uno de los argumentos políticos de los que las minorías regionales hacen uso, aunque con escaso provecho, para exigir del poder central romano mejores cuotas de inversiones y ayudas sociales, pero la reivindicación de las lenguas minoritarias no logra superar el espacio estricto del folclore cultural.

Desde esa empobrecida perspectiva, se observa en Alguero y su región un caso paradigmático: a pesar de que solo el 15% de sus habitantes tienen al catalán como lengua propia de uso cotidiano (unos 4.000 hablantes) es el único idioma minoritario, incluido el sardo, que dispone de dos centros de enseñanza financiados por la Cámara Municipal y la Generalidad de Cataluña. El Gobierno catalán mantiene una delegación en el centro histórico de Alguero, de escasa trascendencia cultural en la ciudad, que ofrece la enseñanza de ese idioma y un programa de actos culturales sobre asuntos relacionados con el proyecto independentista catalán. Esa estrechez de clientela y de oferta contrasta con la transmisión en italiano de programas de noticias y debates sobre el llamado «proceso catalán» por una emisora local, Catalan-Radio.

Ante esa aberración, causa asombro la feroz diatriba del Consejo de Europa publicada esta misma semana sobre la aplicación de los compromisos de política lingüística en España. A pesar de que la reprimenda llega de Estrasburgo (Francia es uno de los países que no ha ratificado la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y ni el euskera ni el bretón se enseñan oficialmente en sus escuelas) los expertos funcionarios europeos advierten, por ejemplo, desde allí que los juzgados de Mataró y de Manacor no atienden en catalán a los delincuentes y que hay cada vez menos alumnos en las clases de lengua gallega. Quizás porque los lobbies lingüísticos no funcionen en esa dirección, nada dicen ellos de que en Cataluña se discrimina a quienes desean tener el español como lengua vehicular.

Desde su perspectiva periférica, esta isla de Cerdeña, donde un millón de ciudadanos que hablan sardo en casa y en el trabajo no encuentran escuela, los informes del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de los compromisos lingüísticos en sus 47 países miembros, desde Gibraltar a Sebastopol, son simplemente delirantes. «La discriminación en función de la lengua es una forma de racismo» es el lema simplista de los funcionarios de Estrasburgo para analizar el estado de las lenguas en ese ámbito inconexo. Nunca podrán calibrar el peligro de de algunas de ellas con las políticas de ciertos gobiernos, como el catalán, empeñados en hacer de su idioma la puerta de entrada a un infierno de convivencia entre sus propios ciudadanos.