El abrupto repunte que está experimentando el euríbor, que ha pasado en apenas cuatro meses de marcar su mínimo histórico a situarse en valores positivos que son los más altos registrados en los últimos seis años, se corresponde con las incertidumbres de un momento socioeconómico condicionado por la guerra en Ucrania y con los mensajes del Banco Central Europeo sobre una próxima subida de los tipos de interés a fin de enfriar la calentura inflacionista. El incremento del indicador que define la gran mayoría de las hipotecas constituye un motivo de inevitable inquietud para la ciudadanía que paga un préstamo por su vivienda, en un contexto de apreturas por la escalada de los precios en bienes esenciales.
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Es la paradoja de la medida que va telegrafiando el BCE –el incremento del coste del dinero– para responder a su objetivo fundacional de controlar la inflación: que en tanto no se alcance ese propósito, y con el telón de fondo del consenso de los especialistas sobre que el IPC rondará el 7% todo 2022, los hogares españoles soportarán el embate, por una parte, de la carestía de la energía y de la cesta de la compra y, por otra, de hipotecas más gravosas; es decir, que la iniciativa que se anuncia para contener la inflación redunda, de saque, en un repunte de los costes hipotecarios que puede someter, al menos durante un tiempo, a mayores estrecheces a las familias.
Esta paradoja se traduce en un dilema en el seno del BCE entre quienes creen que la subida de tipos conseguirá el efecto perseguido y quienes temen que ese paso, en un escenario trufado de interrogantes dado que no se vislumbra un pronto final de la invasión rusa, restrinja aun más el consumo y coadyuve, con ello, a la ralentización económica. En todo caso, las distintas modulaciones en los mensajes lanzados, según sea el portavoz, por la institución que preside Cristine Lagarde no están contribuyendo a templar la inestabilidad de este complejo período.
Este jueves se vota en el Congreso el plan anticrisis del Gobierno por el que se viene aplicando, entre otras cosas, el descuento generalizado de 20 céntimos por litro de combustible repostado. La coyuntura presenta tales dificultades que ni el Gobierno debiera obcecarse en su programa de actuación desconsiderando otras alternativas, ni la oposición encastillarse en exigencias fiscales de máximos, ni los socios de Sánchez incurrir en la tentación de pasar aquí la factura por el injustificadamente opaco episodio del espionaje a políticos independentistas.
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