Campaña electoral en marcha

Porque esta es la primera característica, la más notoria, de esta campaña electoral que, en el tiempo transcurrido (llámese artificialmente de precampaña, aunque la distinción cada vez es más difícil), se parece más a la que correspondería a unas elecciones generales que a cualquier otra. Y no deja de ser llamativo: si se pregunta a cualquier responsable político, todos negarán que esto sea unas primarias de las próximas generales de otoño, y enlazará múltiples argumentos para intentar explicar que lo que hay en el horizonte son unas elecciones municipales, y nada más que municipales, o autonómicas donde las haya. Bastará con apreciar la insistente presencia e implicación de los líderes nacionales para considerar desmentida esa argumentación. Esos líderes no se presentan a ninguna alcaldía ni son candidatos a ningún gobierno autonómico, pero ocuparán el lugar especial de los escenarios electorales, provocando así dos riesgos, al menos, que no deberían pasar desapercibidos.

El primero, el de alterar el significado de estas elecciones, que son para que los alcaldes que quieren repetir expliquen su gestión y los nuevos proyectos para sus ciudades, y los candidatos que no son alcaldes, pero que aspiran a serlo, intenten hacer valer su crítica y su alternativa. Perfectamente puede ocurrir que, si la presión política nacional sigue tan excesiva como lo viene siendo, lo tape todo, y el debate local y regional quede en segundo plano, oscurecido y contaminado por un nivel de discurso que no es el que corresponde a este momento electoral. Conste que yo no creo que sea posible aislar los procesos electorales, unos de otros, especialmente si entre ellos no media un lapso de tiempo suficiente; esto ocurre aquí y ahora, y la cercanía favorece la mezcla, porque el ambiente político general está cargado y porque, al fin y al cabo, la política no tiene límites de influencia ni funciona con compartimentos estancos. Pero admitido esto, sería razonable un esfuerzo por dejar el mayor hueco posible a los protagonistas de este trance electoral, que son los candidatos a las alcaldías. Tienen derecho a ello, y también a la calidad democrática le viene bien que cada proceso electoral cumpla su función.

El otro riesgo, íntimamente relacionado con el citado, porque vienen a ser dos manifestaciones del mismo fenómeno, está en confundir los planos, el institucional y el partidario, con consecuencias poco edificantes, y quizá de dudosa eficacia política. Observando los acontecimientos, parecería que se ha impuesto una estrategia de oferta ilimitada que requiere del anuncio casi continuo de medidas favorables, desde el Gobierno, y de contramedidas desde la oposición, aunque es cierto que la práctica de esta iniciativa es mucho más factible desde el Gobierno, en tanto que solo él dispone de mecanismos legales para hacer más aparente la efectividad de las medidas que anuncia.

La escenografía ya se ha hecho habitual en la precampaña y nada indica que no vaya a continuar en la campaña: no hay mitin electoral en que no se haga un anuncio sonado de medidas a las que supone una grata receptividad social, acompañadas de un compromiso económico, que incluso puede mostrase creciente y progresivo a medida que se reitera en sucesivos actos públicos (se pueden contabilizar hasta siete cuantiosos anuncios en un par de semanas, sobre materias tan sensibles como la vivienda, la educación, las hipotecas, la cultura y el ocio, la sequía, etc.). Se trata, en general, de medidas positivas, interesantes, necesarias, generosas, que debe estudiar y aprobar el Consejo de Ministros, pero anunciadas como están, ya de antemano, en un acto electoral partidario, pueden llegar a subvertir una correcta atribución de funciones, si, a la vez, se observa que en el momento informativo del Gobierno, que lo es la rueda de prensa en que se comunican sus decisiones, se desliza con frecuencia una dosis notable de crítica a la oposición, que sería lo propio del mitin.

Nadie podría dudar que el Gobierno tiene pleno derecho a tomar las medidas que considere oportunas, y cuando considere oportuno hacerlo, lo mismo que cada uno de sus miembros, en tanto agentes políticos que son, tienen derecho a contradecir y criticar a la oposición, lo mismo que ocurre a la inversa. Pero la inversión de los lugares y los momentos, o sea, la confusa superposición del mitin del partido y la reunión del Gobierno tiene riesgos añadidos para la institucionalidad y para el propio crédito de las medidas, si llegan a percibirse como mercancía electoral, cuya credibilidad disminuye en ese contexto. Porque puede quedar la impresión de que se han precipitado en busca de rentabilidad política, de que los detalles que condicionarán su eficacia no están suficientemente definidos o estudiados, etc. Y hasta pueden provocar la falsa imagen de esa llamada «ilusión financiera», que hace creer que hay recursos para todo y para todos, con un efecto contagio expansivo que genera expectativa, demanda, y acaso frustración, llegando a ser contraproducente para los objetivos políticos buscados.

Sería oportuna, pues, una reflexión sobre los riesgos citados; dejar que el debate entre los candidatos, y con los ciudadanos, sobre los asuntos que están en juego en cada municipio, sobre los proyectos de cada opción, sobre las prioridades y los recursos para acometerlas, fluya con la mayor limpieza y con la mayor autonomía posible. Pero si nos empeñamos en hacer de estas municipales unas primarias para otra cosa, lo conseguiremos; y quizá paguen los platos rotos quienes no debían pagarlos.