La llegada este año a Canarias de 21.000 inmigrantes irregulares, 6.000 de ellos a la isla de El Hierro, desborda en momentos puntuales los servicios asistenciales pero no está provocando un estallido social por la combinación de la solidaridad local con la aplicación de un plan coordinado con el Gobierno central y el conjunto de las autonomías. La acogida la garantiza una población que conoce la experiencia de abandonar la tierra natal en busca de mejores condiciones de vida, en décadas pasadas a destinos como Venezuela, cuya situación fuerza ahora viajes de regreso a casa. Y la respuesta institucional es imprescindible en la más pequeña de las islas, de 10.000 habitantes, que ha visto arribar a 3.200 extranjeros en los últimos doce días. La distribución en el archipiélago del flujo migratorio, en especial de los menores no acompañados, su traslado a otras comunidades y la dotación presupuestaria de este proceso alivian la presión. Una estructura que el Gobierno canario pide mejorar y agilizar. La respuesta del Ejecutivo central, además de apelar a la responsabilidad compartida del resto de la UE, debe profundizar en la colaboración con los países de origen, sobre todo, para salvar vidas.
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