Apagones y otras cosas

Estas últimas semanas han dado muestras palpables del estado de la cuestión. Coincidieron sucesivamente acontecimientos diversos, muy distintos por su naturaleza, pero todos ellos con un cierto componente común. Todos tienen una dimensión de interés general, todos exigían una perspectiva de objetividad sensata, pero ninguno la ha merecido; todos han sucumbido de inmediato a la tentación sesgada del relato dispuesto para la confrontación, excluyendo de antemano cualquier posibilidad de coincidencia, aunque fuera mínima. Procederá un breve recuento de los hechos.

Ahí está el caso del apagón de aquel lunes 28 de abril; un suceso graves cuyas causas y consecuencias están aún por determinar. De lo que hasta ahora se sabe, que no es mucho, es posible deducir que tenemos como país algunos problemas serios en relación con nuestro modelo energético. Hemos hecho durante un periodo prolongado un esfuerzo muy considerable para disponer de energías renovables, tanto eólicas como solares, para añadir a la hidráulica, y no está muy claro que la red de transporte y distribución, que traslada la energía desde donde se genera hasta donde se consume, se haya adecuado a esa nueva situación; como también se dice que no tenemos un sistema actualizado de almacenamiento, que permita acumular energía cuando llega a la red una cantidad excesiva; y a todo ello se añade un aspecto muy sensible, como es la permanencia o no, y por cuánto tiempo, de las centrales nucleares, pues las otras fuentes (centrales térmicas, ciclos combinados con uso de carbón, de gas, o de combustibles fósiles etc.) se han ido descartando por sus efectos ambientales.

La cuestión es bien compleja y, sin duda alguna, de interés general. Los expertos que se han ido pronunciando insisten en que tardará tiempo en conocerse, si es que llega a conocerse del todo, el origen exacto del apagón. Hay millones de datos, advierten, que deben ser analizados y contrastados. Seguramente habrá causas próximas, lo que ocurrió ese día y a esa hora; y habrá causas remotas, lo que debió hacerse en inversiones en la red a lo largo del proceso de modernización de las fuentes de energía. Y, de momento, ni siquiera se ha descartado oficialmente un ciberataque malicioso. Más aún, se han creado comisiones de investigación oficiales en distintos ámbitos, para que estudien lo sucedido y propongan soluciones.

Pues esto es lo que me llama la atención: todo pendiente de investigarse y saberse, pero de inmediato se pone en marcha el discurso de las culpas y las responsabilidades, notoriamente impulsado desde el Gobierno hacia los operadores privados de un sector fuertemente regulado, incluida la entidad Red Eléctrica. No se podía esperar; era urgente situar el asunto en el terreno de la polarización: buenos y malos; renovables y nucleares; productores y controladores; incluso ricos y pobres. En un asunto que pide a gritos un pacto de Estado, como lo es la política energética del futuro, todo lo que se nos ocurre es poner las bases para que sea imposible, a base de meterle ideología y tensión.

Qué decir de la insólita decisión de someter la procedencia de la OPA del BBVA a los accionistas del Banco de Sabadell a una consulta pública, alegando que tiene interés público. Y claro que lo tiene, como lo tienen tantas decisiones que corresponde adoptar al Gobierno y no se someten a consulta pública. ¿Valdría la amnistía, o la política de defensa, como ejemplos? La citada OPA pasó todos los filtros de supervisión legalmente establecidos, tanto en el ámbito del mercado de valores, como en el de la concentración económica y la defensa de la competencia; solo queda el Gobierno, con las evidentes servidumbres políticas que condicionan tantas de sus decisiones. Sería razonable pensar que la última palabra corresponde ya a los accionistas del Banco de Sabadell que pueden aceptar o no la oferta del BBVA, una vez que ha superado los estrictos controles legales de las instancias reguladoras, el último, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por unanimidad y poniendo condiciones que el oferente debe aceptar. Pero ha parecido preferible sentar un precedente inédito que podrá exigirse en cada caso que se considere de interés. Hasta ahora las consultas públicas se hacían respecto de algunas normas jurídicas, no de decisiones administrativas o de gobierno; en adelante, complicado será gestionarlo, sea para negarlo, o para repetirlo.

¿Otros asuntos recientes que llaman la atención? Se debate una disposición para compensar los aranceles norteamericanos y, tras negociación, el principal grupo de la oposición no lo apoya alegando que no se atendieron sus peticiones sobre la vida útil de las centrales nucleares; evidente torpeza. Desde el Gobierno se denuncia la incoherencia de condicionar una decisión a otra que no tiene nada que ver; pero no se cae en la cuenta de que muchas votaciones se sacaron adelante con grupos más minoritarios, aceptando exigencias nada relacionadas entre sí (¡ceder competencias en política migratoria para aprobar medidas económicas!). O, en fin, se evita el pronunciamiento parlamentario en materia de gastos de defensa, porque quizá saldría adelante con los votos de la oposición, y no de los aliados, y esa es una foto incómoda, que no ayuda a la polarización.

Este es el escenario buscado por unos y otros, sin que el deterioro político-institucional parezca importar demasiado. Esperemos que cuando empiece a importar no sea tarde.