El reservado del Ventorro
El impacto del factor humano en las catástrofes naturales, normalmente, es ínfimo
No es fácil de entender el enfoque investigador de la jueza instructora de la dana de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, que, en su objetivo de ... esclarecer la cadena de decisiones del día 29 de octubre, ha acabado pidiendo la foto del reservado donde almorzó el expresidente Carlos Mazón con la periodista Maribel Vilaplana. Su ofuscación en rastrear los detalles de la comida -menú incluido-, el ticket del parking, el alcance del oído de la periodista, en una larga y tortuosa instrucción, parece partir de la convicción de que un criminal anda suelto. La fotografía del reservado, la factura del almuerzo: todo se presenta como la escena de un crimen.
Tampoco alcanzo a comprender la razón por la que los comensales eluden aportar una versión definitiva y coincidente de la reunión. Pero me pregunto qué aportan al relato de la dana que asoló la Comunidad Valenciana una fotografía y un ticket de parking, cuando el impacto del factor humano en las catástrofes naturales, normalmente, es ínfimo y, en todo caso, imposible de evaluar.
Es humanamente imposible intentar determinar desde la mesa de un juzgado (Catarroja) la responsabilidad del factor humano en la pérdida de 232 vidas. Reducir el apocalipsis del 29 de octubre a un nombre y un cronómetro es una simplificación injusta. El efecto indeseado es que las víctimas, que necesitan ayuda y consuelo, pueden acabar sintiendo que se realimenta su esperanza en encontrar un culpable y castigarlo para vindicar a sus seres queridos.
La responsabilidad moral y política de Mazón es indiscutible y su dimisión inexcusable, aunque tardía, pero dar el paso de ir más allá, hacia el señalamiento penal y dar sentido a las pancartas que le representan como asesino, es irrazonable.
En 2011 se produjo un terremoto y un tsunami que provocaron un accidente en una central nuclear de Japón. Unas 2.300 personas perdieron la vida en la prefectura de Fukushima, 150.000 tuvieron que ser evacuadas y el coste de las compensaciones ascendió a 50.000 millones de dólares. Después de que un terremoto de magnitud 9,0 y un masivo tsunami golpearan la planta, se establecieron varios fallos de seguridad y prevención que habrían permitido evitar o atenuar la catástrofe. El peor fue que el dique costero para proteger la central tenía 5,7 metros de alto en lugar de los 15 aconsejables. Tres directivos fueron imputados y el Tribunal Supremo de Japón falló que no eran culpables de negligencia, afirmando que era imposible para los funcionarios predecir un tsunami de esa magnitud. Fue el único juicio penal relacionado con el accidente nuclear y no señaló culpables.
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